TUXTLA GUTIÉRREZ. - Por el delito de lesiones calificadas, Alejandro G. L. ingresó el 1 de abril de 2021 al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5, con sede en San Cristóbal de Las Casas, y a pesar de que estaba a punto de ser beneficiado con la preliberación, decidió fugarse el pasado jueves.
De acuerdo con los datos obtenidos, el hombre, originario de la comunidad Choliljá, municipio de Tenejapa, en la región Altos de Chiapas, permanecía en el edificio 2, de la celda 10 y la cama número 2. Su expediente, según una ficha técnica, es el 003851.
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De este hecho no se ha mencionada nada, a pesar de que este escape se dio un día antes de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, a la obra del puente atirantado del municipio de La Concordia, donde se han registrado hechos violentos como el del domingo 31 de marzo, con un saldo de 5 personas asesinadas tras un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y el crimen organizado.
Inclusive, La Silla Rota solicitó información a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), pero tampoco se ha emitido alguna información para saber más a detalle sobre la fuga de quien ahora es conocido como “El Chapito Guzmán” de Tenejapa o de Chiapas, quien fue sentenciado, en su momento, a 6 años de encierro.
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¿Cómo se dio este escape?
De acuerdo con fuentes consultadas, el jueves pasado (4 de abril), los custodios del CERSS 5 comenzaron a pasar lista en el patio de ese penal, sin embargo, para ese momento Alejandro ya no estaba.
En respuesta, decenas de elementos policiacos se desplegaron dentro y fuera de la misma prisión, aunque no obtuvieron resultados positivos. Inclusive, echaron mano de las cámaras de seguridad, pero tampoco tuvieron fortuna.
A través de su página de Facebook, la Colectiva Cereza, una organización que se encarga de acompañar, en materia jurídica, a mujeres que han sido víctimas de fabricación de delitos y encerradas injustamente, aclaró que, en el caso de Alejandro G., deben responder todas las autoridades competentes, “no sólo el director, también quien vigila la ejecución de sentencias, es decir el juez de ejecución (Joaquín H. D.)”.
Señaló de forma directa a un funcionario José Miguel Alarcón García, subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, “porque los directores no hacen nada sin consultarle”.
Entre otros detalles, expuso que ya se debe de detener la impunidad de directores y alcaides de los Centros Estatales Reinserción Social para Sentenciados (CERSS), “cada año mueren personas privadas de su libertad y se hacen pasar por suicidios. (Es necesario implementar) sanciones a los servidores públicos para la no repetición”.
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