Javier Laynez, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un nuevo revés al Plan B de la Reforma Electoral propuesta por el presidente de la república mexicana Andrés Manuel López Obrador al admitir a trámite cinco impugnaciones más en contra de la segunda parte del denominado Plan B.
Vale la pena resaltar que con este impugnaciones, ya aceptadas por otro de los ministros de la SCJN ya son ocho impugnaciones en total en contra del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de marzo de 2023
Dichas impugnaciones se tratan de acciones de inconstitucionalidad promovidas por diputados y senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI).
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A su vez tanto el Instituto Nacional Electoral (INE), Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ya habían presentado diferentes trámites de controversia constitucional en Materia Electoral, haciendo así público su rechazo por el Plan B de la Reforma Electoral propuesta por AMLO.
Es importante mencionar que el ministro Javier Laynez también determinó negar la suspensión solicitada por estos cinco promoventes, (partidos políticos antes mencionados) pues ya había sido concedida la medida cautelar al INE y con esa bastaba.
“Infórmeseles que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, toda vez que (…) mediante acuerdo de 24 de marzo de 2023 dictado en el incidente de suspensión de la controversia constitucional, el ministro instructor decretó ya la suspensión de los efectos del decreto”, detalla la resolución del ministro.
El próximo lunes se discutirá la primera parte del Plan B, informa la SCJN
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que el próximo lunes 8 de mayo iniciará la discusión del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, en el que se propone invalidar el decreto de reformas que contempla la primera parte del Plan B electoral.
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Esta semana la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) solicitó a la Corte aplazar la discusión y primero analizar y votar las acciones de inconstitucionalidad pendientes sobre la Ley General de Comunicación Social (LGCS) de 2018.
Al analizar la petición, el pleno determinó que la discusión de la primera parte del Plan B es un tema prioritario para los procesos electorales, por lo que es primordial analizarlo y resolverlo para evitar repercusiones.
AJA