Desde los recursos y movilizaciones sociales en contra del avance del plan b de la Reforma Electoral, las precampañas en Coahuila y el Estado de México y hasta una reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), son parte de los riesgos que ve para el gobierno la Dirección de Atención Ciudadana y Concertación Política de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En su Agenda Nacional de Riesgos para febrero de 2023, la Segob prevé al menos 22 temas que podrían representar un riesgo para el gobierno de la 4T, entre los que se encuentran el 17 aniversario de la tragedia en la mina de Pasta de Conchos y la elección de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh).
La Agenda Nacional de Riesgos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, es un documento de inteligencia “y un instrumento prospectivo que identifica riesgos y amenazas a la seguridad nacional, la probabilidad de su ocurrencia y las vulnerabilidades del Estado frente a fenómenos diversos”.
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El documento es privado y de uso exclusivo del gobierno federal para advertir aquellos eventos que pueden ser riesgosos para su estabilidad. La Silla Rota pudo tener acceso a la edición de febrero de 2023 que preparó la dependencia que encabeza Adán Augusto López.
La agenda legislativa
Parte de la agenda legislativa y sus posibles repercusiones en manifestaciones públicas, así como en la opinión pública, son consideradas de riesgo para el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
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Específicamente, el gobierno se refiere a la agenda que tiene que ver con las reformas hechas a las tareas del Instituto Nacional Electoral (INE), que está en la cancha del Senado de la República; y de la elección de cuatro consejeros nacionales del organismo, que definirá la Cámara de Diputados.
En el documento se especifica el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones en la 65 Legislatura, este miércoles 1 de febrero. Con ese hecho se inicia el proceso para la elección de cuatro integrantes del Consejo General del INE y el avance de dos reformas a leyes secundarias en materia electoral.
Dentro de los riesgos que puede representar el avance de las reformas electorales conocidas como el “plan b” de López Obrador, la Segob enlista hechos como que la coalición Va por México –que integran el PAN, el PRI y el PRD– presentó ante la Suprema Corte de Justicia diversas acciones de inconstitucionalidad por considerarlo “el capricho de una sola persona”.
Eso ocurrió el 23 de enero según la cronología de la Agenda Nacional de Riesgos.
“Asimismo, el 25 de enero, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, indicó haber presentado un informe sobre los impactos del plan b en materia electoral, además de que instó a dar ‘batalla jurídica’, bajo el argumento de que su aprobación pondría en riesgo las elecciones de 2024”.
Sobre la elección de los cuatro consejeros pendientes en el Consejo Nacional del INE, la Segob advierte que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados deberá avocarse al tema a partir del 1 de febrero de 2023, dado que así lo mencionó su presidente, el diputado y líder de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier.
El gobierno federal contempla, también, el hecho de que la publicación de la convocatoria para elegir a los próximos cuatro consejeros nacionales del INE se suspendió para “atender la orden y sentencia del Tribunal Electoral (…) en la que se ordena modificar el acuerdo emitido para la designación del Comité Técnico de Evaluación”.
Como parte de los eventos que podrían desestabilizar al gobierno, en torno a la total aprobación de las reformas del plan b, la Segob también advierte por las movilizaciones que han organizado y se organizarán por asociaciones civiles como Frente Cívico Nacional, Sí por México, Unid@s y Chalecos MX, entre otras que –incluso menciona– mantuvieron reuniones con líderes del PRD.
“En dicho encuentro, el PRD (…) reconoció que la marcha convocada el 13 de noviembre denominada ‘El INE no se toca’ motivó la reactivación de la coalición legislativa partidista, así como la alianza opositora para las elecciones en el Estado de México y Coahuila”.
Las elecciones 2023
Sobre las elecciones que el 4 de junio se llevarán a cabo en Coahuila y el Estado de México, la Agenda Nacional de Riesgos para febrero de 2023 prevé solo el inicio y el fin de las precampañas, que abarcarán el periodo de esa agenda.
Sin embargo, perfila a quienes encabezan las preferencias en cada caso. Para el Estado de México, la Segob perfila el siguiente orden de preferencia:
- Delfina Gómez Álvarez (Morena-PT-PVEM)
- Alejandra del Moral Vela (PRI-PAN-PRD)
- Juan Zepeda Hernández (MC)
Para el cierre de las precampañas, que se dará el próximo 12 de febrero, el gobierno federal prevé el siguiente orden de preferencia en Coahuila:
- Manolo Jiménez Salinas (PRI-PAN-PRD)
- Armando Guadiana Tijerina (Morena)
- Ricardo Mejía Berdeja (PT)
La Agenda Nacional de Riesgos igualmente considera un hecho a destacar que el presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Jaime Rivera Velázquez, haya mencionado que los precandidatos “deben cumplir con sus obligaciones fiscales”, si quieren evitar el mismo caso que pasó el entonces precandidato al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, en 2021, “a quien se le negó el registro”.
La elección de rectores
En la Agenda Nacional de Riesgos se establece la elección del nuevo rector de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) como un hecho de atención para el gobierno federal, por el conflicto estudiantil al interior de la casa de estudios ubicada en el Estado de México.
El 6 de octubre de 2022, la Asamblea General Universitaria tomó la decisión de remover del cargo de rector a José Solís Ramírez y, en su lugar, nombraron a Ángel Garduño García.
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Para la Agenda Nacional de Riesgos, el periodo del 20 de febrero al 20 de marzo es crucial para el estallido de “un nuevo conflicto interno en la UACh, derivado de las diferencias que existen entre el grupo que nombró a Ángel Garduño, aquellos que estaban del lado de Solís Ramírez y un sector que simpatiza con el Movimiento Antorchista Mexiquense”.
Cabe recordar que este 31 de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia a “los cacicazgos” en las universidades autónomas del país y los urgió a “elegir a sus rectores y dirigentes de forma democrática”.
Esto se enmarca en la futura renovación, también, del rector de la UNAM, en noviembre, cuando termina el periodo de Enrique Graue Wiechers.
Sobre el actual rector de la UNAM, López Obrador ha hecho comentarios incisivos como que sus dichos –sobre el caso de supuesto plagio de tesis por parte de la ministra Yasmín Esquivel– eran “puro choro mareador”.
Una reunión con gobernadores
Otro de los riesgos que ve el gobierno federal para este mes es el evento que el próximo 5 de febrero tendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador en Querétaro, con motivo del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Política.
“El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el 5 de febrero estará en la capital queretana para encabezar el evento por el CVI Aniversario de la Constitución, y posteriormente inaugurará una nueva sucursal del Banco del Bienestar”.
“En ese sentido, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, señaló que ya se están alistando los detalles con la Secretaría Particular de la Presidencia de la República, además de que se prevé un encuentro entre el presidente y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), ya que esta se reunirá ese mismo día en Querétaro”.
Cabe destacar que en el evento del 106 Aniversario de la Constitución también estará presente la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, quien se prevé que ofrezca un mensaje sobre la autonomía del Poder Judicial.
Otros eventos que representarían un riesgo para la 4T son el 17 aniversario de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, el tercer aniversario del estallido de la huelga en Notimex y el cuarto aniversario del asesinato del activista Samir Flores. Las razones: no hay avances en cada uno de los casos.
En el caso de Notimex, destaca que “es la huelga más larga de la historia que ha enfrentado un organismo público en México”. En los casos de Pasta de Conchos y de Samir Flores, refieren la exigencia de activistas y sociedad civil por no haber avance en ellos.