Pachuca.— Siete vinculaciones a proceso, tres prófugos, dos acuerdos y ahora van por las personas físicas que participaron en el entramado de corrupción que se ha denominado Estafa Siniestra y que es investigado en tres etapas.
Primer paso: investigar dentro de los ayuntamientos señalados de haber recibido recursos extraordinarios; segunda fase: escalar la investigación a exfuncionarios estatales presuntamente vinculados a la asignación de recursos; tercer paso: es momento de llegar con las personas morales que fueron utilizadas dentro de la Estafa Siniestra.
La Estafa Siniestra es un entramado de corrupción en el que participaron ayuntamientos de Hidalgo que otorgaron contratos a empresas fachada por el orden de dos mil millones de pesos y en el que también participaron autoridades estatales. Se presume que el Estado otorgaba recursos extraordinarios a los ayuntamientos, que a su vez simulaba gastarlos con empresas fachada, mismas que se presume estaban vinculadas a exfuncionarios estatales.
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La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) lleva a cabo la investigación de los hechos de corrupción en tres fases, y en la que aplica una especie de “academia de canto” con lo que se busca llegar al verdadero responsable del desvío de recursos en la entidad.
Primera fase
El 23 de noviembre de 2022, la fiscalía hidalguense dio a conocer que se liberaron cuatro órdenes de aprehensión en contra de igual número de alcaldes, por su presunta participación en una red de corrupción.
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Los presidentes municipales de Huautla, Felipe N; Yahualica, Elías N y de Epazoyucan, Fidel N, fueron vinculados a proceso y se les dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por los presuntos delitos de peculado agravado y uso ilícito de atribuciones y facultades en agravio de la administración pública.
Al cuarto alcalde: Luis Enrique N, del municipio de Nopala, no se le pudo dictar la medida de prisión, debido a que contaba con una suspensión provisional y posteriormente ya no se presentó, por lo que hoy es considerado prófugo de la justicia y se le busca incluso con familiares.
En la investigación se ha mencionado a 13 alcaldías que presuntamente recibieron recursos públicos; sin embargo, para que la PGJEH pueda actuar (requisito de procedibilidad) es necesario que medie una denuncia por parte de alguien que se sienta agraviado, en el caso de Epazoyucan fue una regidora la que interpuso la denuncia; en el caso de Huautla, fue la extitular del DIF y en el caso de Yahualica, un servidor municipal, denuncias que sirvieron de base para la judicialización de las carpetas de investigación.
En libertad, pero destituidos
Asimismo, se giraron órdenes de aprehensión en contra de los alcaldes de Tlahuelilpan, Alfredo N y el de Pisaflores, Luis Francisco N, a quienes se les vinculó a proceso, pero la medida cautelar fue diversa a la prisión preventiva, y ambos enfrentan su proceso en libertad, pero fueron destituidos del cargo. Es durante este mes que concluya el plazo de investigación complementaria y se les citará para que acudan a su audiencia intermedia.
Segunda fase: órdenes de aprehensión
La segunda fase consistió en que a partir de la información que otorgaron los presidentes municipales que están en un criterio de oportunidad se escaló hacía un segundo modelo y se giraron dos órdenes de aprehensión contra dos secretarios de estado de la Administración anterior, el de la Contraloría, César N y el de la Oficialía Mayor, Martiniano N, ambos considerados prófugos de la justicia.
En el caso de César N, cuenta con alertas migratorias establecidas ante el Instituto Nacional de Migración y la OCN Interpol de Washington, así como con notificación roja, publicada el día 15 de marzo de 2023 por la Secretaría General de Interpol.
Estafa Siniestra alcanza a la SEPH
En un móvil similar, pero en el que sólo involucra a dependencias estatales, la PGJEH aprehendió a Pablo Moreno Calva, subsecretario de Administración y Finanzas de la SEP Hidalgo, por presuntamente haber contratado un programa anti hackeo, por la cantidad de 140 millones de pesos con una empresa fachada.
Estafa en la Oficialía Mayor
Elementos de la Agencia de Investigación de la Procuraduría de Justicia del estado de Hidalgo detuvieron al exdirector de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor estatal, Víctor Eloy Porras, en la capital del estado.
El exfuncionario está acusado de peculado por 18 millones de pesos, que presuntamente fueron desviados de su objeto original que era de comprar medicamentos y aditamentos para atender la pandemia por covid-19.
La Procuraduría tiene siete órdenes de aprehensión pendientes de complementar que involucran a funcionarios de la Oficialía Mayor, SEPH y Salud.
Tercera fase: investigación contra empresas fachada
De acuerdo con Santiago Nieto Castillo, encargado de Despacho de la PGJEH, actualmente se está en la etapa de investigación a las personas morales y físicas que participaron en la creación de empresas que fueron utilizadas para el desvío de recursos públicos.
En ese sentido, indicó que la PGJEH ha requerido información al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y también se han solicitado las órdenes de aprehensión en contra los accionistas, aunque señaló que es bien sabido que son empresas fachada, “pero la intención es ir avanzando”.
En esa investigación se incluye a las personas físicas que constituyeron las personas morales que sirvieron de puente -como empresa chafada para retirar el dinero- proveniente de la SEPH, y del cual coincide que el dinero fue retirado días antes del proceso electoral.
Otras denuncias
La Contraloría y la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) presentaron denuncias con respecto al años de ejercicio 2021, toda vez que las anteriores se relacionan con la aplicación de recursos de 2022, todas las denuncias están en el proceso de investigación (primera fase).
A decir de Santiago Nieto Castillo en total son 13 municipios que se tienen localizados que recibieron recursos extraordinarios en 2022, pero no hay denuncias contra todos, “el tema tiene que ver con el requisito de procedibilidad, requerimos que alguna persona que haya sido afectada, por ejemplo: un servidor público del propio ayuntamiento, pueda hacer suya nuestra investigación para poder proceder”.
Ninguno está exonerado
“Nuestra posición ha sido muy clara, ninguno de los presidentes municipales se encuentra exonerado y vamos a seguir integrando las carpetas de investigación”, advirtió en encargado de Despacho de la PGJEH.
El interés del gobierno es que devuelvan toda la cantidad que fue defraudada y reunir recursos para el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
Empresas mencionadas en contratos
Las firmas de las que en su momento se mencionó realizaron operaciones con los ayuntamientos involucrados en la Estafa Siniestra, son: Team XAO S.A. de C.V. con RFC: TXA200730T99 y una de las representantes legales es María del Rosario Quiroz Moguel, ello con base en el padrón de proveedores de Oaxaca, entidad en la que también se le señala de ser una empresa fachada.
Asimismo, se buscará a los socios del Grupo Constructor CYRPO S.A. de C.V., y de Aktaion digital S.A. de C.V. empresa que registró diversos representantes legales, una de ellas Vianey Yadira Mora Marín y otra Tania Edith Ayala Trejo.
Grupo Constructor Integral Cardavi S.A. de C.V. con RFC: GCC201126256 aparece como su representante legal Jessica Gómez Mendoza.
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