Familiares de víctimas de la violencia y colectivos de búsqueda impidieron los trabajos de reapertura de las fosas de Jojutla, con una valla humana y exigieron la presencia de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN). Estas diligencias corresponden a la tercera apertura de las fosas de Jojutla; la primera ocurrió en 2017 y la segunda en 2022.
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Estas fosas son, en realidad, fosas comunes que están al interior del panteón Pedro Amaro, en Jojutla, en las que la Procuraduría General del Estado de Morelos, hoy Fiscalía General del Estado (FGE), inhumó de manera irregular decenas de cuerpos de personas no identificadas, violando los protocolos establecidos por la ley.
Inauguran los trabajos de reapertura
A las siete de la mañana, Luis Goytia, fiscal especial de desapariciones, presentó a las familias y colectivos al personal asignado a los trabajos de exhumación, incluidos peritos y la ministerio público que dirigirá las acciones; asimismo, se presentó al notario público número 2 de Yautepec, Jesús Toledo.
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Algunas integrantes de colectivos cuestionaron que la FGE pretendiera realizar los trabajos sin la presencia de la FGR y de la Guardia Nacional, ya que esto obstruiría la posibilidad de confrontar los perfiles genéticos. Además, cuestionaron la garantía de que todos los peritos y la ministerio público cuenten realmente con la certificación adecuada para realizar estas acciones. En respuesta, el fiscal especial de desapariciones aseguró que la Fiscalía de Morelos solicitó por oficio la participación de la FGR y la GN, pero obtuvo una respuesta negativa.
Las buscadoras solicitaron acceso al documento, ya que la información recibida indicaba que los oficios se enviaron de manera inadecuada. Hubo una negativa por parte del fiscal, quien accedió únicamente a mostrarlos a los visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM). Finalmente, también se dio lectura a dichos documentos frente a Valeria Zapata, vocera de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas (BNBP), y se expuso la total oposición a que los trabajos se realicen sin garantías para las víctimas de que las exhumaciones y la toma de muestras se realizarán de manera adecuada.
En entrevista Luis Goytia, fiscal especial en desapariciones, dijo que las nuevas diligencias en la fosa de Pedro Amaro, en colaboración con peritos del Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF). Durante su mensaje, Goytia señaló que esta fase es una continuación de los trabajos previos realizados en el lugar, en respuesta a las demandas de transparencia de los familiares de personas desaparecidas.
"Amablemente, el trabajo que se va a realizar el día de hoy y los días subsecuentes es un trabajo de continuación sobre diligencias que se han hecho en otros años. Ustedes mismos han presenciado esas diligencias en acompañamiento a las víctimas", expresó Goytia, quien recordó que la solicitud para que el EMAF participe fue hecha por los mismos colectivos a inicios de año.
El fiscal explicó que la intervención de los peritos fue certificada desde enero en la carpeta de investigación y que su trabajo ha consistido en revisar tanto los expedientes como los procesos anteriores para crear un plan de trabajo. "El plan de trabajo inclusive se va a hacer público. El día de hoy se va a publicar para que ustedes puedan tener acceso y todas las víctimas puedan tener acceso a todo el proceso que se va a llevar a cabo", afirmó.
Los trabajos en la fosa podrían extenderse entre dos y cinco semanas, dependiendo del avance de las labores en "zona cero". Además, Goytia destacó la colaboración de diversas instituciones y expertos en el proceso, incluyendo un perito de la Federación y representantes del Ministerio Público Federal para brindar apoyo a las víctimas con "todos los servicios multidisciplinarios" necesarios, como verificación de catálogos, toma de muestras biológicas y asesoramiento psicológico y jurídico.
"Se ha garantizado la participación de otros peritos expertos también, de los cuales ustedes ya tuvieron la presentación, tanto del equipo de la EMAF, así como de servicios periciales", indicó Goytia, añadiendo que también estarán presentes la Comisión de Búsqueda, la Comisión de Víctimas y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), quienes mantendrán un monitoreo completo de la diligencia.
Frente a la pregunta sobre la desconfianza de algunos colectivos debido a la falta de presencia de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República en estas diligencias, Goytia defendió los avances de la Fiscalía en materia de identificación genética. "A diferencia de otros procesos que ustedes conocen, en el año 2023 se certifica la fiscalía, el laboratorio de genética actualmente se ha certificado a nivel internacional. La certificación no solamente es el tema del laboratorio, sino compete tanto el equipo, las instalaciones como el personal", aseguró.
Asimismo, subrayó que el Estado garantizará la legalidad y transparencia de las labores mediante la presencia de un notario que dará fe de todo el proceso.
FGR inicia trabajos pese a la inconformidad de familias
Pese a los reclamos, personal de la fiscalía ingresó y, a las 9:15 horas, inició trabajos de cribado para el cierre del área que se pausó en la reapertura de 2022. En punto de las 10 de la mañana, los trabajadores tomaron un receso para desayunar.
Ese espacio fue aprovechado por las víctimas para ofrecer una conferencia de prensa, en la cual la vocera de la BNBP informó sobre el contenido de los oficios girados por la FGE a la FGR y la GN. Detalló que quedó evidenciado que, a pesar de haber tenido meses para realizar las gestiones, la FGE envió los oficios apenas hace 15 días. Tanto la FGR como la GN respondieron negativamente; entre los argumentos figuraba el exceso de trabajo. Por ejemplo, la Guardia Nacional justificó su negativa al argumentar que tenía a sus elementos concentrados en el Tren Maya y otras obras.
"Sin embargo, hacemos hincapié en que estas actividades por las cuales se niegan a participar no están vinculadas a su área científica", señaló.
Lanzan exigencias y piden intervención de Sheinbaum
Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Morelos, anunciaron que suspenderán los trabajos de exhumación en el cementerio de Jojutla. La medida responde a graves fallas de la Fiscalía General del Estado de Morelos en la gestión y transparencia de los procesos de identificación de los restos hallados en fosas comunes.
Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao Navarrete —joven secuestrado y asesinado en 2014, y localizado en las fosas de Tetelcingo—, denunció que la fiscalía estatal ha sido ineficiente en la obtención de perfiles genéticos, fallando previamente en 2016 y 2017, lo que genera un riesgo de nuevos errores en la identificación de cuerpos.
“La Fiscalía de Morelos fue incapaz de obtener perfiles genéticos fiables en 2016 y 2017. No podemos permitir que esa ineficiencia se repita y se condene a nuevas desapariciones a los restos que están aquí, sin la certeza de su identificación”, señaló Hernández. Además, los familiares de víctimas expusieron que, en 2022, la fiscalía excluyó a los colectivos de reuniones clave para la planeación de los trabajos y se ha negado a proporcionar minutas en su versión original, limitando el control y la transparencia en las diligencias.
Ante estas deficiencias, los colectivos decidieron impedir el acceso de los trabajadores de la fiscalía al sitio de exhumación hasta que se asegure la intervención de autoridades federales y peritos externos que brinden confianza en la identificación de los restos. Hernández expresó: “Somos conscientes de las posibles consecuencias de estas medidas, pero es la única forma de evitar que los restos aquí exhumados terminen en una nueva desaparición, si no son debidamente identificados y devueltos a sus familias”.
Finalmente, los colectivos elevaron su petición a la presidenta Claudia Sheinbaum, solicitando su intervención ante la falta de respuesta de la gobernadora Margarita González Sarabia. Hernández indicó: “Si la gobernadora sigue desoyendo nuestros llamados, no tendremos otra opción que recurrir a la presidenta de la república. Con su jerarquía e investidura, esperamos que convoque a las instituciones pertinentes para que estos trabajos de identificación puedan realizarse de forma digna y transparente”.
Amalia Hernández, integrante del Colectivo Tetelcingo y Jojutla, advirtió que las familias no permitirían que continuaran los trabajos sin la participación de instancias que brinden certeza a las familias. Anunció que impedirían el acceso a los trabajadores de la fiscalía.
Bloquean acceso a zona de trabajo
Al terminar la conferencia de prensa, integrantes de los colectivos de víctimas, principalmente mujeres, realizaron una cadena humana con la que bloquearon totalmente el acceso a la zona de trabajo. Poco a poco se empezaron a concentrar los trabajadores de la FGE con la intención de continuar sus labores, pero no pudieron ingresar.
Un trabajador de la fiscalía se acercó a la representante de la BNBP para dejar en claro que era inadecuado que aspiraran a la intervención de la gobernadora o incluso de la presidenta de la República para que continúen los trabajos; además, consideró que era irresponsable frenar las acciones solo porque no se encontraba la FGR.
Las familias se mostraron contundentes en su decisión de no moverse hasta que arribara el fiscal del estado, Uriel Carmona, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) y se cuente con la participación de la GN y FGR.
Los trabajadores ingresaron al área de trabajo uno por uno para recuperar sus pertenencias, equipo y medicamentos. Hasta el cierre de esta edición, no había indicios de que alguna autoridad, incluida la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, atendiera el tema de manera personal.
VGB