TUXTLA GUTIÉRREZ. – Semidesnudo y sólo con un bóxer, Carlos fue ingresado de emergencia al Hospital General “Dr. Gilberto Gómez Maza” el 30 de octubre de 2019 por la madrugada, debido a que su condición de salud era grave; un día antes, elementos de la Policía Especializada de la Fiscalía General de Chiapas lo arrestaron y lo sometieron a tratos crueles e inhumanos.
De acuerdo con Julia Hernández Hernández, su esposa, y quien también fue detenida en esa ocasión, pero liberada a los tres días (ambos acusados por presunta posesión de mariguana), cuenta que ellos se dedicaban al comercio en el centro de esta ciudad tuxtleca, y no entiende por qué las autoridades actuaron de esa manera.
La mujer, quien también fue torturada en esa ocasión aunque no presentó secuelas graves, lamenta que, a tres años y siete meses, Carlos Antonio López Robles aún continúe en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 14, con sede en el municipio de Cintalapa, Chiapas.
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EL CALVARIO DE LA INJUSTICIA
El 29 de octubre de 2019, como a las seis y media de la tarde, Carlos y Julia, ambos originarios de Tuxtla, acudieron a la casa de la hija de ella en la colonia Las Granjas, de esta misma capital, cuando los policías arribaron al lugar, entraron sin una orden de aprehensión y los sometieron.
Sin embargo, el primero en ser sacado por la fuerza fue Carlos; a los 20 minutos, los uniformados regresaron por ella; durante el forcejeo, la tomaron de la cabellera, le vendaron los ojos y la golpearon en el estómago.
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“Me exigían que les dijera dónde estaban las armas, que como yo sabía que él había robado, y hasta se llevaron un maletín de nosotros, pero con pura ropa sucia; hasta me robaron dinero, un DVD de mi hija…”.
De acuerdo con el relato de la mujer, en el desarrollo del proceso se han detectado una serie de inconsistencias: la primera es que la autoridad manifestó que las detenciones se registraron el 23 de octubre de 2019.
Entre otros detalles, relata que en ningún momento les hallaron droga, ni armas, ni otras cosas supuestamente robadas por ellos. Para colmo, quienes fungen como testigos de los ilícitos no se han aparecido, y el Ministerio Público argumenta que se han enfermado.
Julia, casi a punto del llanto, recuerda que, para no sufrir más lesiones por la tortura y tras ver que ella también era “castigada”, a Carlos no le quedó más que firmar unos documentos que le presentaron los policías, en donde aceptaba los delitos que le imputaban.
“Se echó la culpa con tal de que a mí me dieran mi libertad, gracias a Dios me dieron mi libertad, pero no es justo, no hicimos nada”, manifiesta.
PARÓ EN EL HOSPITAL
Luego de ser torturado, a Carlos, hoy de 38 años de edad, los elementos de la Fiscalía lo tuvieron que trasladar al Hospital General “Dr. Gilberto Gómez Maza”, donde fue sometido a una laparotomía exploradora, cirugía que consiste en abrir del pecho al abdomen para verificar si algunos de los órganos presentan daños.
Durante el tiempo que estuvo en ese nosocomio público, fue custodiado por las mismas autoridades. Como no le dieron el tiempo suficiente para recuperase pues fue llevado casi de inmediato a la cárcel, ha sobrevivido como puede.
Incluso, durante las audiencias que se han efectuado, existen videos en donde se observa que Carlos es llevado en silla de ruedas porque se le complicaba la movilidad de sus extremidades inferiores. Por ello, desde el 7 de noviembre de ese año, un juez de Control ordenó a la Fiscalía que investigara posible tortura.
En la actualidad, las secuelas en su cuerpo son notables: no puede caminar bien, pues una de sus piernas presenta daños por los golpes; se le dificulta ingerir cualquier tipo de alimento, entre otras no menos delicadas.
Julia asevera que él sufre mucho, “quiere saber qué le hicieron, no puede caminar bien, y tiene miedo de morir en prisión”.
VEJACIONES SON CONSTANTES
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (“Frayba”), en la actualidad registra por lo menos 50 casos similares de fabricación de delitos y tortura; de hecho, Jorge Gómez, abogado de esa organización no gubernamental, advierte que la FGE mantiene un mismo modus operandi:
“Detienen de forma ilegal a una persona por 48 horas, la torturan, le inventan un ilícito, luego la liberan, pero asimismo le ejecutan la orden de aprehensión que, además, la llevan ante un juez; hay una complicidad entre la Fiscalía y los jueces”.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), en 2021 el 64.5 por ciento de las personas en esa condición advirtió que sufrió algún acto de violencia, realizado o permitido por la policía o autoridad, después de la detención hasta antes de llegar al Ministerio Público.
Esta muestra, elaborada por el Instituto Nacional de Geografía e Historia (Inegi), se efectuó entre el 14 de junio y 26 de julio de 2021, lo que arrojó un total de 67,584 personas (de las cuales 55,535 eran hombres) encerradas en 203 centros penitenciarios de los ámbitos federal y estatal de las 32 entidades federativas del país.
LARGAS AL PROCESO
Aunque en un principio el delito imputado a Carlos era por poseer droga, en la actualidad es señalado por homicidio en grado de tentativa en contra de un elemento de la policía. Al respecto, Jorge Gómez cuestiona que sea la misma Fiscalía “la que se tenga que investigarse a sí misma”.
Por ello, dice que ya recurrieron ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo que obligaría al Estado a actuar con transparencia y resolver de inmediato este caso.
De acuerdo con él, las “trabas” en el proceso han sido muchas, como el que la audiencia del juicio oral se haya postergado en seis ocasiones; “desde noviembre estaba programada, y ahora nos dicen que será el 24 de mayo venidero, porque la Fiscalía aún no presenta sus pruebas”.
Como “Frayba”, asegura, están convencidos de que la autoridad ha utilizado credenciales de elector de testigos falsos, “se tienen que presentar en ese juicio, pero lo más seguro es que no lleguen”.
Lo que buscan desde este miércoles, 17 de mayo, es que el juez de la Causa pueda resolver la libertad de Carlos Antonio, para que éste siga su proceso, pero en arraigo domiciliario.
“Ya cumplió tres años y siete meses en prisión, y la Constitución marca un máximo de dos años que una persona puede estar sujeta a prisión preventiva, es decir que se ha convertido en un encierro arbitrario”.
De nueva cuenta, Julia expone que les hicieron una “oferta”: que Carlos acepte el intento de homicidio, pues le darían cinco años de prisión y tendría que pagar la reparación de daños.
“Pero, de dónde, si no tenemos dinero. Y otra, si no acepta la propuesta, pasaría 14 años encerrado”.
Mario Alberto Ortega, integrante del equipo de Incidencia Internacional del “Frayba”, critica que los jueces “le entren al juego” de la fabricación de culpables, al menos para alargar la detención y por ende los procesos.
Lo peor de todo, lamenta, es que el caso de Carlos no presente avances, “y ante esto, tuvimos que acudir ante una instancia internacional, cuyas decisiones sí tienen que ser respetadas por el Estado mexicano”.
Para él, no sólo se busca la libertad del imputado, sino que se le repare el daño a él y a su esposa, pues es común que, cuando salen de prisión, “el gobierno se ‘olvide’ de sus responsabilidades”.