Han pasado más de tres años desde que El Salvador, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, se sumergió en un régimen de excepción. Implementado en marzo de 2022 tras un fin de semana de violencia que terminó con 87 homicidios, la medida buscaba desarticular a las pandillas MS-13 y Barrio 18. La estrategia ha sido implacable: detenciones masivas que, según cifras oficiales, superan las 86,000 personas arrestadas bajo cargos de supuestamente estar vinculadas con los grupo criminales.
El gobierno salvadoreño, a través de figuras como el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, ha declarado que el "gobierno criminal de la MS-13 está destruido" y que las pandillas están "operativamente desarticuladas". Esta narrativa oficial se apoya en una drástica reducción de los homicidios y en la transformación de la percepción de seguridad en comunidades que antes eran bastiones pandilleros.
Vecinos de colonias como 10 de Octubre o San José del Pino, marcadas por la presencia de la MS-13 y Barrio 18, reportan sentirse seguros y poder transitar libremente por la noche, algo impensable hace 3 años. Encuestas como la realizada por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), reflejan esta nueva realidad, mostrando una caída significativa en el porcentaje de salvadoreños que se sienten inseguros en sus barrios, del 44.4% en 2018 al 9.8% en enero de 2025.
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Expertos como Luis Enrique Amaya coinciden en que Bukele "resolvió el problema de las pandillas", afirmando que de la MS-13 "no quedan más que sus restos, sus vestigios, sus cenizas". Sin embargo, incluso el ministro Villatoro matiza la afirmación, señalando que aunque no haya homeboys (pandilleros activos) visibles en las colonias, no se puede asegurar que las pandillas estén totalmente desarticuladas, ya que existen chequeos (jóvenes en prueba) y paros (colaboradores).
Un informe confidencial de la Subdirección de Inteligencia de la Policía Nacional Civil de mayo de 2025 revela que la MS-13 aún mantiene 230 facciones activas en 32 programas, aunque sin liderazgo ni logística relevante. Se estima que al 30 de abril de 2025, 4,682 homeboys activos de la MS-13 no habían sido detenidos, con una parte significativa habiendo huido del país (aproximadamente 2,800, principalmente a Guatemala, México y Honduras) y unos 1,700 ocultos dentro de El Salvador.
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El informe también menciona la persistencia de 29 "grupos armados" en áreas rurales. La supervivencia de los remanentes pandilleros se basa principalmente en el narcomenudeo y, aunque reducida en un 70%, en la extorsión.
Un efecto colateral de esta mejora en la seguridad ha sido el aumento considerable en los precios de alquiler en algunas de estas colonias, lo que dificulta la situación para los residentes con ingresos modestos.
El régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial y suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa, se ha prorrogado 36 veces, lo que lleva a algunos analistas a considerarlo más un mecanismo de "control social" y una "guerra permanente".
Las graves acusaciones de pactos secretos
A pesar de la contundente ofensiva actual, el gobierno de Bukele enfrenta serias y persistentes acusaciones de haber negociado previamente con las mismas pandillas que ahora combate. Investigaciones periodísticas, particularmente de El Faro, y procesos judiciales tanto en El Salvador (aunque la fiscalía que investigaba fue desmantelada) como en Nueva York, señalan que estos pactos se remontan al menos a 2015, cuando Bukele era candidato a la alcaldía de San Salvador, y continuaron durante su presidencia entre 2019 y 2022.
Testimonios de exlíderes de Barrio 18 como Carlos Cartagena ("Charli") y "Liro", publicados recientemente por El Faro, detallan estos supuestos acuerdos. Alegan haber proporcionado apoyo electoral crucial a Bukele, influyendo en los votos en los territorios bajo su control y llegando a afirmar que les debía "un 80%" de su ascenso al poder.
A cambio, los pandilleros supuestamente recibieron beneficios como condenas reducidas, traslados a prisiones más cómodas, visitas clandestinas a penales de máxima seguridad usando uniformes y vehículos oficiales, e incluso ayuda para escapar del país. Funcionarios cercanos a Bukele, como Carlos Marroquín (identificado como enviado personal del presidente) y Osiris Luna (ex director de Centros Penales y viceministro), son señalados como los mediadores en estas negociaciones.
Se alega que las pandillas también ayudaron a mantener el orden durante la cuarentena por covid-19 y a distribuir subsidios gubernamentales, e incluso a manipular las cifras de homicidios instruyendo desaparecer cuerpos bajo la premisa de "Sin cuerpo no hay delito". La extorsión a grandes empresas habría continuado con conocimiento del gobierno.
El pacto presuntamente se rompió, lo que habría derivado en la escalada de violencia de marzo de 2022 que desencadenó el régimen de excepción.
Mientras miles de pandilleros de bajo rango son encarcelados, algunos exlíderes involucrados en los supuestos pactos, como "Charli" y "Liro", se encuentran libres y en el exilio, supuestamente con asistencia gubernamental. El caso de Élmer Canales Rivera, alias "El Crook", un alto líder de la MS-13, es prominente: fue liberado de prisión en El Salvador en 2021 con ayuda de un funcionario (Marroquín), huyó del país, y fue finalmente arrestado y extraditado a Estados Unidos. Estados Unidos ha sancionado a Marroquín y Luna por negociar con pandillas.
Por su parte, el gobierno salvadoreño ha negado rotundamente las acusaciones de pactos, calificándolas de "casos aislados" y no de política de Estado desde 2019. El vicepresidente Félix Ulloa sugirió que las referencias a negociaciones durante la alcaldía de Bukele podrían estar relacionadas con conversaciones con vendedores ambulantes, algunos de los cuales podrían haber sido pandilleros.
Tras la reciente publicación de los testimonios de exlíderes pandilleros, por El Faro, el diario denunció que la Fiscalía salvadoreña estaba preparando órdenes de captura contra sus periodistas.
El símbolo del control: la megacárcel (CECOT)
En el centro de la estrategia de seguridad de Bukele y un símbolo de su "guerra contra las pandillas" se encuentra el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), inaugurado a principios de febrero de 2023.
Presentada como la prisión más grande de América Latina, tiene una capacidad para 40,000 reclusos y actualmente alberga a unos 15,000 miembros de la MS-13 y Barrio 18, rivales históricos ahora mezclados en sus pabellones. La prisión se ubica en Tecoluca, a unos 74-75 km al sureste de la capital, y está rodeada de enormes muros de concreto.
Las condiciones de reclusión en el CECOT son extremadamente rigurosas: los reos están bajo vigilancia constante, 24 horas al día, por cámaras y guardias. Se les somete a un riguroso encierro, sin posibilidad de recibir visitas familiares. Solo tienen derecho a media hora de ejercicio diario en un pasillo. Duermen en catres de acero sin colchón y obtienen agua de una gran pila o barril dentro de las celdas. La comida es básica, usualmente frijoles o pasta, sin carne por orden del gobierno. Las audiencias judiciales se realizan de forma virtual.
El director del CECOT, Belarmino García, ha descrito a los reclusos como "psicópatas" con muy pocas posibilidades de rehabilitación, destinados a permanecer en esta prisión de máxima seguridad de la que no saldrán. Uno de los reos, Marvin Medrano alias "Sayco," condenado a 100 años, expresó remordimiento pero también la cruda realidad de su situación, reconociendo que "las condiciones en las que se encuentran como pandilla jamás se la imaginaron, pero es la realidad".
El ministro Villatoro afirmó que los liderazgos más reconocidos de la MS-13 fueron trasladados al CECOT desde septiembre de 2024, tras el asesinato de un líder pandillero en otra prisión.
Para expertos como el criminólogo Ricardo Sosa, el CECOT cumple una doble función: es una cárcel de máxima seguridad para criminales peligrosos y un potente mensaje visual para la población, las víctimas y, sobre todo, para los criminales que siguen libres, mostrándoles lo que les espera. El CECOT, junto a las otras 22 prisiones del país, simboliza el férreo control estatal.
El costo humano y las críticas al régimen
A pesar del innegable éxito en la reducción de la violencia pandillera y el amplio respaldo popular que esto ha generado para Bukele, el régimen de excepción ha sido objeto de fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y agencias internacionales. Se han documentado miles de denuncias de violaciones a los derechos humanos, con la detención arbitraria constituyendo el 98% de las quejas, y el 75% de ellas señalando directamente a agentes de la Policía.
Se estima que al menos 8,000 personas detenidas han sido reconocidas como "inocentes" por el propio Bukele, aunque muchos siguen ligados a procesos penales. Organizaciones como Socorro Jurídico Humanitario, que brinda asistencia legal gratuita, han documentado la muerte de 376 personas bajo custodia estatal desde el inicio del régimen. Las familias de los fallecidos han denunciado encontrar cuerpos con señales de torturas y golpizas, a pesar de que los diagnósticos oficiales a menudo citan causas como edema pulmonar.
La suspensión de garantías constitucionales y la falta de independencia judicial son preocupaciones recurrentes. Críticos como Antonio Palacios de Socorro Jurídico Humanitario señalan que el régimen ha infundido miedo en la población, limitando la libertad de expresión y manifestación pacífica. La falta de acceso a la información oficial dificulta la transparencia sobre los procesos judiciales y otros delitos. Amnistía Internacional ha advertido que este régimen está "institucionalizando patrones de abuso" que se están replicando en otros lugares, debilitando el marco internacional de derechos humanos.
En conclusión, a tres años del régimen de excepción, la situación de las pandillas MS-13 y Barrio 18 en El Salvador parece ser de un debilitamiento sin precedentes en su capacidad operativa y control territorial, lo que ha generado una sensación de seguridad largamente anhelada por la población.
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Sin embargo, esta aparente victoria tiene un alto costo en términos de derechos humanos y libertades civiles, y está ensombrecida por las persistentes y detalladas acusaciones de que el gobierno de Bukele, antes de esta ofensiva, habría recurrido a negociaciones secretas con las mismas estructuras criminales que ahora busca erradicar, poniendo en duda la narrativa oficial y generando interrogantes sobre la opacidad que rodea la política de seguridad salvadoreña.
VGB