TIJUANA, BC. - La orden ejecutiva del presidente Joe Biden para restringir las solicitudes de asilo y acelerar las deportaciones desde Estados Unidos tiene en la incertidumbre a albergues y migrantes. Activistas temen que el aumento de retornos provoque una crisis migratoria en la frontera y personas en tránsito, como Alma, que creen que la espera por una cita para entrar regularmente será aún más larga.
“Uno se puede esperar para hacer las cosas legalmente, pero ya es tanta la desesperación que algunos no se pueden controlar y le dan al cruce ilegal. Por lo que pienso, la situación sí nos va a afectar a todos. Nos va a afectar a todos los que estamos esperando y quién sabe cómo le hará el gobierno”, dice Alma.
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Ella llegó directamente a la garita internacional de San Ysidro para pedir asilo, pero la Guardia Nacional la dirigió a la aplicación
CBP One y después la llevó a la garita El Chaparral desde donde el Instituto Nacional de Migración (INM), la trasladó al refugio Juventud 2000.
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Allí, junto a su niño de 1 año 9 meses, tiene ya más de un mes esperando que las autoridades norteamericanas la reciban para escuchar su caso: está huyendo del padre de su hijo y para comprobar el riesgo viaja con una carta de hechos elaborada por una autoridad municipal de Oaxaca.
“La aplicación sí agarra, agarra bien, perfectamente. La cuestión es que la cita tarda, no llega. Te ponen que si eres escogido para una cita te lo hacen llegar por tu correo o por la aplicación en 21 días y en 21 días no llega la cita”, comenta.
Una misión imposible
José María Lara, fundador del albergue Juventud 2000, dice que los largos tiempos de espera para conseguir esa cita es lo que aumentó los cruces irregulares que ahora el gobierno norteamericano quiere contener con las nuevas restricciones.
Los migrantes como Alma que pasan las noches en las casas de campaña del refugio están esperando hasta 9 meses para ser atendidos por las autoridades estadounidenses mediante la aplicación digital.
“Esa situación ya se veía venir, estaba prácticamente anunciada. Como organizaciones, meses atrás decíamos que el programa de CBP era muy lento e iba a ocasionar precisamente lo que acabamos de mirar hace unos días con esta firma ejecutiva”, asegura el activista.
Migrantes entre la desesperación y zozobra
Alma afirma que la seguridad de su hijo y las repercusiones legales por entrar irregularmente a Estados Unidos es lo único que la han detenido, pero su desesperación es evidente.
“La presión es mucha, a veces se siente uno desesperado, a veces uno no puede con tanta situación, ver tanta gente y pensar por qué otras sí cruzan y yo no puedo”, mencionó.
Los 33 albergues para migrantes que hay en Tijuana rondan entre el 50% y el 60% de su capacidad para hasta 6 mil personas, de acuerdo con José María Lara, también coordinador de Alianza Migrante.
Pero entre quienes esperan un turno y las deportaciones que se avecinan, tanto el activista como la Dirección municipal de atención al migrante creen que los espacios pronto podrían verse rebasados.
El director Enrique Lucero Vázquez dice que aunque hubo una reducción de deportaciones en el último mes, lo habitual son entre 3 mil y 5 mil retornos de connacionales cada mes.
Algunos van a los albergues, otros regresan a su lugar de origen o tienen algún domicilio para llegar temporalmente.
“Pero sí, si esta orden ejecutiva se extiende, sí podríamos entrar otra vez en una etapa de saturación de los albergues (...) podría haber un incremento de retornados en 30% de lo normal”, estimó
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Deportaciones difíciles de medir
De lo que autoridades y albergues no tienen mucha información clara es del retorno de extranjeros a suelo mexicano. Sobre todo, luego de un reporte extraoficial del ingreso a Tijuana de 26 personas de Guatemala y una de Venezuela el pasado jueves 6 de junio, día en que iniciaron las nuevas medidas.
Enrique Lucero dijo que, aunque no saben de algún acuerdo firmado para eso, sí tienen versiones oficiales de que este país recibirá cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos y centroamericanos.
“Es muy difícil que esas cifras de deportados extranjeros vayan a ser publicadas. Esas cifras las va a resguardar la autoridad federal, las va a reservar”, añadió.
Al ser recibidos en México, el Instituto Nacional de Migración (INM), revisará su condición migratoria. Si es irregular definirá si las deporta o las libera con oficio de salida en un tiempo determinado que podrían utilizar para regularizar su estancia, explicó.
El fundador del albergue Juventud 2000 mencionó que, si los gobiernos de México y Estados Unidos enviarán extranjeros a territorio nacional, es necesario que también destinen recursos porque desde el arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador los albergues no reciben recurso federal.
“Las organizaciones hacemos nuestra parte de ayudar a estas comunidades con lo poco que tenemos, porque no tenemos recursos económicos”, destacó García Lara.
Pero Lucero Vázquez asegura que como autoridades sí tienen un plan: utilizar primero los tres albergues que administra la federación en Tijuana con capacidad para poco menos de mil personas, y si estos se saturan pasar a la red de asociaciones civiles dándoles apoyos en especie como alimentos y cobijas.
En última instancia, añadió, habilitarán un albergue en alguna unidad deportiva como en olas migratorias recientes.
“O hacer un acuerdo con Estados Unidos para que frene estos retornos. Que ya se ha hecho, se trabaja en conjunto. Cuando resolvimos el tema de los ucranianos y venezolanos nos hemos coordinado con ellos. Pero tengo fe en que no vamos a llegar a ese punto, porque creo que esa medida va a ser suspendida en una corte”, confió el funcionario municipal.