El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) de infiltrar, sin autorización del gobierno de México, al Cártel de Sinaloa. La infiltración del gobierno de Estados Unidos en México, para conocer las operaciones del cártel de Sinaloa, se asemeja a la que realizó Enrique “kiki” Camarena para descubrir la red de corrupción del extinto cártel de Guadalajara.
Cuestionado sobre el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos, sobre los cargos contra líderes del Cártel de Sinaloa, entre ellos cuatro hijos de Joaquín "el Chapo" Guzmán, por tráfico de fentanilo y otras drogas que causan daños a la salud.
El mandatario de México aseguró que la DEA inició la investigación en México sin informar al Gobierno sobre las acciones realizadas por el cártel que producen daños a la salud de ciudadanos, principalmente de Estados Unidos.
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“Sí, seguramente. Ese es el problema”, expresó en su rueda de prensa diaria.
El viernes pasado el gobierno de Estados Unidos acusó al Cártel de Sinaloa, con bases en México, de liderar, ciudad costera de México para el consumo de fentanilo, una droga que causa problemas a la salud.
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"La mayor y más prolífica operación de tráfico de fentanilo del mundo".
El presidente de México, Andrés López Obrador, reiteró que en México no se produce esta droga.
“Esa es su visión de ellos, la respetamos. Nosotros hemos sostenido, primero, que en México no se produce el fentanilo, que se importa de Asia y que llega a México, que llega a Estados Unidos y llega a Canadá, de Asia”, comentó.
Sin embargo, afirmó que México va a cooperar con las autoridades de Estados Unidos “por amistad, por cooperación”, aunque volvió a criticar que en aquel país no se atiendan las causas porque “va a desaparecer el fentanilo, pero pueden surgir otras drogas”.
El presidente de México mencionó, que en el combate contra el narcotráfico: “no hay nada más que estar viendo lo que sucede en Sinaloa o en México, sino también lo que pasa allá (en Estados Unidos), los cárteles que están allá”.
Asimismo, dijo que van a continuar cooperando con el Gobierno de Estados Unidos, pero reiteró que lo primero que debe garantizar es la seguridad pública de México.
“Para decirlo más claro: nosotros lo que queremos es que en México nadie pierda la vida, que nadie sea secuestrado, que no haya extorsiones, que no haya robos, que no haya feminicidios, eso es lo primero, esa es nuestra responsabilidad fundamental y, en el segundo plano, ayudar, cooperar con el Gobierno de Estados Unidos”, dijo.
Señaló que es importante enfrentar el problema del consumo de drogas en Estados Unidos, especialmente en lo que se refiere al consumo de fentanilo que está causando la pérdida de vidas de muchos estadounidenses, pero aclaró que esto será solo un tema de cooperación.
“Cooperación sí, sometimiento no. Porque México es un país libre, independiente y soberano, afortunadamente eso ya lo están entendiendo cada vez más en el Gobierno de Estados Unidos, de manera especial el presidente (Joe) Biden, que ha actuado con mucho respeto”, afirmó.
El pasado viernes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos en tres distritos federales contra los hijos de Guzmán, también conocidos como “Chapitos”.
Los acusó de usar presuntamente aviones de carga, aeronaves privadas, submarinos y otras embarcaciones, autobuses o vagones de ferrocarril para transportar drogas y precursores químicos.
El antecedente
Una de las más grandes infiltraciones que ha llevado el gobierno de Estados Unidos en México para conocer las operaciones que realizan cárteles de México en ambas naciones, fue la comandada por en Enrique “kiki”, Camarena, agente de la DEA, asesinado por el cártel de Guadalajara.
El agente de la DEA de Estados Unidos que investigó el tráfico de drogas del cártel de Guadalajara para conocer las operaciones de los cárteles de criminales en México, lo llevó a ser asesinado en febrero de 1985.
Días antes de que el “Kiki” Camarena fuera secuestrado por el Cártel de Guadalajara, los gobiernos de Estados Unidos y de México tuvieron conocimiento de la amenaza de la organización criminal contra integrantes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, la advertencia no fue tomada en cuenta por Ignacio Morales Lechuga, ex titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR); José Antonio Zorrilla Pérez, entonces director de la Dirección Federal de Seguridad (DFS); así como por su superior, Manuel Bartlett Díaz, entonces secretario de Gobernación; tampoco por Francis Mullen, entonces director de la DEA.
El cártel había perdido millones de dólares por los operativos que realizaron ambos países para decomisar plantíos y cargamentos, principalmente de marihuana, uno de ellos en el rancho "El Búfalo", ubicado entre los municipios de Jiménez y Camargo, al sur del estado de Chihuahua, en ese entonces, gobernado por Oscar Ornelas Küchle.
La organización criminal comenzó a pedir informes a la Dirección Federal de Seguridad de quiénes eran los culpables. El principal responsable era Enrique Camarena Salazar, ciudadano de Estados Unidos, una persona identificada como agente de la DEA. El cártel de Guadalajara, de México, dio la orden de seguir a ciudadanos norteamericanos para evitar más pérdidas y obtener información.
La psicosis generada al interior de la organización originó que el 31 de enero de 1985, al interior del restaurante The Crazy Lobster (La Langosta Loca), fueran asesinados con un picahielos John Clay Walker y lbert Radelat, dos ciudadanos norteamericanos que fueron confundidos con agentes de la DEA, según relata el documento de extradición de Caro Quintero consultado por La Silla Rota.
Hasta el momento, el caso, sigue en el limbo. Los familiares de “kiki” siguen sin recibir indemnización. Miguel Ángel Félix Gallardo; Rafael Caro Quintero; y Ernesto Fonseca Carrillo, han solicitado amparos para no pagar los gastos por privar de la vida a “Kiki”. Los capos argumentan que los montos ordenados por el juez no corresponden a los salarios cuando se cometieron los crímenes.
El litigio se encuentra en un Tribunal Colegiado, quien determinara sin los tres capos deben pagar los montos que piden los familiares de “kiki”, los cuales ascienden a 20 millones de pesos.