EL SALVADOR

Así quiere legitimarse Nayib Bukele como dictador de El Salvador

La reelección indefinida no fue un hecho aislado; estos son los cambios institucionales y constitucionales que allanaron el camino para que Nayib Bukele busque permanecer en la Presidencia de El Salvador

Créditos: Especial
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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió este martes la reelección presidencial indefinida, aprobada mediante una reforma constitucional en julio de 2025 que, el mandatario sostuvo, fue avalado por una mayoría legislativa elegida democráticamente y por procesos electorales que no han sido desconocidos por la comunidad internacionales.

Las declaraciones se producen después de que el partido oficialista, Nuevas Ideas, informara que Bukele ganó las elecciones primarias para convertirse en su candidato presidencial rumbo a los comicios de 2027, en los que buscará un tercer mandato consecutivo.

Ante las críticas, Bukele aseguró que prácticamente todos los países han modificado sus constituciones" y argumentó que, a diferencia de otros casos, en El Salvador la reforma se realizó mediante mecanismos democráticos.

"Algunos alegan que la reelección indefinida viola la Constitución salvadoreña. Sin embargo, la Constitución fue reformada por una supermayoría legislativa, otorgada democráticamente por el pueblo salvadoreño en las urnas", escribió en la red social X.

Las reformas que allanaron el camino para la reelección

Bukele llegó al poder en junio de 2019 con un amplio respaldo ciudadano, pero el momento decisivo ocurrió en febrero de 2021, cuando su partido obtuvo la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, lo que le permitió aprobar reformas constitucionales, modificar leyes y realizar nombramientos sin necesidad de negociar con la oposición.

Ese mismo año, la Asamblea destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al entonces fiscal general, Raúl Melara y fueron nombrados nuevos magistrados que emitieron la resolución que permitió la reelección presidencial inmediata, pese a que la Constitución salvadoreña establecía restricciones para ejercer dos mandatos consecutivos.

El oficialismo también impulsó una nueva Ley de la Carrera Judicial que derivó en el retiro obligatorio de más de 200 jueces, además de reformas que facilitaron el traslado de fiscales y la renovación del Consejo Nacional de la Judicatura, organismo responsable de la selección de jueces.

En materia de transparencia, el gobierno modificó el funcionamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), limitó la publicidad de sus sesiones e impulsó iniciativas para clasificar como confidenciales las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos.

De acuerdo con organizaciones nacionales e internacionales como Directorio Legislativoestos cambios redujeron la independencia de instituciones encargadas de supervisar al Ejecutivo.

El 31 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó y ratificó, en una sola sesión, una reforma a cinco artículos de la Constitución que eliminó las restricciones a la reelección presidencial. Las modificaciones ampliaron el periodo presidencial de cinco a seis años, eliminaron la segunda vuelta electoral y adelantaron las elecciones presidenciales a 2027 para hacerlas coincidir con los comicios legislativos y municipales.

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La defensa del gobierno y las críticas

Bukele sostiene que reformar la Constitución no constituye una ruptura democrática y argumenta que otros países también han modificado sus normas o no establecen límites para la permanencia en el poder. Entre los ejemplos mencionó a Canadá, Reino Unido, Alemania, Australia y Japón.

No obstante, especialistas en derecho constitucional señalan que esos países funcionan bajo sistemas parlamentarios, diferentes al modelo presidencial salvadoreño.

La presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Carolina Jiménez Sandoval, afirmó que, con la reelección indefinida, El Salvador se suma a Venezuela y Nicaragua en el grupo de países latinoamericanos que han eliminado los límites para la permanencia presidencial.

JL