El decreto promulgado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado mes de mayo, para declarar información relevante sobre el Tren Maya y el Corredor Interoceánico como información de seguridad nacional, fue validado este miércoles 5 de julio de 2023 por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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El decreto por el que el presidente blindó la información de sus obras insignia fue impugnado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) , un día después de su promulgación al considerar que se encuentra en los mismos términos del acuerdo previamente impugnado e invalidado por la SCJN en noviembre de 2021.
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Dicho acuerdo, promulgado en 2021, buscaba mantener como seguridad nacional la información del Tren Maya y el Corredor Interoceánico, para lo cual, preveía la reserva anticipada y generalizada de los datos de los megaproyectos del gobierno, lo cual, fue considerado por los ministros de la SCJN como violatorio del derecho de acceso a la información, y por lo tanto invalidado.
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Sin embargo, el decreto promulgado el 18 de mayo de este 2023 por el presidente en este mismo sentido, fue validado al considerar que “no existe evidencia de que con la declaratoria impugnada, el Consejo de Seguridad Nacional o alguna otra dependencia en lo individual hubiese catalogado información como de interés público y seguridad nacional, y que esto se haya hecho sin cumplir con el procedimiento previsto en la legislación de la materia”.
Con esto, la Primera Sala de la SCJN da por resuelto el recurso de queja presentado por el INAI contra el decreto publicado el 18 mayo de 2023 en el Diario Oficial de la Federación para mantener como de seguridad nacional la información del Tren Maya y el Corredor Interoceánico, el cual fue publicado horas después de la invalidación del decreto de 2021.
En cuanto a las similitudes entre el decreto de 2021 y el de 2023, la SCJN determinó que la controversia constitucional presentada por el INAI contra el decreto de 2021, y que terminó a su favor, “estuvo orientada a proteger las competencias y facultades del INAI, a quien compete conocer todos los asuntos relacionados con el acceso a la información pública de cualquier sujeto obligado”.
Por lo que aclaró que “la medida cautelar concedida se dirigió a evitar que la información fuese indebidamente catalogada como reservada y no así, a prohibir que las autoridades pudieran definir alguna obra como de seguridad nacional”.
VGB