La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer que 116 números telefónicos fueron clave para ubicar a sicarios implicados en el caso de los 43 estudiantes de la escuela Normal Ayotzinapa desaparecidos en 2014, el cual fue calificado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un “crimen de estado”.
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En un comunicado emitido el 11 de agosto, la dependencia explicó que se clasificó y dio seguimiento a por lo menos 87 millones de registros telefónicos activos durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
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Con esto, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el “Caso Ayotzinapa”, logró identificar 84 mil registros claves, que a su vez permitieron geolocalizar 116 números activos entre los grupos de sicarios que participaron en la desaparición de los estudiantes de la normal hace casi 9 años.
“En este intercambio de información se observa con claridad cómo se fue tejiendo la red de complicidad y operación entre el grupo delictivo Guerreros Unidos y las distintas autoridades para perseguir, violentar, detener y desaparecer a los 43 estudiantes”, detalló la Segob.
La Secretaría de Gobernación también reconoció la comunicación y participación de las policías municipales de Cocula, Iguala, Tepecoacuilco y Huitzuco, en el estado de Guerrero, oeste de México, con el grupo denominado “Los Bélicos”, que formaban parte de la policía local de Iguala, en la misma entidad.
La Segob dio a conocer que con este seguimiento a las grabaciones telefónicas se concluyó que los estudiantes desaparecidos fueron separados en seis grupos al salir de una terminal de buses en Iguala, estado de Guerrero.
GIEI desmiente “verdad histórica” del caso Ayotzinapa
La llamada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa en la que se establece que los 43 estudiantes fueron entregados al grupo criminal “Guerreros Unidos” y quemados en un basurero de la localidad de Cocula, fue desmentida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al afirmar que el caso había sido “un crimen de Estado”.
Luego de sus investigaciones, el grupo determinó que la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos fue “un crimen de Estado” en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles, incluidos miembros de las Fuerzas Armadas, razón por la cual, estas mostraron falta de cooperación para entregar información sobre su participación en el caso, lo que lamentó la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU-DH).
“El Gobierno de México refrenda que el compromiso es analizar todos los elementos que desde la comisión se han trabajado para esclarecer con pruebas y registros lo sucedido la noche de la desaparición de los normalistas”, concluyó
VGB