La tercera diligencia de exhumación en las fosas de Jojutla avanza en medio de irregularidades, hasta el momento han sido extraídos más de 100 fragmentos óseos, junto con una botella que contenía un número de carpeta. Además, debajo de lo que se considera un supuesto memorial, se han localizado restos presumiblemente humanos, informaron miembros del Colectivo de Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla.
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Estas fosas, situadas dentro del panteón municipal “Pedro Amaro”, fueron utilizadas por la Fiscalía de Morelos para inhumar cuerpos de personas no identificadas ni reclamadas, de acuerdo con las versiones de los colectivos de víctimas. Sin embargo, la manera en que se realizaron estas inhumaciones no cumplió con el Protocolo de Exhumación estipulado por la ley, lo que pone en cuestión la legalidad y la transparencia del proceso.
La intervención en estas fosas comenzó en 2017, después de la presión de los colectivos de víctimas y por una orden judicial. Las exhumaciones fueron retomadas el 6 de noviembre de 2024, esta vez lideradas únicamente por la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), sin la participación de otras instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR) ni de la Guardia Nacional (GN). Esta situación encendió la alerta entre los colectivos de buscadoras, que exigieron la incorporación de estas instituciones para garantizar la transparencia y la eficiencia del proceso.
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La sombra de las irregularidades
Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao, un joven secuestrado y asesinado cuyo caso ayudó al descubrimiento de las fosas de Tetelcingo, destacó en entrevista con Amalia Hernández que la situación continúa siendo incierta.
“A día de hoy, ya contamos con la Guardia Nacional dentro de la fosa. Sin embargo, no han tomado muestra genética ni la Fiscalía del Estado ni la Guardia Nacional”, dijo. Hernández también mencionó que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNBPD) aún no ha determinado qué laboratorio se encargará de realizar los perfiles genéticos de los restos encontrados.
Un punto crítico señalado por los colectivos es la falta de personal especializado en las tareas de exhumación. A pesar de las denuncias, aún no se ha incorporado un equipo de antropólogos que certifique si los restos encontrados corresponden efectivamente a seres humanos. “Esto es fundamental, porque si los restos son de animales, debe descartarse esa posibilidad para evitar contaminaciones en el proceso", explicó Hernández.
La Comisión de Búsqueda del Estado de Morelos, por su parte, ha enviado personal sin la capacitación técnica adecuada para realizar los trabajos necesarios. Entre ellos, mencionó la presencia de un abogado, un periodista y un contador, personas sin perfil académico especializado en exhumaciones, quienes han tenido acceso a la zona cero, lo que representa un riesgo para la correcta ejecución de las labores. "Estas personas no están capacitadas para estar en el área. Tienen acceso a la zona cero, lo que puede contaminar el proceso", advirtió Hernández.
A pesar de estas irregularidades, la activista destacó que los restos encontrados se están embalando con la cadena de custodia correspondiente, aunque las instituciones involucradas aún no han logrado avanzar en la obtención de las muestras genéticas necesarias para la identificación. Según Hernández, los trabajos realizados hasta el momento por la Guardia Nacional y la Fiscalía han sido limitados. “Lo único que están haciendo es rascar, escarbar, y luego procesar los fragmentos en una criba. Después, la Fiscalía se los lleva. Pero, ¿qué va a pasar con ellos?”, cuestionó la entrevistada.
Uno de los hallazgos más sorprendentes durante las excavaciones fue una botella con un número de carpeta anotado en su interior. Este hallazgo fue documentado tanto por el notario como por la Comisión de Derechos Humanos, y según Hernández, representa una irregularidad en el proceso. "Este tipo de prácticas sistemáticas muestran cómo trabaja la fiscalía", subrayó.
A pesar de los avances, el trabajo de exhumación sigue siendo incompleto, y la dificultad de encontrar restos humanos completos complica aún más el proceso de identificación. “Hasta el momento, hemos encontrado cerca de 100 fragmentos óseos, pero todos son pequeños”, dijo Hernández. No obstante, estos fragmentos son esenciales para las familias de las víctimas, que continúan buscando respuestas y justicia para sus seres queridos.
Además, bajo un supuesto memorial “donde de ser un memorial no debería haber nada, encontramos restos que podrían ser humanos y ahí la fiscalía tendrá que explicar”, dijo.
Un llamado urgente
Frente a esta situación, Amalia Hernández lanzó un llamado urgente a las autoridades locales y nacionales para garantizar la correcta realización de las investigaciones.
"Mi llamado es a la máxima autoridad de otro poder aquí en el estado: la gobernadora. Ella debe instruir a asesores jurídicos o encontrar la manera de enlazarse con alguna institución que pueda observar de manera objetiva el trabajo que se está realizando", manifestó con firmeza.
Además, destacó la importancia de la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que podría contribuir a la supervisión y transparencia del proceso. Hernández también solicitó la participación activa de la CNDH, dado que la fiscalía ha argumentado que la denuncia presentada en 2022 fue la que reactivó las exhumaciones, pero el defensor señaló que aún es necesario fundamentar la intervención de la CNDH.
La urgencia de una intervención externa también fue subrayada por Hernández, quien expresó que los hallazgos podrían involucrar a víctimas extranjeras. "Ya hemos identificado a una persona de otro país en el caso del 5, lo que subraya la importancia de la cooperación internacional en estos procesos de identificación y repatriación de cuerpos", añadió.
Finalmente, Hernández destacó la necesidad de que los Colectivos Nacionales se sumen al esfuerzo de supervisar los trabajos de exhumación. "No podemos permitir que el esfuerzo quede limitado a los grupos locales, que han sido claramente influenciados. Es fundamental que los colectivos nacionales vengan a observar lo que está sucediendo", declaró.
El trabajo realizado en Jojutla sigue siendo insuficiente y, según Hernández, la gobernadora debe involucrarse de manera activa en el proceso. "No podemos aceptar que se excuse de participar por temor a politizar el asunto. Las víctimas no somos apolíticas. Lo único que buscamos es encontrar a nuestros familiares", concluyó.
La falta de transparencia y el incumplimiento de protocolos en las exhumaciones continúan siendo un desafío importante en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias, quienes temen que este proceso se alargue aún más sin los recursos y la supervisión adecuada.
VGB