Pachuca.- A días de concluir este año 2025, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar presentó 5 nuevas iniciativas de reforma ante el Congreso del estado. En su mayoría, relacionadas con ajustes a la administración pública a fin de regular el funcionamiento del gobierno. Con este nuevo bloque, el mandatario suma más de 20 propuestas en apenas 3 años de gestión, consolidando una estrategia que privilegia la modernización institucional y la eficiencia administrativa.
Entre las propuestas de Menchaca, destaca una reforma constitucional en materia de simplificación orgánica. Otras iniciativas buscan ajustar la normativa del Tribunal de Justicia Administrativa y actualizar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Se incluye una propuesta adicional para armonizar procesos y modernizar procedimientos relacionados con compras gubernamentales. El paquete se completa con una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, con el argumento de fortalecer la estructura institucional y mejorar su operación. Las propuestas fueron turnadas a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis, revisión y aprobación, según sea el caso
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Reforma constitucional en simplificación orgánica
La propuesta más destacada es una reforma a la Constitución estatal en materia de simplificación orgánica. El objetivo es fortalecer el acceso a la información pública y garantizar la protección de datos personales, dos pilares fundamentales en la relación entre ciudadanía y gobierno. Con esta iniciativa, se pretende reducir duplicidades en la estructura administrativa y dar mayor claridad a los procesos internos, lo que podría traducirse en trámites más ágiles y en una mejor respuesta a las demandas sociales.
Ajustes al Tribunal de Justicia Administrativa
Otra de las iniciativas busca modificar la normativa que rige al Tribunal de Justicia Administrativa. El planteamiento apunta a actualizar sus procedimientos y competencias, con el fin de dotar a este órgano de mayor capacidad para resolver controversias relacionadas con actos de la administración pública. La reforma pretende reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, al tiempo que se asegura un marco jurídico más sólido para dirimir conflictos entre ciudadanos y autoridades.
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Actualización de la Ley de Adquisiciones
El paquete legislativo también incluye cambios a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La intención es modernizar los mecanismos de compras gubernamentales, armonizando procesos y estableciendo reglas más claras para la contratación de bienes y servicios. Con ello, se busca evitar discrecionalidad, fomentar la competencia y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente.
Propuesta adicional
Esta propuesta se complementa con una iniciativa adicional que profundiza en la armonización de procedimientos, lo que evidencia la prioridad del Ejecutivo en materia de gasto público.
Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública
Se plantea una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. El argumento central es fortalecer la estructura institucional y mejorar su operación. La iniciativa pretende ajustar funciones y atribuciones de las dependencias, con el propósito de que la administración estatal sea más coherente y eficaz en la atención de las necesidades ciudadanas. Este cambio se inscribe en la lógica de simplificación y modernización que ha caracterizado las propuestas del gobernador.
Una estrategia de largo alcance
Con estas 5 iniciativas, Julio Menchaca reafirma su apuesta por un rediseño integral del andamiaje legal de Hidalgo. Aunque ninguna fue presentada como preferente, las reformas enviadas al Congreso reflejan una visión de largo plazo: construir un marco normativo que permita al gobierno estatal operar con mayor eficiencia, transparencia y cercanía con la sociedad.
En tres años de administración, el mandatario ha acumulado más de 20 propuestas legislativas, lo que muestra una dinámica activa en la relación Ejecutivo-Legislativo. El reto ahora será que estas reformas se traduzcan en beneficios tangibles para la ciudadanía, en un contexto donde la confianza en las instituciones depende cada vez más de su capacidad para responder con eficacia y legalidad.
jgp