La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su “profunda alarma” ante lo que considera un resurgimiento de mecanismos de censura en México, a través de decisiones judiciales, reformas legales y presiones institucionales que afectan a medios de comunicación y periodistas en distintas entidades del país.
En un pronunciamiento difundido esta semana, la SIP destacó varios casos recientes que, a su juicio, configuran una tendencia preocupante hacia la limitación de la libertad de expresión y el ejercicio periodístico independiente.
Uno de los casos señalados ocurrió en Campeche, donde un tribunal local ordenó al periodista Jorge Luis González Valdez abstenerse de referirse públicamente a la gobernadora Layda Sansores. Además, se impuso al medio Tribuna Campeche la obligación de someter su contenido a revisión previa por parte de un interventor judicial.
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La SIP consideró esta decisión como un caso de “censura previa”, prohibida tanto por estándares internacionales como por la Constitución mexicana, y recordó que una sanción anterior contra el mismo periodista ya había sido declarada inconstitucional por un tribunal federal.
Reforma penal en Puebla
En Puebla, la organización advirtió sobre la reciente reforma al artículo 167 del Código Penal, que amplía el delito de “ciberacoso” y tipifica la “violencia digital” con penas de prisión a quienes realicen publicaciones que “afecten la dignidad” de una persona. La SIP expresó preocupación por el alcance ambiguo de esta redacción, que —según señaló— podría utilizarse para perseguir a periodistas, activistas o ciudadanos críticos en redes sociales.
Presión institucional desde el INE
En la Ciudad de México, el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó al medio digital La Silla Rota entregar materiales relacionados con una investigación sobre supuestas listas de votación o “acordeones” utilizados durante las elecciones judiciales del 1 de junio. La SIP consideró que la amenaza de una multa de hasta 11 millones de pesos por incumplimiento representa una forma de “intimidación indirecta” que afecta el derecho constitucional al secreto profesional y a la protección de fuentes periodísticas.
La Alianza de MediosMx también reportó otros casos similares, como la orden del Tribunal Electoral de Tamaulipas para que El Universal y el periodista Héctor de Mauleón retiraran una columna crítica, así como un requerimiento al INE para solicitar a la periodista Laura Brugés que revelara la identidad de una fuente.
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Preocupación por precedentes institucionales
José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, afirmó que los casos mencionados “no son hechos aislados, sino síntomas de un entorno institucional cada vez más hostil al periodismo”. Añadió que el uso de herramientas judiciales, legislativas y administrativas para inhibir la crítica representa un riesgo para la democracia.
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, advirtió que estos hechos sientan precedentes graves. “Si un medio local es obligado a someter su trabajo al visto bueno de un interventor judicial, o si se penaliza a un ciudadano por opinar en redes sociales, se está institucionalizando el silencio”, declaró.
Contexto: de acuerdo con el Índice Chapultepec elaborado por la SIP, México figura entre los países con mayores restricciones estructurales a la libertad de prensa en el hemisferio, en un entorno caracterizado por la impunidad, la violencia contra comunicadores y, ahora, la instrumentalización del aparato institucional para censurar.
La censura previa es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como ha reiterado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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