TUXTLA GUTIÉRREZ. - En 2014, un grupo de hombres y mujeres de la colonia Maya, municipio de San Cristóbal de Las Casas, inició una lucha contra la tala de árboles de pino en una zona considerada como “pulmón natural”, donde se pretendía crear el fraccionamiento La Moraleja.
Tras varios años de un proceso legal engorroso e incluso de sufrir órdenes de aprehensión como manera de intimidarlos, lograron proteger una montaña de pinos y, sobre todo, a decenas de familias que, con el paso del tiempo, serían víctimas del ecocidio.
En julio del año pasado, otra situación los pondría en alerta: la construcción de una gasolinera en un área no permitida de esa misma unidad habitacional, pero con el permiso, de manera irregular, de la autoridad municipal, encabezada por el alcalde Mariano Díaz Ochoa.
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Sin embargo, esta nueva amenaza les generó mayor incertidumbre, pues no sólo la consideran una “bomba de tiempo”, sino que en abril pasado apareció una lona colocada en una de las bardas perimetrales de esa obra, con los logotipos de más 22 organizaciones, entre éstas “Los Vans”, una de las tantas bandas delincuenciales relacionadas o “bautizadas” con los motonetos, quienes han sembrado terror en la región.
Sergio Hernández, integrante de la Mesa Directivo de la colonia Maya, afirma que sin duda esta obra no cuenta con los permisos correspondientes, y al intentar solicitárselos al Ayuntamiento en enero de este 2023, éste nunca accedió.
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“Esa licencia no estaba en el portal de transparencia del municipio, cuando debería ser pública”.
Por ello, recuerda que tuvieron que solicitar el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que, a través de esta instancia, obtuvieran el expediente completo sobre la obra, “y sólo así lo conseguimos”.
IRREGULARIDADES PALPABLES
De acuerdo con la investigación, José Toledo Ramos, exdirector de Desarrollo Urbano Municipal, fue el funcionario que autorizó la licencia de construcción en una supuesta “zona de equipamiento urbano”, cuando se trata de una zona de centro de barrio donde están establecidas sólo construcciones no mayores de 10 metros cuadrados.
Según Sergio, ellos cuentan con todos los expedientes basados en la Carta Urbana, con lo que se demuestra que allí no se pueden edificar estaciones de combustible.
Lo más lamentable, evidencia, es que, como el dueño de esa obra, Francisco Javier Herrera, cuenta con la licencia, entonces en automático también obtiene los permisos ante otras instancias como Ecología o Petróleos Mexicanos.
“Lo increíble es que a este empresario el mismo día que le dieron esa licencia de construcción, le entregaron la licencia de uso de suelo, todo rapidísimo; cuando a una persona normal como yo u otro vecino, que tiene que hacer un trámite en el Ayuntamiento, le ponen miles de obstáculos para gestionar uno”, cuestiona.
Según los colonos inconformes, hay otro personaje clave en el otorgamiento de los permisos y quien, para ellos, debería ser investigado: Damián Esteban Cancino Carballo, director responsable de obra (conocido como DRO), quien también está vinculado con el ecocidio que sería mayor si se hubiera construido La Moraleja.
HAY TEMOR
Ante la organización de los colonos, apareció la mencionada lona con las supuestas agrupaciones que defienden al empresario y su construcción.
Sergio y Eustasio Hernández Vázquez, actual representante de la Mesa Directiva de la Maya, muestran un documento que llevaron a la CEDH y al mismo Ayuntamiento de San Cristóbal, en donde muestran la fotografía de la lona con los logotipos de las organizaciones que “protegen” la misma.
“No sabemos ni quiénes son estas organizaciones que apoyan a esta obra, no sabemos si hay algunas de ‘motonetos’, y por eso pedimos que investigaran”, refiere Sergio.
Sin embargo, La Silla Rota indagó y, por ende, identificó que hay al menos tres “organizaciones” relacionadas con actividades delincuenciales, entre éstas “Los Vans”.
Cecilia Vázquez, otra de las integrantes de la Mesa Directiva de la colonia y también parte de la organización “Somos La Maya”, recuerda que, durante varios meses, detectaron a jóvenes en motocicletas en esa zona, a manera de intimidar a los vecinos.
“Decían que ellos estaban para cuidar las obras, y que, si los habitantes de la colonia Maya intentaban detener la obra, ellos les hablarían a más compañeros para que ‘se dejaran venir’”, expone. Para evitar un enfrentamiento, dice, decidieron irse por la vía legal.
SU PRIMERA LUCHA Y EL RECONOCIMIENTO
El año pasado, los colonos organizados recibieron el Premio “Mariano Abarca” por parte de 36 organizaciones locales, nacionales y de extranjero que reconocen la lucha por la defensa del territorio y el medio ambiente.
De hecho, Mariano Abarca era un activista del municipio de Chicomuselo que se oponía a los trabajos de una empresa minera de Canadá, llamada “Black Fire”, pues estaba convencido de que ésta sólo generaría más destrucción y enfermedades en la zona. Por ello, el 27 de noviembre de 2009 fue asesinado, de varios balazos, en la puerta de su vivienda.
Al respecto, Eustasio rememora que su lucha no es actual, sino que se remonta a otros años en defensa del medio ambiente, como cuando intentaron talar cientos de pinos en la montaña de la zona. Además, agrega, han defendido los manantiales que les surten de agua.
Está consciente, apunta, de la depredación que ha vivido este Pueblo Mágico a lo largo del tiempo, y prueba de ello es que sus montañas prácticamente han sido “devoradas” por máquinas y “volteos” que extraen material.
“A los bancos de arena nadie los puede parar, entonces, tenemos que defender esto poco que queda de una zona con árboles, en la zona sur; imagínese lo que vivimos hace unas semanas con el intenso calor…”.
Presume que, ante esa lucha que han sostenido, se ganaron el respeto y por eso cree que esas más de 30 agrupaciones decidieron reconocerlos.
“No nos hemos dejado, sólo hemos defendido nuestro derecho, como ahora lo hacemos con esta gasolinera”.
Cerca de uno de los accesos a la montaña, ellos mismos construyeron una cabaña en donde efectúan sus reuniones para analizar los temas inherentes a la misma. Incluso, en un letrero se puede leer: “¿Qué mundo quieres? ¿Paz o destrucción?” Y con unas flechas señalan hacia donde, en 2014, vivieron el episodio de ecocidio.
LA LUCHA SEGUIRÁ
Pese a que hay incertidumbre porque sabe que, al final de cuentas, las amenazan se podrían cumplir, Cecilia Vázquez puntualiza que no se detendrán, pues lo que desean es que haya una suspensión de la licencia.
“Presentamos una denuncia ante el Órgano de Control Interno del Ayuntamiento sancristobalense, con copia a la Auditoría a nivel estatal, para que se tomen las medidas administrativas; aunque estamos conscientes de que éstos con la misma cobija se tapan”.
Los colonos insisten en que el riesgo de establecer esa gasolinera en ese sector es demasiado alto, sin embargo, saben que se enfrentan a “un monstruo”. Para ellos, dice, es preocupante porque saben que tocan intereses políticos y económicos fuertes no sólo de San Cristóbal de Las Casas sino a nivel estado.
“Sabemos que hay venganzas, y lo hemos vivido en otras luchas, cuando han criminalizado a compañeros”.
Para Eustasio Hernández, es importante dejar en claro que como pobladores no están en contra del desarrollo, siempre y cuando haya transparencia. Lo que le duele, afirma, es que han acudido ante un “abanico” de dependencias e incluso han acudido a un sinnúmero de sesiones de Cabildo, pero sólo los ignoran o les ponen más “trabas”.
“Si una gasolinera está hecha a base de: ‘Si eres mi compadre’, si das dinero por debajo del agua, pues así no se vale”. Prueba de ello, dice, es que el propio presidente municipal no ha cumplido con lo prometido: escucharlos y atender la problemática.
Mientras tanto, la gasolinera está a punto de quedar al 100 por ciento, e incluso de que empiece a operar. “No se puede permitir esto, porque es una zona demasiado transitada por vehículos, sobre todo camiones de carga y estudiantes”.