Pachuca.— Marelvy Irene vio por última vez a su pequeña de 4 años de edad en un festival escolar de primavera celebrado el pasado 21 de marzo, después su expareja y padre de la hija de ambos la denunció por violencia familiar, logró quitársela a pesar de que un juez había decretado la guarda definitiva a favor de ella.
Es originaria del Valle del Mezquital, nació en Ixmiquilpan, se define como una mujer indígena y mamá de tres niñas, la más pequeña padece asma y es a quien no ve desde hace tres meses porque tiene medidas de restricción a raíz de la carpeta de investigación con número único de caso 07-2023-00428, que le inició Augusto N, su ex pareja y agresor.
La madre de familia aseguró que no violenta a ninguna de sus tres hijas y que la indagatoria que hay en su contra es violencia vicaria, la cual se ejerce contra las hijas o hijos de una mujer con el fin de dañarlas, controlarlas o manipularlas.
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“Él siempre me decía que me iba a dar donde más me duele, cuando se llevó el juicio de guarda y custodia intentaron darme dos levantones en Ixmiquilpan, que para que ya le bajara a mi desmadre”.
Antes de ser víctima de violencia vicaria, Marelvy Irene padeció agresiones físicas tres años, el 15 de agosto de 2020 acudió a notificarlo al Ministerio Público de Ixmiquilpan porque su expareja la intentó ahorcar, pero las autoridades procuradoras de justicia se negaron a levantarle la denuncia.
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“Me dicen que hay otros problemas más importantes y que solamente se tomaría con un acta informativa, me revictimizaron diciendo que nosotras siempre terminamos perdonando a nuestros agresores”.
En octubre del mismo año, Marelvy fue agredida nuevamente y hasta ese momento las autoridades iniciaron la carpeta 07-2020-01323 por violencia familiar y privación ilegal de la libertad equiparada, ya que Augusto N sustrajo por primera vez a su hija, que en ese entonces tenía un año con ocho meses de edad.
Sin embargo, la madre indicó que por “desconocimiento y miedo a enfrentar procesos legales” le otorgó el perdón, no antes sin firmar un convenio sobre pensión alimenticia en donde se estableció que la guarda y custodia definitiva estaría a cargo de Marelvy, según se desprende del expediente 511/2021 radicado en el Juzgado Segundo Civil y Familiar de Ixmiquilpan.
En ese mismo convenio se estableció que ambas partes se comprometían a dar cumplimiento a las obligaciones de crianza que establece el artículo 247 BIS de la Ley General para la Familia; es decir, a garantizar la seguridad física, psicológica y sexual, a fomentar hábitos adecuados de alimentación, higiene personal, además de promover habilidades de desarrollo intelectual y escolar.
El festival de primavera
El 21 de marzo de 2023, Marelvy asistió al festival infantil de su hija, en el kínder fue agredida verbalmente por la madre de su expareja. Al día siguiente, decidió interponer una carpeta de investigación por el delito de amenazas, según consta en el número único de caso 07-2023-00369, radicada en la Subprocuraduría Poniente.
Marelvy sospecha que, en represalia a dicha acción, su agresor decidió acusarla de violentadora en contra de la hija de ambos. La indagatoria data del 5 de abril de 2023 y quedó radicada bajo el número 07-2023-00428.
Como parte de la investigación, la Subprocuraduría Poniente le impuso a la madre de familia medidas de protección, entre ellas la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la niña; incluso, en el mismo documento la aperciben que en caso de desacato, incurriría en la comisión del tipo penal de desobediencia de particulares.
“El día 7 de abril, en Viernes Santo, casi a mediodía, llega un agente del Ministerio Público a notificarme que yo tengo medidas de restricción respecto a mi hija, me dijeron que no me podía acercar a ella”.
Desde entonces, Marelvy no puede convivir con su pequeña, a pesar de que le habían decretado la guarda y custodia definitiva mediante el juicio familiar 511/2021.
“Sé que mi bebé ha estado manipulada, tiene cuatro años, le están privando el derecho de estar con su mamá, con sus hermanas (…) hace poco la vi en la calle y no se me quiere acercar, es muy doloroso, todo esto ha afectado a mi familia, a mis otras hijas, a mis padres que son gente adulta”.
Marelvy encontró que en Hidalgo hay casos similares al suyo, como los de las mujeres que integran la Unión de Madres Protectoras, una colectiva conformada por víctimas de violencia vicaria, que recientemente protestaron frente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEH) para exigir una solución a sus casos.
“Quién me hace justicia, quién me regresa a mi bebé, yo lo único que pido es que, si él realmente ama a su hija, no impida el vínculo madre-hija”.
sjl