Estas fueron las ponencias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durante su participación en los Diálogos Nacionales para la reforma al Poder Judicial, que se celebraron en la Cámara de Diputados:
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Norma Piña, presidenta de la Corte
Buenas tardes, señoras y señoras. Agradezco la invitación a esta sesión inaugural de los Diálogos Nacionales. Este ejercicio representa una oportunidad única para reflexionar y debatir sobre temas de trascendencia nacional que nos involucran a todos los Poderes de la Unión, como lo es la propuesta de Reforma Constitucional al Poder Judicial, no sólo al federal también al local. Desde la Judicatura Federal participaremos y expresaremos nuestras posturas sobre cada uno de los temas que en ella se aborden.
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Nos encontramos en un momento crucial de nuestra historia. Estamos en el umbral de una reforma al Estado mexicano desde sus cimientos. Compartimos con los que están aquí presentes el objetivo de mejorar la justicia en México. Precisamente en este entendido, y asumiendo la responsabilidad que nos corresponde, a inicios del presente año, el Poder Judicial de la Federación convocó a la construcción colaborativa de una Agenda Nacional de Seguridad y la Justicia.
El objetivo más importante de esta agenda ha sido construir una visión de justicia desde la perspectiva de las víctimas y el camino que tienen que recorrer para defender y proteger sus derechos, cualquier reforma judicial debe de responder principalmente a sus necesidades. Es por esto que llevamos más de cuatro meses escuchando a miles personas en todas las regiones del país.
Compartimos las mesas de escucha no sólo con autoridades judiciales, sino también con policías, con fiscales, con defensores públicos, con peritos, con legisladores, con estudiantes, profesores; miembros de la sociedad civil como defensores de derechos humanos, madres buscadoras, víctimas, miembros de grupos en situación de vulnerabilidad.
Generamos y recopilamos información tanto cualitativa como cuantitativa sobre los problemas prioritarios del país en estos temas, tenemos propuestas concretas para mejorar el sistema de seguridad y justicia en nuestro país. Esta Agenda propositiva estará a disposición de ustedes y de toda la sociedad.
De este ejercicio de escucha desprendimos algo muy claro: la justicia no es solo una cuestión de leyes y tribunales. La justicia es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno.
Resulta esencial decirlo con toda claridad: la justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial. Lo resalto con la mayor vehemencia, con el mayor énfasis: pensar en una reforma al Poder Judicial implica, como mínimo, reflexionar sobre el papel que desempeña como piedra angular para mantener la paz y la cohesión, al resolver de manera imparcial e independiente los conflictos que surgen en una sociedad democrática.
REFORMA JUDICIAL A DEBATE - SIGUE LA COBERTURA COMPLETA
Seamos críticos de la justicia en México. La realidad no nos permite otra actitud. Pero apliquemos la crítica en la que se encuentre en el centro de esta las necesidades de las víctimas y de las y los usuarios del sistema de justicia en general. Critiquemos partiendo de la verdad, de los datos ciertos, de las cifras correctas valoradas en su contexto. Critiquemos con honestidad. Critiquemos con responsabilidad de Estado.
Estamos convencidos de que escuchar es la práctica clave para proponer un cambio, estamos abiertos a entablar un diálogo real, un diálogo responsable, pero para dialogar se requiere voluntad de reflexión.
Resolvamos nuestras diferencias en el ancho camino del entendimiento, diluyendo así la idea de una decisión tomada.
Señoras y señores legisladores, el paso veloz ante modificaciones estructurales solo puede dar entrada a problemas mayores. En las últimas décadas esta soberanía ha impulsado reformas en diversas materias como la penal, la civil, los mecanismos alternativos, la laboral y la judicial. Cada uno de estos cambios ha requerido amplitud temporal y gradualidad. Ustedes así lo han determinado. Por ello, en la Reforma Judicial que hoy nos convoca no debe pesar más la celeridad que la idoneidad.
Las víctimas y quienes acuden al sistema de justicia merecen personas juzgadoras honestas, con vocación de servicio, empáticas y capacitadas. Estoy convencida de que, en nuestras distintas visiones de cómo mejorar la justicia en México, encontraremos más coincidencias que divergencias. Dialoguemos y construyamos sobre aquello que no admite división: los derechos y las libertades de las y los mexicanos.
Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
Buenas tardes a todos y todas los legisladores, compañeros, expositores y público en general presente en este Honorable Congreso de la Unión.
Agradezco y reconozco el esfuerzo de todas las bancadas de esta Legislatura que han convocado a este Parlamento Abierto Nacional para analizar y discutir la Reforma al Poder Judicial presentada por el Presidente de la República.
También agradezco de manera especial la invitación del diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de esta Comisión de Puntos Constitucionales, para expresar mi postura en este foro denominado Qué Poder Judicial tenemos y qué Poder Judicial queremos.
Hemos sido convocados para discutir los méritos de una reforma constitucional que pretende reformar a los 33 poderes judiciales del país, tanto el Federal como los locales.
En estos breves minutos me enfocaré en la Independencia judicial y su importancia en la economía nacional.
La Independencia judicial es fundamental para lograr una cancha pareja en los tribunales, garantizando que las personas sean escuchadas en igualdad de condiciones, independientemente de su poder político o económico. La independencia judicial es la venda que le tapa los ojos a la justicia.
¿Es valiosa la independencia judicial para el desarrollo de una economía nacional? Sin duda lo es, cualquier reforma al Poder Judicial debe partir de esa premisa: una reforma mal hecha afectará la economía nacional, mientras que una exitosa potencializará el crecimiento económico.
Es necesario hacer visibles las posibles distorsiones de una reforma de esta envergadura para discutir posibles remedios.
Asumiendo que el poder reformador de la Constitución decide instaurar un modelo de elección popular de juez y magistrados, es importante considerar el impacto económico de un mal diseño. Esto podría generar un costo para quienes usan el sistema de justicia, ya que no participar activamente en las elecciones de jueces y magistrados podría resultar en jueces y magistrados contrarios a sus intereses, convirtiendo la justicia en una subasta de jueces y magistrados.
La incertidumbre y la necesidad de navegar un sistema judicial sesgado podría aumentar los costos para las nuevas empresas. Si el constituyente optara por el modelo de elección directa de jueces, deben reforzarse otras garantías de independencia judicial para que el modelo de elección no genere barreras de entrada para los usuarios.
Las barreras de entrada pueden exacerbar la desigualdad, beneficiando a los que ya tienen poder y recursos, mientras que los pequeños emprendedores encontrarán dificultades para prosperar.
La percepción de que el sistema judicial no es imparcial puede erosionar la confianza pública, afectando negativamente la inversión y el desarrollo económico a largo plazo, los inversionistas buscan mercados donde la ley sea aplicada de manera equitativa y predecible.
Personalmente considero que, y esto es sugerencia, que lo mejor sería una reforma al sistema meritocrático de carrera judicial que ya tenemos.
El sistema meritocrático bien implementado es superior porque los jueces seleccionados por mérito tienden a tomar decisiones más consistentes y previsibles para ascender en la carrera judicial.
Si la decisión del constituyente es cambiar el modelo a uno de elección popular, la eventual reforma constitucional, a mi juicio, debe de incluir los siguientes remedios a problemas ya presentes y que podrían agravarse con la eventual reforma.
Primero, profesionalización de la función judicial. Se debe mantener la profesionalización de la función mediante capacitación permanente con una Escuela Judicial Autónoma. Esto garantiza que la función judicial siga siendo técnica y jurídica.
Segundo, garantía de estabilidad en el cargo. La función judicial es una vocación de vida, se deben revisar y fortalecer las garantías de estabilidad en la función, incluyendo permanencia, ratificación, adscripción y disciplina de sus integrantes. La estabilidad evita intromisiones y permite que la función judicial sea previsible.
Además, sólo se debería sancionar a los jueces bajo criterios de disciplina objetivos y técnicos, lo cual hace usar criterios subjetivos o arbitrarios, mata la Independencia judicial.
Remuneración justa y un plan de retiro digno, una remuneración y un plan de retiro digno garantiza el diseño óptimo para atraer y retener el talento jurídico más calificado, lo cual asegura estabilidad y continuidad del sistema judicial.
Profesionalización de los litigantes y fortalecimiento de las defensorías públicas. Se debe asegurar que los litigantes privados y públicos sean profesionales de estatura ética y profesionalismo, mediante exámenes de conocimientos y sanciones por faltas a la administración de justicia aplicadas por el órgano de administración del Poder Judicial.
En conjunto deben fortalecerse las defensorías públicas para los más necesitados.
Revisión de los poderes judiciales locales, replicar las garantías de independencia a nivel local y establecer un porcentaje presupuestal fijo en las constituciones locales destinado a los poderes judiciales locales. Esta propuesta también debería ser considerada para el Poder Judicial Federal.
Y por último, fortalecimiento del arbitraje. Dado que existe riesgo de que la reforma genere costos y barreras de entrada al mercado, se debe plantear una alternativa a los tribunales. La alternativa es el arbitraje.
Cualquier reforma que pretenda fomentar el crecimiento económico con inversión extranjera a largo plazo debe incluir garantizar la ejecutabilidad de los laudos arbitrales así como la eliminación de las reglas que obstaculizan el fácil acceso al arbitraje.
Es cuanto.
Ministro Javier Laynez Potisek
Muchas gracias, muchísimas gracias por este ejercicio de transparencia, de apertura y de colaboración entre Poderes, de verdad se aprecia.
Coincido que efectivamente, el Poder Judicial de la Federación como cualquier gran institución de dimensiones enormes y de enorme complejidad, somos más de 50 mil servidores públicos, enfrente fallas, carencias y problemas que debemos de resolverlas y atenderlas.
Hace casi 30 años, México apostó por la implementación y desarrollo de la carrera judicial que puso en el centro a juezas, jueces, magistradas y magistrados para que éstos ocuparan su cargo, exclusivamente, con base en la preparación profesional, el esfuerzo y la evaluación de su desempeño, es decir, el mérito.
Discúlpeme, y lo digo con todo respeto, pero me rehusó a creer que 30 años después este sistema sólo haya traído como resultado corrupción, ineficiencias, impunidad o tráfico de influencias.
Sigo convencido que la mayoría de las personas juzgadoras, así como los demás integrantes de la carrera judicial, incluye actuarios, oficiales, secretarios, son mexicanas y mexicanos mayoritariamente honestos, competentes, que están ahí por méritos y dan su mejor esfuerzo para impartir justicia. Esto lo he aprendido visitando durante los nueve años que tengo como ministro cada uno de los Circuitos.
La jueza de Chihuahua que otorgó el amparo para reconocer el derecho a la verdad de una menor de edad desaparecida; los jueces en Tijuana que trabajan sin horarios ni descanso para atender los juicios de amparo promovidos ahora por los migrantes, que se duplicaron este año; el juez de Oaxaca que protegió la parcela escolar del ejido como un bien fundamental; la jueza de Tlaxcala que reconoció el acoso laboral de la trabajadora.
Ninguno de ellos son corruptos, ninguno de ellos está alejado de la sociedad, como no lo está también el ejército, ahora, de jueces capacitados especializados en el nuevo sistema oral y de justicia laboral que, votado por esta soberanía y, por cierto, que se está convirtiendo en un modelo en América Latina.
Estamos hablando de 1,647 personas juzgadoras que cesarán en su cargo y su posible reingreso y, posteriormente, su prórroga o ascenso, estará sujeto a sus aptitudes para comprometer, para hacer campaña y buscar el voto, aún y cuando previamente se pretenda certificar sus aptitudes técnicas.
Insisto, claro que hay problemas y deficiencias muy importantes que no pueden soslayarse y menciono una y reconozco: la incapacidad que hemos tenido en el Poder Judicial para comunicarnos con la sociedad, para transmitirles qué hacemos, quiénes somos y cómo lo hacemos. Pero, por favor, no tomen esto como un acto de soberbia o de arrogancia, es que fuimos educados e instruidos en la idea de que el juez es una persona que hace su trabajo, de manera prudente, de manera discreta, en la soledad de su despacho y que sólo habla por sus sentencias.
Bueno, ya nos dimos cuenta que esto, hoy en día, no es tan real y que no hemos sabido acercarnos a las jóvenes, a los jóvenes, pero retomo, considero que la elección, pues mi punto de vista personal, por votación popular, no es la solución a los problemas que aquejan al Poder Judicial Federal, y permítanme ponerlo sobre la mesa como tema de discusión, yo temo que esta propuesta pueda agravar drásticamente esos problemas.
Por supuesto que, quienes resuelven los asuntos jurisdiccionales se deben al pueblo; sin embargo, el compromiso con la ciudadanía implica que el juez actuará con total imparcialidad y en estricto apego, únicamente, a la ley.
El método de elección popular, por propia definición y naturaleza, busca generar un compromiso con el elector, eso lo saben ustedes mejor que nadie; ésa es la esencia.
El cargo de juzgador no puede sustentarse en los apoyos directos o indirectos que recabe durante la campaña para lograr ganar la elección, porque de manera inevitable comprometerá la independencia y resolución y estará más propicio a la corrupción de conflicto de intereses.
¿Cuál es el aliciente para un juez de prepararse, especializarse para buscar su ratificación y la permanencia en el cargo, si conoce de antemano que su reelección y ascenso depende de la contienda electoral?
Permítanme hacer una comparación con la carrera magisterial. No se eligen a las maestras y a los maestros, éstos ingresan mediante un sistema de carrera que busca, además, la capacitación y profesionalización constante, garantizando la permanencia en el sistema como una opción de vida.
Ya no menciono a los demás puestos del sistema de carrera judicial, más de 30,000 oficiales, actuarios, secretarios, que son los que proyectan las sentencias, quienes perderán todo incentivo para prepararse, concursar para llegar a ser juez y, en un futuro, magistrados. Ahora habrá que salir a buscar los apoyos para ganar una elección, insisto, aunque se ratifica antes o se confirme la experiencia que pudieran tener.
Señoras y señores legisladores:
Entiendo que tendremos oportunidad en los foros, que son foros temáticos, de analizar la experiencia en otros países, entiendo la que la minoría han optado en casos muy específicos por el sistema de elección. Los discutiremos de manera puntual.
Pero yo les pido y estoy seguro que lo harán, así ha sido esta invitación amplia, que escuchen a las juezas, a los jueces, a las magistradas y a los magistrados, porque serán ellos quienes les van a aportar los mayores elementos de cómo llegaron al Poder Judicial, cómo accedieron a su cargo, cómo realiza su labor cotidiana, por qué el rezago, sí, que tanto daño hace. ¿Cuál es la carga de trabajo? ¿Cómo son las evaluaciones?
Yo estoy seguro que, tendremos mucho que aportar en esos puntos, yo por lo pronto no tengo sino darle las gracias.
Ministro Alberto Pérez Dayán
Agradezco a esta soberanía la oportunidad de expresar, en líneas generales, algunas reflexiones en torno a la iniciativa constitucional en materia de justicia presentada por el Ejecutivo Federal.
Coincido con el eje fundamental que la motiva: las instituciones del Estado, en conjunto, no han alcanzado, hasta ahora, el nivel de satisfacción y certidumbre que demanda la sociedad, precisamente por eso estamos aquí.
Toda reforma constitucional, por su trascendencia, impone un estudio profundo; la mayor serenidad en su planteamiento, esfuerzo y talento de sus promotores. Debe siempre dar el tiempo necesario, la prisa no es un buen consejero; su diseño y probada eficacia son absolutamente imprescindibles, no es aceptable ni recomendable, obviamente, tomar riesgo alguno.
Los arrebatos, como la nacionalización de septiembre de 1982, que desencadenó y culminó con el Fobaproa de 1996, resultaron dolorosos y socialmente muy costosos.
Bajo esa premisa, el constituyente federal de ese mismo año fijó las bases de la representación nacional, haciéndola coincidir, en la medida más precisa posible, con los resultados de una elección tantos diputados como votos recibidos.
Los límites impuestos a la sobrerrepresentación no son casuales, guardan una lógica indiscutible con sus propósitos, significan, en las propias palabras de su autor, el respeto absoluto a la pluralidad democrática y al reconocimiento de todas las expresiones de la voluntad popular.
Con esos precisos perímetros numéricos, 300 para ser exacto, se aseguró que ninguna fuerza política por sí misma pueda reformar el texto constitucional; es decir, que siempre debe hacerlo con la concurrencia de la oposición complementaria, que le dé la legitimación y fuerza que requiere toda norma fundamental.
Con ello presente, señoras y señores legisladores, destaco de entre muchos, tres temas principales, primero, prohibir la suspensión de normas generales en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que muy excepcionalmente otorga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, significa admitir también la posible violación a derechos humanos de modo irreversible si esas normas resultan inconstitucionales. Recuerden lo ya sucedido, nada ni nadie lo repara.
Segundo, suprimir efectos generales a determinadas sentencias de amparo implica desarticular la doctrina del interés legítimo que caracteriza hoy al instrumento jurídico más avanzado de nuestra tradición jurídica. De aprobarse así la iniciativa, nada impedirá que se ejecute una norma que afecta severamente, por ejemplo, el medio ambiente, o exponga la colectividad a un daño injusto, pues sólo habrá de proteger a quien tuvo recursos para defenderse de ella, no más.
Con esa óptica, el caso de las trabajadoras del hogar, iniciado con una sentencia y concretado en la ley en este recinto sería impensable siquiera.
Tercero, la carrera judicial implica un servicio civil de excelencia. La militancia y el sufragio la desvirtúan y la destruyen, no lo digo yo, ya se ha dicho aquí, y mucho.
Concluyo, la división de poderes y el sistema de frenos y balances de las funciones públicas caracterizan y dan fuerza a los regímenes democráticos modernos. México no debe ser la excepción, no debemos dejar pasar la inmejorable oportunidad que representa para esta nación esta valiosa iniciativa. Sumemos ahora sí la experiencia legislativa, la experiencia judicial e impulsemos la voluntad del Ejecutivo de modo que los 3 Poderes, unidos como garantes, refrenden el compromiso del Gobierno con su pueblo, eso es lo que persigue una mejor justicia.
Ceñido a los 5 minutos que están por concluir, les agradezco la oportunidad.
Ministro Luis María Aguilar
Muchas gracias, buenas noches a todos, gracias a las diputadas y diputados que hicieron el favor de invitarnos a participar en este importante momento de una posible reforma a la Constitución, y desde luego, a todos los que participan en esta gran mesa de análisis.
En realidad, creo, yo, que estamos en esta primera etapa en la inauguración de estos foros, los cuales entiendo que se verán ya con detalle en las mesas de trabajo, según los temas específicos.
Yo coincido con muchas de las opiniones que se han expresado aquí, con propuestas que se han señalado, con participaciones de muchos de los evaluadores y analistas que han participado en esta ocasión. De tal manera que no quiero repetir cuestiones tan importantes, como las que, por ejemplo, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena señaló como requisitos en la vida de los jueces o los juzgadores que, además, son parte de los principios de independencia de la Judicatura que se expidieron desde 1985 en Naciones Unidas y, de las cuales, México aprobó en la Asamblea General.
Muchos de estos principios, como la inamovilidad, las condiciones salariales, los nombramientos adecuados, son estos principios a los que México debería estar comprometido para poderlo seguir adelante, ya que fue partícipe de la aprobación de estos principios.
Yo creo, desde luego, en la carrera judicial me es inevitable tener que creer en ella porque, actualmente tengo 75 años de edad prácticamente, y 55 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación. Empecé como mecanógrafo en un tribunal y he ido ascendiendo, gracias a la carrera judicial, hasta llegar al honroso cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
Creo en la carrera judicial, creo que es una institución que ha servido y se ha ido perfeccionando durante todos estos años he visto cómo ha evolucionado y he visto cómo se ha perfeccionado y cómo, a partir de exámenes, de preparación de requisitos específicos para la elección de los juzgadores, se ha buscado, siempre, el mejoramiento para los juzgadores de nuestro país.
Y no es la independencia judicial que se logra con la carrera judicial un privilegio de los juzgadores, es un derecho del pueblo de México tener jueces independientes que cumplan cabalmente con su tarea y con la independencia necesaria, no es una cuestión accidental, es una cuestión sustancial que los jueces sean independientes para servir al pueblo de México.
El derecho a ser independiente no es de los jueces, es del pueblo de México que recibe el servicio de ellos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo órgano jurisdiccional en materia de justicia constitucional. Pero yo quiero insistir en algo que, como que se diluye un poco, ya el magistrado Guerra ha señalado algo de los tribunales de los estados, de los que les llamamos los tribunales locales, pero aquí se habla de una reforma al Poder Judicial, como si sólo hubiera un solo bloque en el país de Poder Judicial.
En realidad, tenemos dos grandes bloques de justicia en el país y que están impartidos por dos grandes instituciones: el Poder Judicial de la Federación es de lo que más hemos hablado aquí y que creo que es uno de los que ha tenido mayor evolución y perfeccionamiento en todos sus niveles, como ahora lo dijo la consejera Lilia Mónica, en vigilancia, en disciplina, en sanciones, pero también en capacitación, la Escuela Judicial, el antiguo Instituto de la Judicatura Federal.
Todo esto ha perfeccionado la justicia federal, pero no descuidemos a la justicia de los estados; la justicia de los estados también requiere un sistema, mucho más estricto, de selección de los juzgadores, que no sean los gobernadores de cada estado los que impongan a los magistrados de los tribunales superiores de justicia, que haya una verdadera carrera judicial porque, insisto para mí, la carrera judicial es la que garantiza la independencia de los juzgadores.
Y hablo desde mi punto de vista, perdón, que lo diga, pero yo empecé como mecanógrafo, como les decía, vengo de una familia, digamos, humilde; mi abuela era una indígena maya de un pueblo de Yucatán, Ticul; mi abuelo materno era un conductor de tranvías, aquí en la Ciudad de México. Nunca hemos sido gente rica, ni mucho menos influyentes, desde el punto de vista como lo conocemos en nuestro país.
Yo he ido avanzando gracias a la carrera judicial, a mi trabajo y a la disposición para ir haciendo de la justicia algo que me convence, que es parte, ahora, de mi propia vida personal y estoy convencido de que mi trabajo debe servir al pueblo de México todos los días, con independencia, con honestidad y con trabajo constante.
Muchos de nosotros, lo hemos dicho en otros foros, que pertenecemos a la carrera judicial, a veces sacrificamos el tiempo de nuestra familia, estamos muy empeñados en cumplir con nuestro deber a cualquier hora que se necesite y, yo creo que esto es algo que debemos reconocer, no debemos destruir lo que se ha avanzado durante tantos años.
Aprovechemos la carrera judicial, perfeccionémosla en efecto. La elección de jueces y magistrados, y en especial de ministros, ni siquiera es una novedad. En el Constituyente del 17, ya se había hecho la propuesta de elegir a los ministros de la Suprema Corte, mediante elección popular. Lo hizo el diputado Truchuelo que, después, por cierto, fue ministro de la Corte y propuso que se eligieran uno por cada estado de la República, un Ministro para que hubiera, al menos, 28 ministros en la Suprema Corte.
Personas tan inteligentes y cultas como eran los diputados Hilario Medina y Manuel Lizardi dieron razones muy amplias, que están ahí en el Diario de los Debates, para hacer señalar las inconveniencias de hacer una elección de esa naturaleza.
No niego que todo institución humana puede mejorarse, puede, desde luego, perfeccionarse, irle agregando cada vez más cosas, pero siempre en la mejoría y en el bienestar de nuestro pueblo, que es, a quien, está dirigida la justicia y a quienes deben garantizarse la Independencia de los jueces.
Yo creo que, si tenemos en cuenta esto, aprovechemos la carrera judicial, si se puede combinar, de manera eficiente con la elección popular, pues que se haga, yo no me opongo. Mi única condición y, lo he dicho mi única condición, es que los jueces y los juzgadores sean independientes. Si se elige un sistema determinado, magnífico, qué bueno, a lo mejor se avanza, pero mientras no se pierda la independencia quiere decir que vamos por buen camino.
Yo creo que limitar mucho a las facultades de la Suprema Corte, cuyo artículo primero constitucional ya le compromete a buscar la mejor interpretación en favor de los derechos humanos, yo creo que es una labor fundamental de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que va estableciendo criterios, en general, en todo el país.
¿Por qué hay unos criterios en unas materias más que en otros? Porque los tribunales recibimos las demandas, las demandas de los justiciables, los ministros, los jueces no eligen los temas que han de conocer, los elige la propia ciudadanía al presentar los propios ciudadanos
En fin, yo creo que podemos perfeccionar siempre las instituciones y yo creo en la carrera judicial y que no se pierda la independencia de los jueces.
Muchas gracias.
Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá
Muchísimas gracias.
Agradezco la convocatoria de este órgano legislativo para expresar una postura sobre la iniciativa de reforma, a título estrictamente personal, como fue solicitado.
Consciente que he llegado al pináculo de mi carrera, entenderán ustedes que no es una ambición personal el motivo de mi actuar, pero sí la firme convicción de que la unidad nacional se alimenta de la diversidad de opiniones.
Hay un reclamo innegable de justicia, un reclamo de justicia que no encuentra remedio en el modelo actual y la ciudadanía acudió a las urnas para no votar esta reforma en específico, pero sí para apoyar un modelo nacional que exija la justicia como un valor primordial. Por ello, es latente la necesidad de las reformas a los poderes judiciales.
Considero que, de aprobarse en sus términos la reforma, no ofrece solución integral de los problemas que aquejan a la justicia de nuestro país, a nivel federal y, muchísimo menos, a nivel local.
En contrapartida, la iniciativa sí pone en riesgo el acceso a una justicia independiente e imparcial para millones de personas, para millones de mexicanos. No obstante, ya no es momento para negacionismos ni para críticas generales, sino para contribuir, para dialogar con los objetivos y con los retos identificados en la iniciativa.
Se pretende modernizar a todos los poderes judiciales del país, dotarlos de legitimidad democrática, de transparencia y de responsabilidad pública, ésos son objetivos loables y son apremiantes.
La pregunta que debiéramos formular es ¿cómo diseñar una reforma que permita alcanzarlos? Para dar respuesta, me pronunciaré sobre dos puntos medulares: la votación popular y la separación de la Corte y el Consejo.
Por el tiempo conferido, me centraré exclusivamente en el régimen aplicable a magistrados y a jueces federales, porque considero que deben recibir un trato diferenciado y, mucho más diferente y protector, que el que tienen las ministras y los ministros.
Las personas juzgadoras son la cristalización de la carrera judicial y de la expertise que, a lo largo de los años y con esfuerzo, se ha construido en México con mucho trabajo y mucho esfuerzo.
Mucho se ha dicho sobre la elección popular de personas juzgadoras, pero pongámonos de acuerdo, lo que realmente se propone en la iniciativa es que sean elegidas por la ciudadanía. Sin embargo, la convocatoria no es abierta, pues las candidatas serán postuladas por los tres Poderes de la Unión.
Aquí veo dos problemas centrales que podrían solucionarse conservando e, incluso, reforzando el sentido del voto popular: el primero, es que se deja de lado la carrera judicial, se deja de lado el mérito, se deja de lado la experiencia, estamos politizando los nombramientos, la ciudadanía va a elegir en las urnas, pero los candidatos van a pasar por un filtro político.
El segundo problema, la ciudadanía vota usualmente por propuestas, pero no evalúa resultados. Por eso debemos de preguntarnos: ¿qué papel queremos que cumpla en la función judicial el voto popular? ¿Queremos una campaña judicial que venda promesas a futuro o preferimos otra que nos permita definitivamente evaluar el desempeño pretérito?
Si se ha de mantener el voto popular, considero que éste debería de fungir como un medio para evaluar el desempeño y decidir definitivamente sobre la permanencia de las personas juzgadoras, pero no para reemplazar los concursos de la carrera judicial que permiten acceder al cargo, mediante el mérito, mediante la honradez y el profesionalismo de sus aspirantes.
En otro aspecto, la creación de órganos administrativos y disciplinarios independientes puede fortalecer la rendición de cuentas.
Ahora bien, para que el Tribunal de Disciplina pueda tener una incidencia real, sin menoscabar la Independencia de las personas juzgadoras, es necesario acotar sus facultades, pero robustecer el aparato disciplinario de la Escuela de Formación Judicial.
Señores legisladores:
Salgamos de la lógica punitivista, pues un tribunal disciplinario integrado por cinco magistrados no podrá revisar eficientemente la labor cotidiana de más de 1,600 personas. Juzgadoras; cerremos las puertas, sí, a la corrupción, desde la formación de los integrantes de la carrera judicial.
Estas propuestas parten, tanto de los objetivos como de los medios elegidos por la iniciativa; busquemos entablar un diálogo, un diálogo constructivo, un diálogo abierto, un diálogo desinteresado, pero un diálogo realista en donde el punto de llegada sea la mejora y el perfeccionamiento de los poderes judiciales que demandan y esperan los mexicanos.
Muchas gracias.
Ministra Lenia Batres
Distinguidos Diputados, Diputadas, Senadores, Senadoras, Ministras y Ministros, integrantes del Poder Judicial de la Federación.
Hoy las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México. El Poder Judicial es independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos.
No es una apreciación subjetiva. De cerca de 258,000 tesis aisladas y de jurisprudencia vigentes:
• Sólo 195 se refieren al derecho a la salud
• 70 al derecho a la educación
• 30 al derecho a la vivienda
• y apenas 13 al derecho al agua
En contraste, se han emitido:
• 12,845 tesis sobre impuestos y proporcionalidad tributaria
• 1,387 sobre el derecho de propiedad privada, y
• 891 sobre libre mercado, que incluso llega a considerar “derecho humano”
¿Es este el Poder Judicial que necesita el pueblo mexicano? Yo creo que no. Cualquier reforma que se apruebe tiene que servir para que cumpla su única misión: garantizar justicia. Hasta hoy ha fracasado en esa labor.
La reforma que se propone plantea tres temas:
• Elección de personas juzgadoras
• Sustitución del Consejo de la Judicatura por un Tribunal de Disciplina y un Órgano de Administración.
• Acatamiento del límite de remuneraciones previsto en el artículo 127 constitucional.
La reforma propuesta democratiza al Poder Judicial, lo abre al escrutinio público obligando a sus titulares a responder al interés general; crea el mecanismo de control que le ha faltado, para garantizar rendición de cuentas, administración fiscalizable y sanciones a las personas juzgadoras.
La reforma garantiza que de una vez por todas se cumpla con el límite a las remuneraciones de las personas servidoras públicas, impuesto hace 14 años, cuyo abuso sigue generando indignación a nuestro pueblo.
A esta reforma histórica, quisiera contribuir con una propuesta complementaria que entrego a esta soberanía.
Propongo limitar a los órganos del Poder Judicial para que respeten claramente la Constitución, empezando por la Suprema Corte.
• Limitar sus interpretaciones y resoluciones, absteniéndose de revivir normas que el Congreso de la Unión ha abrogado y derogado, y de emitir estándares, lineamientos o parámetros dirigidos a regular la función ejecutiva o legislativa.
• Limitar la invalidación de leyes para que proceda sólo cuando se actualice algún contenido realmente inconstitucional.
• Eliminar la invasión judicial en nombramientos de funcionarios de la administración pública y de magistrados de tribunales administrativos o agrarios.
• Transparentar la actuación de los órganos jurisdiccionales abriendo las sesiones de la Suprema Corte, publicando los proyectos de sentencia e incorporando la realización de audiencias públicas en las que puedan manifestarse actores que no sean parte en los juicios.
• Suprimir la manipulación de tiempos de resolución y la asignación arbitraria de casos a ministros y ministras en la Suprema Corte.
De acuerdo con nuestra Constitución, no existe la supremacía judicial sino la supremacía constitucional y el equilibrio de poderes.
Si bien el Poder Judicial debe abstenerse de invadir facultades de otros poderes, creo razonable que expanda sus propias facultades.
Esta reforma es una oportunidad para revisar los mecanismos de cumplimiento de ejecutorias de juicios constitucionales, para sustituir la desproporcionada destitución y consignación penal de personas servidoras públicas como únicas medidas garantes de las sentencias.
Propongo que se revise también quién tiene la última palabra en la interpretación constitucional. Creo que debe ser compartida por los poderes de la Unión, para eliminar la indebida supremacía judicial que existe de facto.
Por otro lado, debemos generar mecanismos y criterios que faciliten la defensa de derechos sociales en las instancias jurisdiccionales.
Si alguna atribución de la Corte debe ser amplia, eficaz y contundente es la que se circunscribe a su propia naturaleza de instancia revisora. Propongo a esta soberanía que otorgue a la Suprema Corte la facultad de plenitud de jurisdicción. Es decir, que el principio de cosa juzgada tenga como excepción las resoluciones emitidas en contravención con las leyes y normas constitucionales, lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denominado cosa juzgada fraudulenta.
Permanentemente llegan casos a la Corte en los que se defrauda la justicia, la defensa, el procedimiento, la instancia, y quedan en absoluta impunidad. Las principales víctimas de esta ausencia de garantías jurisdiccionales son las personas más humildes. Si difícilmente pueden acceder a una defensa, es más constante que encuentren abusos que justicia en las o los abogados y jueces mexicanos.
Para nuestra población, la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, clasista, corrupta, parcial... En una palabra, es injusta.
La sociedad mexicana demanda que las personas juzgadoras respondan a los intereses públicos y sociales; sean confiables; rindan cuentas y actúen con transparencia, honradez, racionalidad y decencia en el uso del gasto público, con sensibilidad y conciencia social, con solidaridad hacia el que sufre, con humildad y vocación de servicio.
Las y los impartidores de justicia no somos dueños del Poder Judicial. Su único propietario es el pueblo mexicano, que tiene en todo momento el inalienable derecho de modificarlo, como parte de su forma de gobierno.