La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) pagó servicios médicos a personas que ya habían fallecido o que no acreditaron los requisitos para recibir dicho beneficio. Este fue el resultado de las auditorías realizadas en el tercer paquete de la revisión de la Cuenta Pública 2021.
Se trata de irregularidades por poco más de mil 63 millones de pesos en la partida de servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que están dentro del Fideicomiso del Fondo de Pensiones del sistema de Banrural. Cabe recordar que Banrural se encuentra desde 2010 en etapa de disolución y liquidación; y en esta administración el Indep es el responsable de la liquidación su Fondo.
Las auditorías realizadas fueron en el rubro de servicios médicos, quirúrgicos, farmacéutico y hospitalarios en cinco regiones: Torreón, Mazatlán, Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México y Tepic. En general, la Auditoría encontró pago por servicios médicos a derechohabientes que ya habían fallecido o que no acreditaron la presentación de este servicio.
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Si bien Indep presentó información adicional para las aclaraciones correspondientes, la ASF realizó 5 recomendaciones, 2 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 3 pliegos de observaciones. Además, solicitó la intervención del Órgano Interno de Control y autoridades recaudatorias.
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Difuntos que recibieron atención médica
La Auditoría señaló que el Indep también pagó 197.1 mil pesos por la atención médica de tres derechohabientes, pero no se acreditó la prestación de servicios.
A otros tres se les pagó 77.9 mil pesos por concepto de atención médica; pero una revisión de las fechas con el Registro Nacional de Población arrojó que ya habían fallecido en las fechas en que supuestamente recibieron dicho servicio.
También pagó servicios médicos por 2,5 millones de pesos “a 173 beneficiarios identificados como fallecidos en la base del Registro Nacional de Población, que originaron pagos mensuales improcedentes”.
Siete empleados del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural no contaron con funciones autorizadas; no obstante, se realizaron pagos por poco más de 2 millones de pesos por prestación de sus servicios.
“Se hicieron pagos por 17,9 mil pesos de servicios e insumos (conceptos no cotizados ni incorporados al tabulador de precios), que se proporcionaron a los derechohabientes, cuyos precios fueron determinados por los prestadores de servicios, sin que el FOPESIBAN acreditara cómo los analizó, revisó y autorizó”, señaló la ASF.
“También se formalizaron 10 contratos por prestación de servicios que no aplicarían, pero en la práctica los convenios para permitir este servicio no se actualizaron”.
Falta de planeación y programación
A esta conclusión llegó también tras revisar una licitación pública nacional que emitió el Indep. En otra auditoría encontró que las reglas de operación de fideicomisos, que se encuentran dentro del manual de organización del instituto, están desactualizadas.
E incluso detectó que las personas responsables de revisar ese fideicomiso y sus objetivos no fueron designadas por lo que no se supervisó la aplicación de los recursos.
“El procedimiento de adjudicación directa por los servicios médicos de enero a marzo de 2021, se realizó sin autorización de recursos presupuestales”.
Y precisó que se determinaron 4,9 millones de pesos pendientes por aclarar.
Apenas en enero el Indep publicó en el Diario Oficial de la Federación la licitación para el “Servicio médico integral y de hospitalización para los fideicomisarios y sus derechohabientes del fondo de pensiones del sistema BANRURAL”.
Los antecedentes
La Silla Rota ha dado seguimiento al desarrollo del Indep que antes fue el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda.
Cambió de nombre en enero de 2020 con la 4T; su primer titular, Ricardo Rodríguez, se autodefinió como “Chucho el roto” después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el dinero obtenido por las llamadas “subastas con sentido social” serían para los pobres.
En otro reportaje publicado se detectó irregularidades en los contratos relacionados para dar seguridad a sus inmuebles.
Después Rodríguez fue relevado por Jaime Cárdenas quien después presentó su renuncia.