El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votó en favor de invalidar la primera parte del Plan B electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este lunes se votó la invalidez del decreto que incluye la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ambas publicadas con reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2022.
La discusión y votación de esta primera parte del llamado Plan B se dio a través de un proyecto elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien propuso declarar la invalidez del decreto.
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La acción de inconstitucionalidad fue promovida por las bancadas del PAN, PRI, PRD y MC en el Congreso.
Los posicionamientos en contra del Plan B
Fueron 9 de los 11 ministros quienes se pronunciaron en favor de invalidar el Plan B de la reforma electoral. Te dejamos aquí sus argumentos:
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La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, los legisladores fallaron en su deber de salvaguardar la expresión de las minorías. "No basta con una mayoría para aprobar, estamos normados por leyes y procesos en los que se deben voz a las minorías", dijo.
Añadió que "no hubo tiempo para la deliberación, pues la justificación de 'urgente' no contó con tiempo suficiente para su estudio".
La ministra Margarita Ríos Farjat destacó que, dentro de las irregularidades acusadas por la oposición, es cierto que cuando un dictamen se turna a Comisiones Unidas, estas deben analizarlo en comisiones unidas, no en sesiones por separado.
También destacó que "la Suprema Corte está para servir a la sociedad haciendo cumplir la Constitución".
"En mi opinión, sus integrantes procuramos hacerlo, dentro del marco que la propia Constitución nos impone, conforme a nuestro leal saber y entender, y con alto espíritu de servicio. Me parece que ahí radica no solo el equilibrio de los poderes de la Unión, sino también nuestra serenidad frente a infundios y rumores"
"Como sucede con cualquier árbitro, nuestras decisiones gustarán a algunos y disgustara´n a otros, celebro que eso sea posible porque da cuenta del fortalecido pluralismo de nuestra nación", dijo.
El ministro Arturo Zaldívar también admitió que hubo violaciones al proceso legislativo por el que se aprobó el Plan B.
"La iniciativa fue presentada el mismo día de la votación, no hay conocimiento de que se haya circulado para su discusión. Me parece que se privó a los diputados y diputadas de participar en un debate de igualdad".
Juan Luis González Alcántara sentenció que "tener la mayoría de votos en el Congreso no le da derecho a las fuerzas políticas a aplastar a las minorías en el Poder Legislativo".
El ministro Luis María Aguilar señaló que "un sistema verdaderamente democrático debe procurar y cuidar la pluralidad de ideas", dando oportunidad a las minorías, cosa que Morena no hizo en la votación de las reformas al Plan B.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo aclaró que no coincide con la mayoría de las consideraciones del proyecto, pero consideró que "se faltó al principio de derecho a la deliberación democrática", pues no pasaron 4 horas entre la presentación de la iniciativa y su aprobación.
Por su parte, el ministro Javier Laynez Potisek aseguró que la Junta de Coordinación Política es un órgano político del Poder legislativo y no jurídico, por lo que "sus acuerdos no pueden llevar a que diputados sin conocimiento del dictamen procedan a aprobar algo que desconocen".
Dos se posicionaron en favor del Plan B
Las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel se posicionaron en contra del proyecto que invalida el Plan B electoral, argumentando que no se violó el procedimiento legislativo para su aprobación.
La primera en defender el Plan B fue la ministra Yasmín Esquivel, quien aseguró que el Congreso está facultado para autorregularse y el Poder Judicial debe respetar esos acuerdos.
"No se puede desconocer los acuerdos de los legisladores, no podemos invadir las decisiones de los legisladores. No existía obligación de informar sobre el dictamen".
Aunque reconoció que hubo violaciones al procedimiento legislativo, la ministra Loretta Ortiz, aseguró que éstas "no tienen potencial invalidante".
Desecharon la solicitud de Presidencia
La discusión se llevó a cabo luego de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República consideró que si la Suprema Corte de Justicia "invalida el proceso legislativo con el que se aprobaron las reformas" y "estaría sustituyendo al Congreso de la Unión”.
“Al tratarse de un poder derivado, sin legitimación popular, la SCJN no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión".
"De hacerlo, violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos”, expresó la Consejería a través de un comunicado.
Al iniciar el análisis de la primera parte del Plan B de la reforma electoral, la Suprema Corte informó que el gobierno federal presentó un recurso de recusación, con el que buscaba que se declarara un impedimento para que el ministro Alberto Pérez Dayán presentara el proyecto en el que declara la invalidez de las reformas.
El ministro dijo que no tiene impedimento por supuesta imparcialidad, argumentada por la Consejería Jurídica de la Presidencia de República. En votación unánime, los ministros desecharon la recusación del Ejecutivo Federal, aclararon que el ministro no tiene ningún impedimento para presentar el proyecto y que se lleve a cabo el análisis y votación.
Al aprobarse las facultades del ministro Alberto Pérez Dayán, comenzó a presentar la introducción del proyecto para su estudio.
Punto por punto: ¿Qué se discutió?
La Corte discutió, punto por punto, la acción de inconstitucionalidad promovida por los partidos de oposición en contra de las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas. Hasta el momento se han discutido y votado las siguientes irregularidades:
1. Parlamento abierto
Los ministros de la Corte declararon infundado, es decir, sin argumentos suficientes, el reclamo de la oposición sobre que no se llevó a cabo un parlamento abierto para discutir las reformas, es decir, "no se proporcionaron herramientas para que los ciudadanos tuvieran la posibilidad de opinar sobre los cambios en la Ley General de Comunicación Social que se aprobó en la primera parte del Plan B".
2. Consulta previa a pueblos y comunidades indígenas
La oposición argumentó que con la aprobación del Plan B se vulneraron los derechos de las comunidades indígenas, pues según ellos el Poder Legislativo estaba obligado a llevar a cabo la consulta sobre las reformas.
Los ministros de la Corte consideraron que el Congreso no estaba obligado a realizar dicha consulta de forma preferencial, en comparación con toda la población.
3. Violación al procedimiento legislativo
Sobre este tema, los legisladores acusaron que no conocieron los documentos de las reformas para realizar un análisis y poder estudiarla o discutirla, en tiempo y forma. Además, señalaron otras irregularidades como la falta de quórum en comisiones y que sesionaron de manera separada.
Alberto Pérez Dayán argumentó, para declarar la invalidez total del Plan B, que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados debió circular el dictamen con 24 horas de anticipación, pero se hizo con 22 horas de anticipación.
"Al no darse las condiciones mínimas en cada cámara para su discusión, se privó a representantes de forma participaría e igualitaria para su discusión. Se estiman fundados los conceptos de defensa para declarar la invalidez".