La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reservó por 5 años la información que resulte de la investigación hecha al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) sobre el pago de servicios médicos a trabajadores fallecidos del organismo creado en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. El fraude a la Hacienda Pública se cometió un promedio de 500 veces, según nuevos datos de la auditoría.
La Silla Rota documentó, en la entrega de la Cuenta Pública 2021, que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, a través del Fondo de Pensiones del Sistema de Banrural, pagó servicios médicos a pacientes que no cumplieron con los requisitos necesarios para recibir el apoyo o que ya habían fallecido. Esto causó un daño al erario de casi 5 millones de pesos.
De acuerdo con información obtenida por La Silla Rota, a través de solicitudes de transparencia, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado dijo carecer de nueva información sobre el tema. Por un lado, asegura –tanto el INDEP como la división del Fideicomiso– que no le compete y tampoco precisa si presentó a la ASF información complementaria del tema.
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“El sujeto obligado Fideicomiso de Pensiones del Sistema Banrural no cuenta con la información requerida. (...) Al Fideicomiso corresponde el pago de pensiones de los jubilados del Sistema Banrural y no así llevar a cargo un control de la información y acciones en posesión del INDEP”.
El Instituto agregó que no tiene la obligación de contar con dicha información porque se limita solo al Fondo de Pensiones.
En contraste, en una solicitud de información hecha a la Secretaría de la Función Pública (SFP), la dependencia respondió que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado sí le entregó la información solicitada vía transparencia, con soporte documental, en un conjunto de discos. Sin embargo, no la adjuntó en la respuesta que proporcionó a este medio.
Por su parte, la Auditoría Superior entregó vía transparencia la ampliación de esta auditoría, que arroja mayor información sobre las irregularidades del Fondo y el INDEP. Pero destacó que su Comité de Transparencia reservó por un periodo de 5 años la nueva información que genere por esta investigación, ya que está en seguimiento.
“De ser divulgada podría causar un serio perjuicio a las actividades de valoración verificación y análisis del cumplimiento de las leyes”, detalló en la respuesta a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Esto significa que, durante esos 5 años, no será posible dar seguimiento al tema, tampoco saber si habrá o no denuncias penales o administrativas contra funcionarios públicos relacionados en este caso de posible corrupción.
Contratos modificados y sin seguimiento interno
Los datos que amplió la ASF a este medio incluyen que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado incumplió con la supervisión de los trabajos del Fondo, en el rubro de pagos en atención médica. Además, se señaló al Instituto por no supervisar que sus propios funcionarios observen dichos movimientos, por lo que, en ese caso, “se actuó de manera unilateral”.
Respecto al tema de la atención médica, la Auditoría Superior encontró que se contrataron servicios quirúrgicos bajo irregularidades administrativas (contratos no actualizados o firmados y con modificaciones posteriores). El órgano observador consideró que esto refleja “falta de planeación en dicha licitación, así como desaseo en el impacto del costo de los servicios”.
Además, la ASF aseguró que no pudo acceder a algunos de los contratos que se firmaron para la atención médica porque el Comité de Transparencia del INDEP los reservó como clasificados.
Un fraude… cometido 500 veces
La auditoría ampliada confirmó que el Fondo autorizó servicios médicos a 173 fallecidos y detalló que esto no ocurrió una sola vez, sino 528 veces más, lo que generó pagos mensuales improcedentes por 2,573,700 pesos. Al respecto, el Fideicomiso justificó que lo anterior pudo suceder “porque sus beneficiarios no tienen un plazo de tiempo para que las familias reporten defunciones”.
En diversos reportajes La Silla Rota documentó cómo beneficiarios del Fondo han reportado irregularidades en los servicios médicos que reciben.
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Al respecto, la ASF documentó que el Fondo subestima las quejas presentadas por los beneficiarios, ya que 272 no fueron registradas, a pesar de que algunos casos cuentan con actas notariadas de las quejas interpuestas.
Esto fortaleció la conclusión de la auditoría, cuando señaló que el Fondo no cuenta con mecanismos de control internos y suficientes respecto a la atención de sus derechohabientes.