Angélica Sánchez Martínez es originaria de Chapula, una comunidad ubicada a aproximadamente una hora de la cabecera municipal de Tianguistengo. Durante más de una década construyó ahí su hogar, su patrimonio y su vida familiar. Hoy, como más de 300 familias, se encuentra fuera de su pueblo, tras haber vivido en carne propia los estragos de la vaguada monzónica que impactó la región el 8 de octubre pasado.
“El primer día pensamos que ya había pasado”, recuerda. Para los habitantes de Chapula, el aumento del nivel del agua era un fenómeno recurrente durante la temporada de lluvias: el río crecía, pasaba el puente de la entrada y subía a una calle cercana, pero sin consecuencias mayores; aquella vez no parecía distinto; sin embargo, lo peor llegó al día siguiente.
Narró que entre las ocho y media y nueve de la noche comenzó una lluvia ligera, no había electricidad, desde un día antes, como era habitual en la comunidad. Algunas personas que permanecían despiertas se acercaron al río y notaron algo distinto: el agua subía y bajaba de forma irregular; describió, “el arroyo se estaba volteando”.
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Angélica indicó que la lluvia se intensificó rápidamente, en alrededor de dos horas, Chapula se transformó en un río; ella vivía cerca de un pequeño arroyo que normalmente era inofensivo, pero esa noche se convirtió en una amenaza. Junto con otros vecinos, corrió hacia las casas ubicadas en la parte media del pueblo; sin embargo, el agua siguió avanzando.
“Ya no era normal”, relata. Las calles comenzaron a inundarse y el nivel del agua alcanzó más de un metro, hasta cubrir media casa. Algunas familias quedaron atrapadas en sus viviendas; otras se refugiaron en segundos pisos o en los techos, viendo cómo el río se llevaba casas completas. En la oscuridad solo se escuchaban golpes, derrumbes y el estruendo del agua arrastrando piedras y árboles.
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“Tomé a mis dos hijos y salí de casa como a las nueve o nueve y media de la noche; mi esposo se encontraba trabajando fuera de la comunidad; salimos con la ropa que teníamos, no tuvimos mucho tiempo para sacar nada, y nos refugiamos junto a otras familias en una galera en la zona más alta de la comunidad”.
Incomunicación y solidaridad comunitaria
La primera noche nadie durmió. Permanecieron sentados, alertas, temiendo que ocurriera algo peor. Al amanecer, la escena era devastadora: casas destruidas, calles cubiertas de lodo y piedra, árboles atravesados y muros colapsados. Chapula estaba acabada.
Durante una semana, menciona, la comunidad permaneció incomunicada: sin luz, sin señal telefónica y con carreteras bloqueadas por derrumbes. La ayuda institucional no llegó en los primeros días. Fue entonces cuando la solidaridad entre comunidades marcó la diferencia. Vecinos de localidades cercanas llevaron comida, cobijas, ropa y despensas.
Algunas tiendas quedaron vacías; otras, lamentablemente, incrementaron los precios hasta el doble ante el desabasto; sin embargo, también hubo comerciantes que donaron todo lo que pudieron rescatar de sus negocios para compartirlo con quienes permanecían refugiados en la galera.
“Todo quedó acabado”: la pérdida del patrimonio
Angélica pudo regresar a su casa hasta el tercer día, cuando el nivel del agua bajó ligeramente. Lo que encontró fue desolador: lodo, piedras, muros rotos y árboles atorados dentro de su vivienda. Una galera donde resguardaban su automóvil colapsó; el baño exterior se perdió; el interior de la casa quedó inutilizable. “Todo se nos acabó”, resume.
Antes de la tragedia, Angélica se dedicaba al hogar y complementaba el ingreso familiar vendiendo golosinas, ropa y calzado. Todo su pequeño patrimonio se perdió bajo el agua. Hoy vive con su hermana, junto a sus hijos, su esposo y sus padres, en Zacualtipán. No paga renta, pero el espacio es reducido y la incertidumbre económica es constante. Su esposo, por ahora, no ha podido reincorporarse de forma estable al trabajo debido a las constantes reuniones y gestiones relacionadas con la emergencia.
Un pueblo vacío y la promesa de la reubicación
En cuestión de días, Chapula quedó prácticamente deshabitado. Con apoyo de helicópteros privados gestionados por familiares y particulares, la mayoría de las familias logró salir. Durante semanas, el pueblo permaneció vacío, solo algunas personas regresan de manera temporal para alimentar animales o rescatar lo poco que quedó en pie.
Semanas después, autoridades estatales informaron a los habitantes que la comunidad no es habitable y que se realizará una reubicación de las más de 300 familias, en un punto entre Tianguistengo y Zacualtipán; sin embargo, hasta ahora no se han dado detalles claros sobre terrenos, viviendas, documentación o tiempos de ejecución. “Nos dijeron que es un hecho, pero no nos han pedido nada”, señala Angélica.
“Es un dolor fuerte, porque es nuestro pueblo, nuestro hogar; todo lo que hicimos con tanto esfuerzo a lo largo de los años en segundos se perdió”, expresa. Para muchas familias, Zacualtipán era solo un lugar de paso; hoy se ha convertido en un refugio forzado.
La reconstrucción
De acuerdo con autoridades federales, tras la vaguada monzónica se aplicó un programa de emergencia en 28 municipios de Hidalgo, con un padrón de más de 20 mil personas que recibieron apoyos económicos variables según el nivel de daño. Posteriormente, se entró en una etapa de reconstrucción que contempla programas de empleo temporal para la limpieza y rehabilitación de caminos.
De acuerdo con el delegado de Programas Bienestar en Hidalgo, Abraham Mendoza Zenteno, este esquema se aplicó en municipios ubicados en las regiones Sierra Alta, Sierra Gorda, Huasteca y Otomí-Tepehua, donde las afectaciones fueron más severas.
El funcionario detalló que para atender la emergencia se desplegó un censo casa por casa, realizado por servidoras y servidores de la Nación provenientes no solo de Hidalgo, sino de al menos 12 estados del país, entre ellos Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Sonora, Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Estado de México y Guanajuato. Este operativo permitió integrar un padrón de aproximadamente 20 mil 500 personas damnificadas, quienes fueron consideradas para recibir apoyos económicos directos.
Como parte de este programa, cada familia censada recibió inicialmente un apoyo general de 20 mil pesos, destinado a cubrir necesidades básicas inmediatas. Posteriormente, se otorgaron recursos adicionales variables, dependiendo del tipo de afectación registrada: daños a vivienda, comercio, actividades agrícolas o pecuarias.
El monto final, explicó Mendoza Zenteno, se determinó conforme al nivel de daño (bajo, medio, alto o total) lo que permitió que algunas familias recibieran entre 30 mil y 70 mil pesos adicionales, alcanzando en ciertos casos apoyos acumulados de hasta 90 mil pesos o más.
La dispersión de estos recursos comenzó aproximadamente dos o tres semanas después del fenómeno, durante el mes de noviembre, y concluyó hacia finales de ese mismo mes. El delegado subrayó que, por razones de seguridad, los montos no se difundieron públicamente en su momento, debido al traslado físico del dinero por parte de las personas beneficiarias en comunidades que aún presentaban problemas de conectividad y acceso.
No obstante, en comunidades como Chapula, el testimonio de sus habitantes contrasta con la narrativa institucional. Angélica Sánchez Martínez señala que, durante los días más críticos, la ayuda gubernamental no llegó de manera directa, y que la asistencia que recibieron provino principalmente de donaciones ciudadanas, organizaciones civiles y comunidades vecinas, así como de apoyos gestionados de manera independiente. Aunque reconoce que actualmente continúan llegando despensas y víveres, afirma que estos insumos siguen siendo mayoritariamente donados y no resultado de un programa municipal o estatal claramente identificado.
De la emergencia a la reconstrucción
Una vez concluida la etapa de atención inmediata, los gobiernos estatal y federal anunciaron el inicio de la fase de reconstrucción, en este nuevo periodo, los apoyos ya no se limitan a transferencias económicas directas, sino que se integran a esquemas de empleo temporal, particularmente a través del programa Empleo Construyendo el Futuro, orientado a labores de limpieza, rehabilitación de caminos, retiro de escombros y recuperación de infraestructura comunitaria.
Este programa, explicó el delegado, es independiente de otros apoyos sociales existentes, como Jóvenes Construyendo el Futuro o pensiones para adultos mayores, y está dirigido a personas de entre 18 y 59 años que puedan participar activamente en las tareas de reconstrucción. La incorporación no se realiza mediante plataformas digitales, sino a través de brigadas de servidores de la Nación, quienes acuden directamente a las comunidades en coordinación con autoridades locales.
Un presupuesto millonario frente a comunidades desplazadas
Durante su comparecencia ante el Congreso local, el titular de la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, Alejandro Sánchez García, informó que la reconstrucción de caminos, carreteras y puentes dañados por la vaguada monzónica podría alcanzar un costo estimado de entre 7 mil y 8 mil millones de pesos.
El funcionario detalló que el fenómeno dejó 14 mil 412 afectaciones totales en 43 municipios, con 236 localidades incomunicadas en el momento más crítico de la emergencia. Se contabilizaron 130 caminos totalmente cerrados, 6 mil 675 derrumbes, además de 158 deslaves, socavones, colapsos de drenaje y muros de contención, así como 43 afectaciones en la red carretera federal y 46 puentes con daños estructurales.
Actualmente, explicó, el estado trabaja en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del gobierno federal para concluir el diagnóstico total de daños. Mientras tanto, ya se encuentran en ejecución o por iniciar obras por 851 millones de pesos en los 28 municipios con mayor afectación.
A este esfuerzo se suma la planeación presupuestal a mediano plazo: la Secretaría de Hacienda estatal contempló 2 mil millones de pesos para acciones de reconstrucción en el presente año, y propuso 2 mil 500 millones de pesos adicionales en el presupuesto 2026, con el objetivo de garantizar una recuperación integral de la infraestructura dañada.
“Sabemos que este es un proceso largo, pero pedimos a las autoridades municipales, estatales y federales que no se olviden de nosotros, además de perder nuestro patrimonio, nos enfrentamos a la falta de empleo, ese es mi llamado y el de decenas de familias que tuvimos que salir para salvaguardarnos”. Angélica compartió que mediante el número de contacto 771 204 9044, se hacen llegar donaciones y se coordina la entrega de víveres a familias damnificadas.
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