La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) presentó oficialmente una solicitud a la titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que, en aras de la "seguridad jurídica", el máximo tribunal resuelva primero acerca de la constitucionalidad del decreto que promulgó la Ley General de Comunicación Social el 11 de mayo de 2018, antes de analizar la validez de la reforma a dicha ley, aprobada en diciembre de 2022.
Por medio de un comunicado, la Consejería solicitó a la presidenta de la SCJN Lucía Piña Hernández que en orden de prelación y por seguridad jurídica, proceda a resolver primero sobre la constitucionalidad del decreto que expidió la LGSC el 11 de mayo de 2018, y luego se analice la validez de la reforma a dicha norma, aprobada en diciembre de 2022.
Es relevante mencionar que la promulgación de la Ley General de Comunicación Social fue respaldada antes del comienzo del proceso electoral federal 2017-2018 por las mayorías parlamentarias del PRI (Partido Revolucionario Institucional) y el PAN (Partido Acción Nacional). Dicha aprobación fue cuestionada por la entonces minoría en la Cámara de Senadores, la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) y el partido Movimiento Ciudadano, quienes argumentaron que existieron irregularidades en el proceso legislativo y que algunas disposiciones de la ley no se ajustan a la Constitución federal.
Te podría interesar
Al tramitar las acciones de inconstitucionalidad 52/2018, 53/2018 y 55/2018, la SCJN sostuvo que la LGCS impugnada no tenía carácter electoral y no otorgó la suspensión solicitada al considerar que se trataba de una norma general y abstracta. Esto contrasta con la decisión tomada en las acciones de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, referentes al decreto que reforma las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022.
Te podría interesar
A pesar de que han pasado casi cinco años desde su impugnación en 2018, la SCJN aún no ha emitido una sentencia definitiva. La petición de la CJEF busca prevenir la generación de fallos contradictorios que transgredan los principios de certeza y seguridad jurídica en detrimento del pueblo mexicano. Por ello, se hace un llamado respetuoso a la SCJN para que resuelva los asuntos pendientes de manera imparcial y sin distinciones políticas, en aras del bienestar de la República y el equilibrio entre los poderes del Estado.
Contexto
Previo y posterior a la presentación de una controversia constitucional por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 2 de febrero ante la Suprema Corte, en relación al primer paquete de reformas electorales aprobadas por el Congreso de la Unión, gobiernos estatales y municipales han acudido al máximo tribunal del país para manifestar su inconformidad con el llamado "plan b" del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los gobiernos locales han presentado demandas de controversia constitucional contra el decreto que reforma la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado el 27 de diciembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación. El 26 de enero, el alcalde de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, fue el primero en presentar un recurso de controversia constitucional ante la Corte, argumentando que las reformas invaden esferas de competencia y violan preceptos constitucionales. Según el municipio, la reforma afecta la autonomía y libertad hacendaria, así como el derecho a la libertad de información de los habitantes de Chihuahua.
Constitucionalistas consultados coinciden en que solo mediante controversias constitucionales ante la Corte, estados y municipios pueden garantizar el uso de recursos públicos destinados a informar a la ciudadanía sobre sus acciones. En noviembre, López Obrador envió al Congreso la iniciativa que reforma disposiciones de ambas leyes en materia electoral.
Esta reforma, parte del "plan b" de la reforma electoral, modifica criterios de propaganda gubernamental, restringiendo la capacidad de alcaldes y gobernadores para informar sobre obras públicas y acciones sociales. También afectaría a medios de comunicación al modificar el concepto de publicidad oficial e impedir la reclasificación del gasto público en comunicación social.
El 3 de febrero, el gobierno de Coahuila presentó una demanda de controversia constitucional contra el Congreso y la Presidencia por las reformas del "plan b" que modifican la Ley General de Comunicación Social y afectan la soberanía de las entidades. El gobierno estatal argumentó violación de soberanía al invadir facultades constitucionales en la aprobación del presupuesto y su ejercicio. También busca proteger los derechos ciudadanos de acceso a la información.
Otros municipios como Torreón, Saltillo, Solidaridad y Durango se han sumado a las acciones legales en contra de la reforma aprobada en diciembre de 2022. La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) anunció la presentación de controversias constitucionales contra el "plan b" de López Obrador, por considerarlo una invasión a la esfera municipal, un ataque al municipalismo y a su libertad hacendaria, y por violar el Artículo 115 constitucional.
DJC