La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este lunes 8 de mayo, como quedó agendado el pasado jueves, el proyecto de resolución del ministro, Alberto Pérez Dayán, que invalida la primera parte del llamado Plan B de reformas electorales.
El pasado 3 de mayo, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) presentó una solicitud a la titular de la SCJN para que, en aras de la "seguridad jurídica", el máximo tribunal resuelva primero acerca de la constitucionalidad del decreto que promulgó la Ley General de Comunicación Social el 11 de mayo de 2018, antes de analizar la validez de la reforma a dicha ley, aprobada en diciembre de 2022.
Sin embargo, las y los ministros que integran el Pleno de la Corte determinaron por unanimidad que no es factible atender la solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de aplazar la discusión del Plan B para resolver antes las impugnaciones a la Ley General de Comunicación Social del 2018.
Te podría interesar
Argumentaron que, la SCJN tiene la obligación establecida en su ley reglamentaria, de resolverlo antes de que inicie el periodo electoral. En sesión privada, la ministra del Máximo Tribunal, Norma Lucía Piña, sometió a consulta la solicitud de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República de no resolver las acciones de inconstitucionalidad interpuestas este año contra el Plan B.
Proyecto del ministro Pérez Dayán
La reforma electoral del 2023, se trata de modificaciones legales promovidas por el gobierno de la cuarta transformación, que no incorporan las demandas de la oposición; modificaciobnes aprobadas exclusivamente por Morena y partidos aliados.
El ministro Alberto Pérez Dayán, señala que el llamado Plan B presenta varias irregularidades y violaciones a la Constitución, entre ellas la reformas la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que no son “superables”.
Planteó la invalidez de las reformas referidas, “por violación directa a los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal, porque la iniciativa no se conoció a tiempo, ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de Origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular”.
Por Plan B, Presidencia arremete contra la SCJN
A unas horas de que ministros de la SCJN discutan la invalidación o no del llamado Plan B de reformas electorales, la Consejería Jurídica les pidió actuar "con responsabilidad y privilegien la solución del verdadero conflicto constitucional de las normas impugnadas por encima de las formalidades de trámite a las que hace referencia el proyecto de sentencia".
"Debe prevalecer el fondo sobre la forma, así lo prescribe el artículo 17 constitucional, criterio que fue utilizado por la SCJN al resolver el recurso de reclamación 66/2021, relacionado con la Ley de Hidrocarburos".
Señala que, al tratarse de un poder derivado, sin legitimación popular, la SCJN no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión. De hacerlo, violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos.
A través de un comunicado emitido este domingo señaló que, al negar la petición realizada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) para resolver, en primer término, las demandas presentadas desde 2018 en contra de la Ley General de Comunicación Social (LGCS), la Corte demuestra que existen dos parámetros, uno para revisar las leyes del régimen neoliberal y otro distinto para las normas que legítimamente expide la soberanía popular en busca de la trasformación que exige el pueblo de México (se resolvería en tres meses), a pesar de que se trata de la misma norma impugnada.