La propuesta presidencial de reforma judicial que incluye la elección directa de jueces, magistrados y ministros por voto directo enfrenta serios cuestionamientos en cuanto a su viabilidad. En la Ciudad de México, cada ciudadano tendría que estudiar los perfiles de 2,088 candidatos para elegir a 352 titulares de los órganos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). En comparación, en las elecciones del 2 de junio de 2024, cada ciudadano revisó en promedio los perfiles de 24 candidatos para elegir a 6 representantes.
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El número de candidatos para las elecciones judiciales es 87 veces mayor que en la elección de 2024, lo que plantea un desafío logístico considerable. Durante las elecciones del 2 de junio de 2024, cada ciudadano recibió 6 boletas (3 locales y 3 federales). Sin embargo, para las elecciones del Poder Judicial de la Federación (PJF), cada ciudadano en la Ciudad de México recibiría 175 boletas para elegir a jueces, magistrados y ministros.
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Con una Lista Nominal del Electorado de 7,756,317 personas en la Ciudad de México, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendría que imprimir 1,357,355,475 boletas, lo que significaría 131,250 boletas por casilla para 750 electores. Del total de candidatos, 30 competirían por 9 cargos de ministros, 1,332 por 222 cargos de magistrados y 726 por 121 cargos de jueces del PJF.
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El costo de imprimir las actas electorales y documentos auxiliares solo para la Ciudad de México sería de aproximadamente 4.9 mil millones de pesos, una cifra superior al presupuesto mensual de la UNAM. Además, cada ciudadano tardaría 1 hora y 30 minutos en llenar todas las boletas, limitando el uso de cada mampara a solo 6 o 7 votantes por jornada electoral de 10 horas. Para que todos los ciudadanos pudieran votar con la infraestructura actual, la elección duraría más de 20 días.
La propuesta incluye entregar a cada elector 1 boleta para la elección de ministros, 74 boletas para la elección de magistrados (una por cada órgano jurisdiccional) y 100 boletas para la elección de jueces (una por cada órgano jurisdiccional). Estos factores resaltan la inviabilidad de la propuesta de elegir directamente a jueces, magistrados y ministros en la reforma judicial.