La mañana de este viernes, alrededor de las 10:00 horas, Armando Castilla Galindo, director general de Grupo Vanguardia, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Monterrey por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, con apoyo de la Guardia Nacional.
De acuerdo con la información difundida por Vanguardia, la detención se habría realizado bajo el argumento de que el directivo no se presentó a una supuesta orden de notificación del Ministerio Público. Sin embargo, el medio afirmó que no ha recibido ninguna notificación oficial que explique las causas legales del arresto ni la situación jurídica actual de su director general.
Hasta el momento, tampoco se ha confirmado la existencia de una orden judicial que respaldara el operativo, lo que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento.
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Asimismo, Vanguardia denunció que la aprehensión no ocurrió en Saltillo, Coahuila, ciudad donde reside Castilla Galindo, sino en Monterrey, lo que, según el medio, evidencia una vigilancia previa y constante sobre su director.
“Se trata de una acción orquestada, pues la aprehensión ocurre en la ciudad de Monterrey y no en Saltillo, lo que refleja la vigilancia constante que mantiene el poder ante el director”, señaló el diario al reportar el caso.
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Vanguardia denuncia persecución contra su director y el medio
Grupo Vanguardia ha señalado desde hace años que tanto la empresa editorial como su director general son objeto de una persecución judicial sistemática, caracterizada por demandas desproporcionadas, procesos prolongados e irregularidades legales.
“Esta acción demuestra una vez más que la libertad de prensa es un obstáculo para quienes ostentan el poder político, el cual a través del acoso judicial trata de intimidar el ejercicio periodístico”, afirmó el medio.
En otro posicionamiento, el grupo editorial subrayó que Armando Castilla Galindo y Vanguardia se han convertido en un objetivo directo de las más altas esferas del poder político, y que frente a lo que califican como un ataque judicial coordinado, “el único camino es la verdad”.
A su vez, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reaccionó al caso al considerar que la detención del director de Vanguardia apunta a una acción arbitraria e ilegal, por lo que exigió su liberación inmediata.
El organismo internacional advirtió que este tipo de hechos no pueden analizarse de manera aislada, sino dentro de un patrón regional en el que instrumentos legales y judiciales son utilizados para intimidar, desgastar y eventualmente censurar a los medios críticos.
El contexto judicial: el caso mercantil y el embargo contra Vanguardia
La detención ocurre en un contexto particularmente sensible para el medio. Días antes, un Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Octavo Circuito rechazó, por mayoría, los amparos interpuestos por Vanguardia y avaló el embargo de bienes del periódico por un supuesto adeudo mercantil cuya génesis se remonta a 1994, pero que fue judicializado hasta 2008.
El caso fue resuelto en diciembre de 2024 por la Sala Civil del Poder Judicial de Coahuila, dentro de la toca 222/2024, tras 15 años de litigio. Vanguardia sostiene que el procedimiento fue construido de forma artificial para favorecer intereses políticos.
De acuerdo con el medio, el magistrado Edgar Humberto Muñoz Grajales, próximo a dejar el cargo a finales de agosto, se negó a esperar una posible atracción del caso por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y promovió que se resolviera de inmediato.
Durante la sesión del Tribunal Colegiado, el magistrado presidente, Héctor Alejandro Treviño de la Garza, manifestó que no veía inconveniente en postergar la discusión. No obstante, Muñoz Grajales calificó la solicitud como una “argucia legal” y sostuvo que la SCJN no atrae asuntos mercantiles entre particulares.
Treviño de la Garza anunció un voto concurrente, al considerar que el título ejecutivo carecía de liquidez y certeza, pues el adeudo se sustentaba en presunciones no plenamente acreditadas, como la fecha de entrega y disposición de los recursos.
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Organizaciones advierten impacto en la libertad de expresión
La Alianza de Medios, junto con la SIP, cuestionó las irregularidades del proceso y advirtió que no se trata de un litigio mercantil aislado, sino de una controversia que incide directamente en el derecho fundamental a la libertad de expresión.
“Este caso refleja un patrón preocupante en la región: el uso de mecanismos legales para intimidar, desgastar y censurar a los medios”, señaló la organización.
La detención del director general de Vanguardia en Nuevo León, en este contexto, profundiza la preocupación entre periodistas, académicos y defensores de derechos humanos, quienes ven en el caso un ejemplo paradigmático de cómo el acoso judicial y el uso discrecional del aparato penal pueden convertirse en herramientas para presionar a la prensa crítica en México.
Fiscalía de Nuevo León miente: Vanguardia
Vanguardia en una publicación dijo que, la Fiscalía de Nuevo León mintió en el comunicado en el que "informó" sobre la detención de Armando Castilla Galindo, ocurrida este viernes por la mañana.
De acuerdo con Vanguardia, en su comunicado la dependencia asegura que la detención tuvo lugar en la vía pública, en “carretera Miguel Alemán”, lo cual es falso porque el medio asegura que fue detenido dentro del aeropuerto de Monterrey en las inmediaciones del filtro de seguridad, previo a ingresar a la sala de última espera del recinto.
Vanguardia mencionó que otra falsedad en la información que circuló la Fiscalía, es que supuestamente Castilla puso en venta un terreno con valor de 3 millones de pesos que no está a su nombre, por lo que, el medio precisó que el caso está relacionado con un bien que sí es propiedad de la familia, y que se trata de un arrendamiento que se hizo en una porción de 45 metros cuadrados del predio para la colocación de un espectacular.
"No existe absolutamente ningún antecedente de venta que se haya hecho del bien que es señalado por la Fiscalía de Nuevo León", dice Vanguardia, al mismo tiempo que denunció que el equipo legal no ha tenido acceso a la carpeta de investigación. Exigió que se respeten las garantías individuales del Director General, que incluye la legítima defensa y el apego irrestricto al debido proceso.
AJA