La respuesta de la población salvadoreña al gobierno del presidente Nayib Bukele presenta divisiones, según reporta el diario Los Angeles Times. Mientras algunos ciudadanos, como Víctor Barahona, se mostraron inicialmente agradecidos por las operaciones militares contra pandillas, otros han manifestado preocupación por detenciones que, aseguran, afectan también a personas sin vínculos con el crimen organizado.
Barahona relató que tras denunciar la captura de vecinos sin relación con pandillas, fue arrestado por las autoridades, incomunicado de su familia y privado de asesoría legal. Afirmó haber perdido peso durante su tiempo en prisión y señaló las duras condiciones a las que fueron sometidos varios internos.
Al recuperar su libertad casi un año después, Barahona se sorprendió al ver el reconocimiento internacional que recibía el presidente Bukele por su estrategia de seguridad, destacada por líderes extranjeros.
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El presidente Nayib Bukele, elegido en 2019, ha implementado una política de seguridad con fuerte presencia militar, la cual ha sido respaldada por sectores que celebran la reducción de la violencia en el país. Bukele ha buscado proyectar una imagen de modernización, comparando a El Salvador con países asiáticos en desarrollo y describiéndose a sí mismo como un líder disruptivo con visión tecnológica.
La cobertura original fue publicada por Los Angeles Times bajo la firma de la periodista Kate Linthicum.
Críticas al mandato de Bukele en El Salvador
El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador ha sido objeto de múltiples críticas por parte de organizaciones internacionales, medios de comunicación y defensores de derechos humanos, quienes señalan una creciente concentración de poder y una erosión de las instituciones democráticas en el país.
La destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General en 2021, llevada a cabo por una Asamblea Legislativa dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, ha sido interpretada como un atentado contra la independencia judicial y los contrapesos democráticos. Esta acción ha generado preocupación sobre la consolidación de un régimen autoritario en El Salvador.
Además, la implementación del régimen de excepción desde marzo de 2022, como parte de la estrategia gubernamental para combatir a las pandillas, ha derivado en denuncias de violaciones a los derechos humanos. Organizaciones como Human Rights Watch y Cristosal han documentado casos de detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia estatal. Se estima que miles de personas han sido detenidas sin pruebas suficientes, y que muchas de ellas no tienen vínculos con estructuras criminales. Estas prácticas han sido criticadas por su impacto desproporcionado en comunidades vulnerables y por socavar el debido proceso legal.
La relación del gobierno de Bukele con la prensa también ha sido motivo de controversia. Periodistas y medios de comunicación independientes han denunciado acoso, amenazas y restricciones al ejercicio de su labor. El presidente ha descalificado públicamente a medios críticos, acusándolos de difundir noticias falsas y de ser enemigos del pueblo. Estas acciones han generado un clima de hostilidad hacia la prensa y han sido señaladas como intentos de silenciar voces disidentes y limitar la libertad de expresión en el país.
En el ámbito económico, la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en 2021 ha generado incertidumbre y críticas tanto a nivel nacional como internacional. Si bien el gobierno promovió esta medida como una estrategia de modernización financiera, diversos sectores han expresado preocupación por la volatilidad de la criptomoneda y su impacto en la economía salvadoreña. Además, la falta de transparencia en la implementación de esta política y la ausencia de una consulta amplia han sido señaladas como indicios de una toma de decisiones unilateral por parte del Ejecutivo.
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