Más de 70 organizaciones humanitarias, tanto de El Salvador como del extranjero, han rechazado enérgicamente una Ley de Agentes Extranjeros recientemente aprobada por el Congreso y promovida por el presidente Nayib Bukele. Las organizaciones sostienen que la ley "habilita la criminalización arbitraria" y forma parte de una "escalada autoritaria" en el país.
Este rechazo se produce en un contexto marcado por la detención de defensores de derechos humanos, como la abogada anticorrupción Ruth López y el ambientalista Alejandro Henríquez. Una de las disposiciones más criticadas de la ley es la imposición de un impuesto del 30% sobre las donaciones que reciban las organizaciones civiles.
Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista (SSPAS), calificó los hechos, incluida la aprobación de esta ley, como parte de una "escalada de violencia" que ha generado un peligroso escenario de criminalización y censura de la defensa de derechos humanos por parte del Estado salvadoreño.
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Según Reyna, la iniciativa aprobada "atenta directamente contra el derecho a la reunión pacífica, la libertad de expresión y el derecho de asociación".
Se advierte que este tipo de normativas, similar a las aprobadas en países como Nicaragua, han sido utilizadas "para negar o cancelar la personería jurídica de organizaciones consideradas incómodas al oficialismo".
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La preocupación se intensifica por el "involucramiento de la Fiscalía General de la República y la introducción de responsabilidades penales por supuestas amenazas a la seguridad nacional -sin una definición clara-". Esto, según Reyna, refuerza un esquema legal que "habilita la criminalización arbitraria del trabajo de las organizaciones de sociedad civil".
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Nueva ley es una venganza del gobierno contra las ONGs
Para Gabriela Santos, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), esta ley es una "ley que busca silenciar, es una venganza".
La activista considera que la ley, impulsada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI) que controla el Congreso, es una forma de "castigar a las organizaciones" que denuncian violaciones y falta de transparencia, mientras "premia" a aquellas que realizan el trabajo de atención que corresponde al Estado.
Se espera una respuesta del Cuerpo Diplomático, ya que la ley podría condicionar la cooperación internacional. Santos añadió que esta ley es un paso más en la "creciente profundización del deseo de silenciar las voces que piden por un medio ambiente, por el respeto a sus derechos, porque las personas que han sido detenidas arbitrariamente estén libres".
Eduardo Escobar, de la organización Acción Ciudadana, desmintió el argumento del partido oficialista sobre la necesidad de transparentar los fondos de las ONG. Afirmó "categóricamente" que la sociedad civil "siempre ha rendido cuentas de los fondos que recibe".
Explicó que deben entregar sus estados financieros anualmente, detallando quiénes los financian y que están "sumamente auditados". Escobar cuestionó: "¿Por qué no son transparentes con quién financia sus campañas electorales? ¿Por qué no son transparentes con la información de obras y compras públicas que niegan todos los días a la ciudadanía?".
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El Salvador en camino a una nueva Nicaragua
Eric Zelaya, del Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora, coincidió en que lo sucedido es parte de una "escalada autoritaria". Señaló que "cada vez más este Gobierno se está pareciendo al de Nicaragua". Mencionó que una medida similar en Nicaragua resultó en el cierre de 3,000 ONG y la confiscación de sus bienes un año después de su aplicación.
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), también afirmó que con la aprobación de esta ley, El Salvador "da un paso más en la dirección de Nicaragua". Goebertus alertó en X que la ley "está dirigida a impedir el trabajo de la sociedad civil y medios independientes" y que la "deriva autoritaria avanza a pasos agigantados".
VGB