TUXTLA GUTIÉRREZ.- Cinco madres de víctimas de feminicidio y desaparición comenzaron este viernes un plantón indefinido en la entrada principal de Palacio de Gobierno de Chiapas, en demanda de que el propio gobernador Rutilio Escandón las atienda y les dé soluciones.
Para ello, colocaron flores, veladoras y ataúdes de cartón con las imágenes de víctimas de feminicidio, cuyos casos aún no obtienen justicia, como el de Jade Guadalupe Yuing Gómez, Karla Yesenia Velasco Gómez, Paola Ocampo Alcázar, entre otros.
El pasado 17 de diciembre, un comando ingresó a un salón de fiestas del municipio de Berriozábal, y levantó a cuatro personas, entre éstas a Cassandra Isabel Arias Torres y su pareja, cuyo paradero, hasta la fecha, es incierto.
Te podría interesar
En entrevista, Isabel Torres, su madre, advierte que la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha hecho las investigaciones necesarias para dar con el paradero de su hija:
“dicen que han buscado, pero no hay indicios; todo sigue igual, en la carpeta de investigación sólo está lo que declaré, no hay más qué anexar” declara.
Pese a que han hecho una ardua labor de volanteo, pega de carteles en postes y bardas, y caminar muchos kilómetros, refiere que, por desgracia, no cuentan con ni una sola pista.
Por ello, insiste en que no se moverá del plantón hasta que el Ejecutivo estatal les dé la cara, sin intermediarios, “dicen que no está por acá, pero lo vamos a esperar”.
Paola: Otro caso que no avanza
Otra noticia que cimbró, no sólo a los chiapanecos, sino a todo el país e incluso en otros lados del mundo, fue el presunto feminicidio de Paola Yazmín Ocampo, cuyo cuerpo fue hallado, flotando, en una cisterna de la Escuela Primaria “David Gómez” de Tuxtla, el pasado 8 de diciembre.
De hecho, la trabajadora de esa institución salió de su casa un día antes, y a partir de ese momento sus familiares y pareja no volvieron a tener contacto con ella. Pese al poco avance, ese centro educativo ya reabrió sus puertas luego de algunas semanas de que se mantuvo cerrado para que las autoridades hicieran las pesquisas necesarias.
Ante ello, Flor Emilia Alcázar Coutiño, mamá de la víctima, lamenta que, hasta el momento, no haya avances, y lo peor es que esa escuela ya esté abierta, “por qué permitieron que la abrieran, si aún se supone que siguen las investigaciones”.
Al igual que Isabel Torres, advierte, lo que exige es hablar directamente con el gobernador, pues ni siquiera el fiscal general las ha querido recibir. “Secretaría (de Educación) nada, el Sindicato de mi hija nada (en referencia a la Sección 7 de la CNTE), al igual que los directivos de la escuela donde ella laboró (por al menos seis años); todos calladitos”.
Pese a esta demora, Flor manifiesta que sí tiene esperanza en que se le haga justicia:
“yo soy la voz de mi hija, y acá estaré en resistencia, aunque me sienta cansada”.
Chiapas en números rojos
De acuerdo con el Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres en el estado, entre marzo y abril se han registrado 35 muertes violentas de mujeres, de los cuales una decena fueron considerados como feminicidios.
En abril pasado, de las 15 muertes, tres fueron feminicidios, cuatro homicidios, tres suicidios, cuatro muertes accidentales, un posible feminicidio y tres feminicidios en grado de tentativa.
Mientras que en marzo, el Observatorio contabilizó 20 casos, de los cuales siete fueron feminicidios consumados, igual número de homicidios culposos, tres suicidios sin carta póstuma y tres accidentales. Además, en ese tercer mes de 2023 hubo 14 feminicidios en grado de tentativa.
Uno de los casos que cimbró a la sociedad durante abril, fue el de Verónica Vianney, de 33 años de edad, quien fue asesinada a balazos a la altura del tramo carretero federal San Cristóbal de Las Casas-Chiapa de Corzo.
Asimismo, detalló, el Soconusco es la región en donde se han presentado más casos de violencia familiar; en el tema de violencia sexual, se tienen 37 registros.
Según la misma fuente, la mayor incidencia de violencia sexual se establece en el rango de niñas y mujeres menores de edad:
“un fenómeno que se observa mes con mes; además, la mayor cantidad de movimientos de procesos jurídicos están en regiones como el Soconusco y la Maya, con 16 y seis casos”.
Sobre las denuncias de mujeres y niñas desaparecidas, ese organismo autónomo reveló que se contabilizaron 56, de las cuales 15 aún no son localizadas.
Entre otros detalles, subrayó que los municipios considerados como “focos rojos” por muertes violentas de mujeres son: Playas de Catazajá, Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa, Mapastepec, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Zinacantán:
“He venido varias veces a Chiapas, y en ninguna nos ha dado la cara el fiscal, ni el gobernador”
Irinea Buendía Cortez, madre de Mariana Lima Buendía, asesinada el 28 de junio del año 2010 por su expareja, manifiesta que no ha habido voluntad política para resolver los casos de feminicidio.
Incluso, externa que no es necesario ampliar la Alerta de Violencia de Género en Chiapas, entidad que cuenta con la misma en siete municipios (algunos de ellos Tuxtla, Tapachula y Tonalá), “las leyes están ahí sobre la mesa, la sentencia Mariana Lima es muy clara: tiene leyes, protocolos, estándares, lineamientos, criterios nacionales e internacionales”.
Tras recordar que por el caso de su hija (mismo que quiso ser investigado, en principio, como suicidio), en la actualidad todas las muertes violentas de mujeres se investigan bajo el protocolo de feminicidio, menciona que es necesario que las carpetas de investigación estén bien sustentadas para que haya sentencias ejemplares en contra de los feminicidas.
“Que no la puedan tirar ni siquiera en segunda instancia, pero por desgracia el Ministerio Público, ya sea por corrupción, simulación, u otros factores, la arma de forma inadecuada, y por eso muchas veces no hay sentencias ejemplares”.
Irinea Buendía ha recorrido 15 estados, desde diciembre pasado, como parte de una caravana en busca de justicia. Sin embargo, la única entidad en donde las autoridades la han escuchado y recibido es Durango.
Al respecto, refiere que han estado los tres poderes:
“les dije que no hicieran compromiso conmigo ni con las madres de víctimas, sino que lo hagan ellos mismos, que en realidad incorporen los criterios y todo lo que dice la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el Poder Legislativo, el fiscal y los magistrados de ese lugar se comprometieron en que sí lo harían”.
De hecho, agrega, se espera que con el ejemplo que dé la entidad duranguense, otras también se apeguen a esos lineamientos.
Más pruebas que confirman el feminicidio
Adriana Gómez Martínez, madre de Jade Guadalupe Yuing Gómez, quien apareció muerta el 14 de enero de 2020 dentro del Instituto del Deporte (Indeporte) de Tuxtla, lamenta que, pese a que hay evidencias de que se trató de un feminicidio, la Fiscalía se niegue a realizar las pesquisas con base en el protocolo establecido a nivel nacional.
Convencida de que su hija entró caminando a esa dependencia “pero me la entregaron en un cajón”, refiere que hace dos semanas la Fiscalía General de la República (FGR) le entregó un estudio (criminalística de campo) efectuado en este año, cuyo resultado es contundente: la joven judoka fue asesinada en ese lugar, y no se quitó ella misma la vida, como así se planteó desde un principio.
“Queremos que el gobernador sepa todas las omisiones, que sepa por qué no está judicializada la carpeta de mi hija, cuando ya hemos comprobado de que se trató de un feminicidio; acá traemos el estudio en físico”.
Según ella, ha sido la directora general del Indeporte, Tania Robles, quien ha obstaculizado los avances para que Jade no obtenga justicia.
“Sólo pido que me entreguen al asesino, que ya no lo escondan más”.