La aprobación de la reforma al Poder Judicial pone en riesgo los tribunales independientes para resolver conflictos laborales, que se crearon tras la firma de México por el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos (T-MEC), explicó la juez federal Magdalena Victoria Oliva.
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Durante una manifestación en el edificio Prisma del Poder Judicial de la Federación (PJF), la juez federal expresó que la iniciativa representa un peligro al capítulo 23, anexo 23, del T-MEC, donde México se comprometió a crear tribunales independientes para resolver los conflictos laborales.
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También, advirtió que su aprobación produciría una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que costará millones de pesos al gobierno mexicano. Además, expresó que es importante exigir el respeto a la carrera judicial y enfatizó que controlando el Poder Judicial se eliminarán los contrapesos en el país.
"De cesar a 6 mil 600 juzgadores -federales y del fuero común- en el 2025, existirá sin duda una condena por parte de la CIDH, que en diversos precedentes ya se ha pronunciado sobre el tema y resueltos casos similares. Ante ello, en algunos años se emitiría incluso una condena de varios miles de millones de pesos, en virtud de los salarios caídos que el Estado mexicano tendría que pagar, así como el regreso de los juzgadores a sus funciones, con el caos que esto provocaría y el choque inevitable con quienes estén en sus puestos en ese momento", indicó Magdalena Victoria Oliva.
En relación a la propuesta de elegir a los jueces mediante el voto popular, el magistrado del Décimo Tribunal Colegiado Penal, Reynaldo Manuel Reyes, expresó su desacuerdo de ser designados mediante elecciones porque no son representantes de algún sector de la ciudadanía.
REFORMA JUDICIAL A DEBATE - SIGUE LA COBERTURA COMPLETA
Al explicar que mediante la política se busca destruir al Poder Judicial, aclaró que los salarios que perciben son proporcionales a su labor profesional y de especialización.
Sin embargo, para el secretario de Juzgado de Distrito en Amparo, Carlos Lugo Chávez la reforma es inevitable y señaló que deben adaptarse y actuar con responsabilidad, postura que contradijo el magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado Penal, José Rogelio Alanís García, quien manifestó que los juzgadores deben ser un contrapeso y guardianes de la legalidad.
"No es que estemos cerrados a reformas, no es que estemos cerrados a que haya otra forma e incluso otras personas que pudieran cumplir nuestra labor, pero lo que sí estamos convencidos, y por eso creo que estamos todos aquí presentes, es que no puede dejar de haber guardianes efectivos, que no dependan del poder en turno, que no dependan de una sola ideología, porque otro principio que deviene de la igualdad es la pluralidad", dijo José Rogelio Alanís García.
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Con información del periódico Reforma