El escenario político en El Salvador ha experimentado una transformación radical bajo la administración de Nayib Bukele, quien, tras oficializar su candidatura para un tercer mandato consecutivo, ha terminado de trazar una ruta hacia la permanencia indefinida en el poder.
Apenas el 16 de julio, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió la reelección presidencial indefinida, aprobada mediante una reforma constitucional en julio de 2025 que, el mandatario sostuvo, fue avalado por una mayoría legislativa elegida democráticamente y por procesos electorales que no han sido desconocidos por la comunidad internacionales.
Las declaraciones se producen después de que el partido oficialista, Nuevas Ideas, informara que Bukele ganó las elecciones primarias para convertirse en su candidato presidencial rumbo a los comicios de 2027, en los que buscará un tercer mandato consecutivo.
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Ante las críticas, Bukele aseguró que prácticamente todos los países han modificado sus constituciones" y argumentó que, a diferencia de otros casos, en El Salvador la reforma se realizó mediante mecanismos democráticos.
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Lo que comenzó en 2019 como una presidencia disruptiva se ha consolidado hoy como un modelo de hiperpresidencialismo de acuerdo con el diario El País, donde la división de poderes ha sido sustituida por una estructura institucional diseñada a medida del Ejecutivo.
La arquitectura del poder absoluto de Bukele tuvo un punto de inflexión decisivo en 2021, cuando su partido, Nuevas Ideas (NI), obtuvo la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. Según reportes de El País, esta mayoría permitió al mandatario ejecutar lo que analistas califican como un "golpe de Estado" al Poder Judicial, al destituir y reemplazar de forma inmediata a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema por figuras leales al oficialismo.
Esta nueva Sala fue la encargada de emitir una reinterpretación de la Constitución que, contraviniendo artículos que prohibían la alternancia inmediata, habilitó la reelección presidencial. Con este movimiento, el parlamento salvadoreño pasó de ser un órgano de control a un ente "pasapapeles" que ratifica las iniciativas de la Casa Presidencial sin debate ni oposición real.
Ingeniería constitucional "exprés"
Para blindar su estancia en el poder, el bloque oficialista implementó un mecanismo "exprés" para reformar la Carta Magna, eliminando el "candado" histórico que exigía que cualquier cambio constitucional fuera ratificado por dos legislaturas distintas.
Mediante esta vía, se han aprobado reformas de gran calado documentadas por La Silla Rota, tales como:
- La habilitación de la reelección indefinida.
- La extensión del mandato presidencial de cinco a seis años.
- La eliminación de la segunda vuelta electoral, permitiendo ganar la presidencia por mayoría simple, lo que debilita las posibilidades de coaliciones opositoras.
Estas modificaciones permiten a Bukele proyectar un mandato que ya supera en duración al del último dictador salvadoreño, el general Maximiliano Hernández Martínez.
El régimen de excepción: la excepción como regla
Desde marzo de 2022, el país vive bajo un régimen de excepción prorrogado sistemáticamente, que ha suspendido garantías constitucionales fundamentales. Si bien el gobierno presume que esta medida ha convertido a El Salvador en el país más seguro del hemisferio, organizaciones como Amnistía Internacional denuncian la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Investigaciones de El Faro y otros organismos han revelado datos alarmantes:
- Detenciones masivas: Se contabilizan aproximadamente 92,000 detenciones, muchas de ellas sin orden judicial y basadas en sospechas arbitrarias.
- Muertes bajo custodia: Reportes independientes registran entre 500 y 2,000 muertes en centros penales; se estima que el 94% de estas personas no tenían vínculos probados con pandillas.
- Pactos políticos: Una investigación de El Faro reveló un acuerdo entre Bukele y la administración de Donald Trump para utilizar la infraestructura del CECOT (la megacárcel) para recibir a deportados señalados como criminales en Estados Unidos, a cambio de apoyo político y propaganda favorable.
El silenciamiento de la crítica y el temor social
La consolidación de este poder totalitario también ha avanzado sobre la sociedad civil. La implementación de la Ley de Agentes Extranjeros impone un gravamen del 30% a las ayudas internacionales para ONGs, lo que ha sido calificado como un golpe autoritario para asfixiar a los organismos de vigilancia ciudadana.
Casos como el de la abogada Ruth López, perseguida por denunciar corrupción, ejemplifican el uso del aparato estatal para silenciar voces disidentes. Este clima de persecución ha tenido un efecto profundo en la población: estudios de la Universidad Centroamericana (UCA) indican que seis de cada diez salvadoreños tienen miedo de expresar críticas hacia el mandatario por temor a represalias gubernamentales.
Artículo generado con apoyo de la IA