Luego de darse a conocer el fraude cometido en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), a través del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural, en la contratación de servicios médicos y quirúrgicos que se pagaron a personas fallecidas y representó una fuga de 63 millones de pesos en 2021, la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso al instituto un “testigo social” para vigilar la nueva compra de ese servicio.
La Silla Rota ha documentado, desde marzo pasado, cuando se presentó la Cuenta Pública 2021 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado defraudó, en más de una ocasión, a la Hacienda Pública con millones de pesos por el pago de servicios médicos y quirúrgicos a personas beneficiarias del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural que ya habían fallecido.
En seguimiento a esta observación de la ASF, La Silla Rota solicitó –a través de la Plataforma Nacional de Transparencia– los resultados de dicha investigación. El reportaje, publicado el 22 de agosto de 2023, detalla la respuesta de todas las dependencias involucradas en el seguimiento a este caso de posible corrupción.
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Por una parte, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado respondió a La Silla Rota que no tenía información sobre las observaciones hechas por la Auditoría Superior en la Cuenta Pública 2021; la SFP admitió tener en cuenta dicha investigación y dijo contar con información, pero no dio detalles.
Por su parte, la ASF amplió los datos de la auditoría presentada en marzo ante la Cámara de Diputados, pero especificó que nuevos datos sobre la investigación han quedado reservados por un periodo de 5 años, pues dar a conocer esos detalles podría entorpecer el proceso de revisión.
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Y le imponen un testigo al INDEP
A través del oficio UACP/DPFCP/004/2023, fechado el 4 de enero de este año –antes de la presentación de la Cuenta Pública 2021 por parte de la ASF–, la Secretaría de la Función Pública ordenó al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado contratar a un “testigo social” que vigilara la compra del Servicio Médico Integral y de Hospitalización para los Fideicomisarios y sus Derechohabientes del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural.
Dicho testigo social fue elegido por la propia SFP, se trata del Instituto Mexicano de Auditoría Técnica A.C., a quien el INDEP pagó 650,450 pesos, a través de una adjudicación directa.
El Instituto Mexicano de Auditoría Técnica A.C. se comprometió con 6 acciones concretas en el proceso de licitación y adquisición de los servicios médicos y quirúrgicos:
- Proponer al Fondo de Pensiones mejoras para fortalecer la transparencia, imparcialidad y disposiciones legales en materia de adquisiciones.
- Dar seguimiento a la implantación de las acciones que recomiende, derivadas de su participación en la contratación de los servicios médicos.
- Participar en las etapas del proceso de contratación.
- Conducirse de forma objetiva, independiente, imparcial, honesta y ética.
- Proponer, de acuerdo con su experiencia, los aspectos que mejoren el trato igualitario, de calidad, precio, así como acciones que promuevan la eficiencia y eficacia de las contrataciones.
- Atender y responder de forma oportuna cualquier requerimiento en el proceso, ya le sea formulado por la SFP o por el Órgano Interno de Control del INDEP.
Finalmente, el Instituto Mexicano de Auditoría Técnica A.C. se comprometió a entregar un testimonio final tanto al INDEP como a la SFP, donde diera cuenta de lo observado en dicha contratación.
El contrato entre el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y el Instituto Mexicano de Auditoría Técnica A.C. se firmó para el periodo de entre enero y abril de 2023, mientras se llevaba a cabo el proceso de licitación.
El costo total aprobado fue de 650,450 pesos, pues el testigo social cobró 3,942 pesos la hora de participación en el proceso, de acuerdo con el oficio de acreditación INDEP-ADNP-0008-2023 publicado en la plataforma Compranet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).