El gobierno de Estados Unidos continúa su embate contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Esta vez anunció la incautación de más de 700 millones de dólares en activos vinculados al mandatario. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó sobre esta acción en una entrevista con el canal FoxNews.
Bondi señaló que esta operación forma parte de una estrategia sostenida contra el gobierno venezolano. Explicó que los bienes confiscados pertenecen a una red que, según las autoridades estadounidenses, se mantiene activa.
La funcionaria indicó que el mandatario venezolano figura entre los principales objetivos de las agencias de seguridad de Estados Unidos. Según sus declaraciones, la operación continuará con nuevos procedimientos de incautación.
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Los bienes incautados
Los activos confiscados superan los 700 millones de dólares e incluyen dos jets privados, varias residencias de lujo y una mansión en la República Dominicana. También se registraron propiedades en Florida y una granja de caballos.
Entre los bienes figuran nueve vehículos de alta gama, yates, joyas y sumas de dinero en efectivo. Las autoridades no precisaron el destino final de estos recursos tras su decomiso.
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Bondi mencionó que parte de los activos están en manos de organismos judiciales para su análisis y eventual liquidación.
Acusaciones y vínculos
La fiscal general acusó a Maduro de emplear organizaciones extranjeras para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Mencionó al Cártel de los Soles, al que las autoridades estadounidenses designaron como organización terrorista y vincularon con Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.
También relacionó al presidente venezolano con el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, señalando que utilizan cocaína mezclada con fentanilo para su distribución.
Datos de la Agencia Antidrogas (DEA) registran 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus colaboradores, de las cuales cerca de siete toneladas tendrían conexión directa con el mandatario.
Recompensa por captura
Contexto: la confiscación ocurrie una semana después de que el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de Estados Unidos incrementaran a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro.
El nuevo monto duplicó la cifra ofrecida en enero de 2025 y triplicó la ofrecida durante el primer mandato de Donald Trump.
En respuesta, Maduro rechazó la medida y acusó a Estados Unidos de llevar a cabo una operación política contra su gobierno.
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Marco político
La administración de Donald Trump no reconoció la reelección de Maduro en 2018 y considera ilegítimo su gobierno. Para Washington, se trata de una estructura vinculada a actividades ilícitas que representa un riesgo para la seguridad nacional.
El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que la designación de ciertos grupos como organizaciones terroristas permite a Estados Unidos aplicar medidas legales más amplias que si solo fueran considerados grupos delictivos.
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Este tema es relevante porque involucra acciones legales y financieras de alto impacto entre Estados Unidos y Venezuela, con implicaciones en la política internacional, la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico.
También refleja el uso de herramientas jurídicas para presionar a un gobierno no reconocido, lo que puede influir en relaciones diplomáticas, economía y estabilidad regional.
La incautación de bienes y el aumento de la recompensa marcan una escalada en las medidas contra Nicolás Maduro y su red de apoyo, con posibles efectos en la geopolítica latinoamericana.
VGB