PRESUPUESTO 2025

¿Cuánto ganarán los ministros de la Corte en 2025? Se reducen casi la mitad del salario

El presupuesto total solicitado para el próximo año es de 5,922.9 millones de pesos, una cifra que representa una baja del 1.4% en términos reales con respecto al presupuesto autorizado en 2024

Créditos: Cuartoscuro
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El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el proyecto de presupuesto para 2025, que incluye un recorte sustancial en los salarios de las ministras y ministros y una disminución del presupuesto general de la institución. Este ajuste salarial, que reduce las percepciones de los ministros en un 48%, responde a la política de austeridad republicana impulsada en el gobierno federal y al artículo 127 de la Constitución, que establece que ningún servidor público debe ganar más que la presidenta de la República.

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El presupuesto total solicitado para 2025 es de 5,922.9 millones de pesos, una cifra que representa una baja del 1.4% en términos reales con respecto al presupuesto autorizado en 2024, y una reducción del 23.7% comparado con lo autorizado hace siete años, en 2018. Este monto, según el proyecto de la SCJN, es el mínimo necesario para cumplir con sus responsabilidades jurisdiccionales y administrativas.

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Drástica reducción salarial

Con la aprobación del presupuesto, el sueldo de los ministros pasará de 297,403 pesos mensuales (5.5 millones de pesos anuales en 2024) a 190,973 pesos mensuales (2.8 millones de pesos anuales en 2025), una reducción de casi la mitad. Esta medida, aprobada con una votación de 10 a 1, se ajusta a lo dispuesto en el artículo Séptimo transitorio del decreto de reforma al Poder Judicial, y responde a las nuevas políticas de austeridad que la SCJN ha implementado desde 2023.

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La SCJN ha implementado una serie de medidas de contención y racionalización del gasto desde hace varios años. A pesar de los recortes presupuestarios, la Corte ha logrado mantener e incluso ampliar sus servicios a la ciudadanía, optimizando el uso de recursos y aumentando la eficiencia. Según el informe, en los últimos cinco años la SCJN ha ejercido, en promedio, el 99% del presupuesto que le ha autorizado la Cámara de Diputados, cumpliendo con sus obligaciones y respondiendo a una creciente demanda de justicia en el país.

Para el próximo año, el 80% del presupuesto solicitado por la SCJN estará destinado a servicios personales, que incluyen sueldos y prestaciones para sus trabajadores. De las 3,805 plazas vigentes en la SCJN, dos terceras partes corresponden a personal que participa directamente en labores jurisdiccionales y de apoyo a la función judicial.

Proceso de aprobación y ajustes futuros

La SCJN enviará el proyecto al Ejecutivo Federal para que sea incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2025. Cabe señalar que la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hacen su presupuesto por separado; sin embargo, los montos son unificados para presentarse al Congreso.

El presupuesto aprobado considera las necesidades operativas de la SCJN con base en la configuración actual del Poder Judicial, pero está sujeto a modificaciones en caso de que el Congreso apruebe cambios en la legislación secundaria que puedan impactar el gasto.

Contexto y desafíos

El presupuesto 2024 ya había sido marcado por una disminución histórica, con un recorte de 321.9 millones de pesos (5.3% de lo solicitado) aprobado por la Cámara de Diputados, el mayor en al menos una década. Aun así, la SCJN asegura que ha seguido atendiendo sus obligaciones con eficiencia y que el nuevo ajuste se logró mediante un riguroso ejercicio de planeación para identificar los recursos indispensables.

Con la reducción salarial y la contención del gasto, la SCJN busca dar un ejemplo de austeridad y eficiencia, en sintonía con la política de racionalización de recursos públicos. Para 2025, el Poder Judicial enfrenta el reto de operar con un presupuesto ajustado mientras mantiene su labor esencial en el sistema de justicia, al tiempo que reafirma su compromiso de trabajar con apego a los principios de transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos.