PACHUCA.- Son siete alcaldes y 259 millones 974 mil pesos del erario público que fueron mal ejecutados, los vinculados al entramado denominado estafa siniestra, cinco de ellos están en espera de la fecha en la que se desarrolle la audiencia intermedia correspondiente al proceso penal que enfrentan; pues en todos los casos ya venció el plazo establecido por los jueces de control, el cual no podía exceder de seis meses. Uno más, recientemente fue aprehendido y está en espera de que se resuelva su situación jurídica y otro, está prófugo.
No obstante, el encargado de Despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo, ha informado que algunos alcaldes solicitaron prórroga para la aportación de datos pruebas y en otros casos porque analizan la posibilidad de acceder a un criterio de oportunidad, aunque no precisó de qué alcaldes se trata.
En noviembre de 2022, la PGJEH ejecutó órdenes de aprehensión en contra de los alcaldes de Epazoyucan, Fidel N.N.; Huautla, Felipe N.N.; Yahualica, Elías N.N.; a todos se les dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, y se dio un plazo de investigación complementaria de cinco meses, el cual fue prorrogado por un mes más, de ahí que el periodo de investigación culminó en mayo de 2023.
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Mientras que, en el caso de los alcaldes de Tlahuelilpan, José Alfredo N.N., y el de Pisaflores, Luis Francisco N.N., a quienes se les dictó la medida cautelar de firma periódica y no salir del país, el plazo de investigación complementaria venció el 13 de julio de 2023; no obstante, aún no se lleva a cabo.
La estafa siniestra
Se le denomina estafa siniestra a la red de corrupción en la que intervienen empresas fachada, ya sea personas físicas o morales; un ente público (municipal, estatal o paraestatal) y un funcionario público que se presta a malversar recursos públicos. La PGJEH creó un área especial denominada Unidad Especial encargada del maxiproceso de la Estafa Siniestra, la cual se encarga del proceso de investigación.
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A los alcaldes, se les señala del presunto delito de uso ilícito de facultades y atribuciones agravado y en el caso de los que están en la cárcel también son señalados de peculado en su modalidad de distracción de recursos públicos.
Asimismo, hay una orden de aprehensión pendiente de ejecutar en contra del alcalde morenista de Nopala, Luis Enrique N.N., quien en la primera audiencia si se presentó, pero gracias a que tenía una suspensión provisional para la protección de sus derechos, salió de la sala de audiencias y no se volvió a presentar en los juzgados, por lo que ahora tiene la calidad de prófugo de la justicia.
La más reciente detención fue la de Manuel Hernández Badillo, presidente municipal de Tula de Allende, a quien se le señala de aplicar recursos públicos sin la debida diligencia, es decir, sin haber realizado las licitaciones correspondientes.
Este sábado 19 de agosto el juez de control lo vinculó a proceso tras acreditar la presunta responsabilidad del alcalde en el uso ilícito de atribuciones y facultades durante la emergencia que enfrentó el municipio con la inundación ocurrida en 2021.
Las indagatorias contra el alcalde de Tula de Allende transcurren por haber autorizado en 2021, a nombre del ayuntamiento de Tula de Allende, la adjudicación directa ilícita de por lo menos tres contratos que en suma representan un gasto superior a los 66 millones de pesos.
Dichos contratos se firmaron con la finalidad de adquirir servicios y equipo médico, paquetes alimentarios, así como servicios de mantenimiento y limpieza de fumigación domiciliaria para evitar la proliferación de la larva mosco culex, así como por el control mecánico del lirio acuático, lo anterior para atender las consecuencias de la inundación.
El recuento de los daños
A los alcaldes siniestros se les señala de haber simulado la contratación de obra tanto de infraestructura como la contratación de materiales para mitigar los efectos del covid. El daño al erario que generaron los alcaldes siniestros que ya enfrentan un proceso penal, es de 259 millones 974 mil pesos, el monto más elevado lo tiene el alcalde prófugo de Nopala, Enrique Cadena con 71 millones 960 mil pesos, seguido del de Tula de Allende con 66 millones de pesos.
Santiago Nieto Castillo explicó que se le ha dado el calificativo de “siniestra” en razón de que Hidalgo es “un estado con tantas desigualdades sociales y con tanto nivel de marginalidad que realmente es siniestro que se desvíe un recurso para fines y naturaleza personal en esas magnitudes”.
Asimismo, al de Epazoyucan se le señala de haber aplicado de manera ilegal 14 millones 215 mil pesos, siendo hasta el momento el monto de menor cuantía entre los siete procesados, así como 26 millones al de Huautla, 29 millones al de Yahualica, 21 millones a Tlahuelilpan, y 30 millones a Pisaflores.
Amparos
Los alcaldes siniestros han promovido demandas de amparo, en el caso de Fidel N.N. aún continúa el trámite en el que reclama la medida cautelar de prisión preventiva; en lo que hace al alcalde destituido de Huautla, recientemente causó ejecutoria la negativa de la autoridad federal de otorgar un amparo, por lo que se visualiza que en próximos días se reanudará su proceso penal en lo que es la etapa intermedia.
Etapa intermedia
Es la fase del proceso penal en la que las partes (ministerio público y defensa) presentan los medios de prueba con los que sustentarán su teoría del caso. Por su parte, el juez de control determina qué medios de prueba son los que admite o desecha para su presentación en juicio.
jgp