La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro personas y 13 empresas con sede en México, acusadas de participar en fraudes de tiempo compartido operados por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las sanciones alcanzan a negocios ubicados principalmente en Puerto Vallarta y zonas cercanas, lugar que autoridades estadounidenses identifican como un centro de operaciones del grupo criminal.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que las autoridades estadounidenses buscan interrumpir las fuentes de financiamiento del CJNG, entre ellas el fraude de tiempo compartido. Según el Departamento del Tesoro, estos esquemas afectan principalmente a ciudadanos estadounidenses mayores, quienes son contactados por supuestos intermediarios que solicitan pagos adelantados por concepto de cuotas e impuestos para concretar operaciones de reventa o alquiler de propiedades vacacionales.
De acuerdo con información oficial, las estafas se realizan desde centros de llamadas en México, a través de los cuales se contacta a propietarios de tiempos compartidos con ofertas de compra, reventa o inversión. Las víctimas, en su mayoría residentes de Estados Unidos, envían transferencias internacionales a cuentas en bancos y casas de bolsa en México. En algunos casos, después de un fraude inicial, los afectados vuelven a ser contactados por personas que se presentan como abogados o funcionarios para ofrecer la recuperación de fondos a cambio de nuevos pagos.
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El Tesoro de Estados Unidos informó que entre 2019 y 2023 se reportaron pérdidas cercanas a 300 millones de dólares por este tipo de fraudes, y que solo en 2024 las denuncias sumaron aproximadamente 50 millones de dólares. Sin embargo, el FBI considera que la cifra real podría ser mayor debido a que muchos casos no son reportados.
Los individuos sancionados son Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela, Francisco Javier Gudiño Haro y Michael Ibarra Díaz Jr., este último señalado como operador de una red de empresas en los sectores turístico, inmobiliario y de servicios, que incluyen:
- Akali Realtors
- Centro Mediador De La Costa
- Corporativo Integral De La Costa
- Corporativo Costa Norte
- Sunmex Travel
- TTR Go
- Inmobiliaria Integral del Puerto
- KVY Bucerías
- Servicios Inmobiliarios Ibadi
- Fishing Are Us
- Santamaría Cruise
- Laminado Profesional Automotriz Elte
- Consultorías Profesionales Almida
Las sanciones se emitieron bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, y en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF). Las medidas implican el congelamiento de bienes y la prohibición para ciudadanos y entidades estadounidenses de realizar transacciones con las personas y empresas designadas.
El gobierno estadounidense advirtió que las instituciones financieras extranjeras que realicen operaciones significativas con las personas sancionadas podrían estar sujetas a sanciones adicionales. También recordó que los afectados por designaciones en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) pueden solicitar su retiro conforme a los procedimientos establecidos por la OFAC.
Contexto: el pasado mes de julio, el Departamento del Tesoro estadounidense, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés), informó sanciones contra esas instituciones financieras por acciones de lavado de dinero vinculadas a terrorismo.
El FinCEN anunció la prórroga de 45 días, hasta el próximo 4 de septiembre, fecha en el cual ninguna institución financiera de Estados Unidos puede realizar operaciones con CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
Dicha prórroga, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, ocurrió a petición de su Secretaría de Hacienda. “Fue a solicitud de Hacienda. La Secretaría de Hacienda solicitó al Departamento del Tesoro que hubiera más tiempo (...) Se le planteó al Departamento de Tesoro, y accedió”, explicó la mandataria federal en Palacio Nacional.
Sheinbaum detalló que la razón por la que la dependencia solicitó la prórroga fue porque, particularmente, se tenían una serie de fideicomisos en uno de los bancos y, para no afectar a nadie, se le pidió apoyo al Gobierno de EE.UU.
djh