CHIHUAHUA.- El lunes 27 de marzo, la estación migratoria de Ciudad Juárez se convirtió en un infierno luego de que un venezolano prendiera fuego a unos colchones en protesta por diversos maltratos y abusos al interior de esa estancia temporal, comparada por muchos como una prisión. El saldo oficial fue de 40 migrantes muertos y 27 heridos.
Sin embargo, las irregularidades en la operación de la estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) que provocaron esta tragedia siempre estuvieron a la vista de todos, pero nadie hizo nada. De acuerdo con testimonios de algunas víctimas, era un centro de corrupción y omisión.
Apenas este martes 26 de abril, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó la acusación formal en contra del comisionado del INM, Francisco Garduño, por el incendio. Es acusado del delito de ejercicio indebido del servicio público, además de incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo.
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Aquel fatídico lunes, 40 hombres murieron asfixiados y quemados dentro de una celda del INM, tragedia que evidenció los hierros de la política migratoria de México. La mayoría de los fallecidos, 18, eran de Guatemala, 7 de Venezuela y 7 de El Salvador, 6 de Honduras y 1 de Colombia. El más joven tenía 18 años, el mayor 51. Todos eran hombres. Las mujeres se salvaron porque estaban en celdas separadas.
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Todos ellos habían sido arrestados y trasladados al centro de detención por no tener los papeles en regla, pero no estaban acusados de ningún delito. Ahora están muertos porque los guardias no quitaron los candados de su celda.
LOS DETENIDOS
Cuando se desató el incendio, provocado a modo de protesta dentro de la celda, los agentes migratorios y de seguridad se marcharon sin abrirles la reja. Fueron los bomberos quienes forzaron la entrada unos 15 minutos después para rescatar a los supervivientes.
Hasta el momento son siete los funcionarios del INM detenidos por su implicación con esta tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, además de un guardia de seguridad privada y un migrante, acusado de prenderle fuego a los colchones.
El 4 de abril fueron vinculados a proceso Daniel G.Y., representante local Noroeste del INM (subdirector); así como los agentes federales de migración, Rodolfo C. de la T. y Gloria Liliana R. G., por los delitos de homicidio y lesiones.
El 13 de abril, la FGR detuvo a Eduardo A. M., jefe de Recursos Materiales, y a Juan Carlos M. C., coordinador del Grupo Beta Protección Migrante, ambos detenidos en Ciudad Juárez; así como a Cecilia R. T., agente migratoria.
A los tres se les formularon cargos legales por los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público dentro de la causa penal 235/2023.
También están vinculados a proceso por los mismos hechos un guardia seguridad privada, identificado como Alan Omar P.V., y el migrante venezolano, Jeison D. C.R.
El contralmirante Salvador González Guerrero, jefe de la oficina de representación del INM en Chihuahua también fue detenido. Es acusado de homicidio, lesiones dolosas y el indebido ejercicio del servicio público, delitos considerados graves.
LAS FALLAS
Las declaraciones judiciales de estos detenidos han puesto en evidencia que, más allá de las advertencias de la CNDH y de otros organismos sobre las condiciones inhumanas que prevalecían, la estación migratoria de Ciudad Juárez siempre fue una trampa mortal, dominada por la corrupción y las omisiones oficiales.
Por ejemplo, el Ministerio Público Federal que realiza la investigación en contra de los funcionarios implicados en el homicidio y lesiones de los migrantes reveló que desconoce el número exacto de personas extranjeras que se encontraban detenidos al momento del incendio. La fiscal dijo que eran 68, aunque la cifra oficial sostiene que se trata de 67, lo que exhibe la omisión de registros por parte de los agentes del INM.
“No tenemos la certeza de que hubiera solo 68 personas”, dijo la fiscal del MP durante la audiencia inicial en contra de Antonio M.D., director de Control y Verificación Migratoria del INM.
Lo anterior, acusó, se debe a que, de 68 migrantes fallecidos y heridos, se encontró el registro de ingreso a la estación provisional solamente de 52. Las 16 personas restantes fueron ingresadas sin seguir el protocolo de registro de expedientes. En todos estos casos se trató de hombres originarios de Venezuela.
A la falta de seguimiento a los protocolos de ingreso le siguen fallas en los mecanismos de prevención y actuación en caso de siniestro o incendio en la estación migratoria.
A estas omisiones se suman condiciones indignas y corrupción del personal del INM, que vendía cigarros y encendedores a los migrantes, lo que derivó en la muerte de los 40, determinó la fiscal en la audiencia de Antonio M.D..
Y la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de los protocolos y calidad de las condiciones del centro provisional recae en el director Antonio M.D., segundo al mando, debajo del comisionado Francisco Garduño, por lo que se le imputa la probable comisión del delito de ejercicio ilícito del servicio público en la modalidad de comisión por omisión.
“Excedía la capacidad, que no debe pasar del 80 por ciento de la capacidad máxima, no tenían comida ni agua suficiente, no recibían un trato digno y el imputado no supervisó ni vigiló como era su deber. La falta de supervisión propició la muerte de 40 personas de origen extranjero”, dijo la fiscal.
De acuerdo con las pruebas presentadas por el MP el incendio se inició luego de horas que los migrantes exigieron agua, debido al ambiente sofocante por la temperatura y por el hacinamiento. El agua se les negó.
La estación migratoria también tenía falta de ventilación adecuada, ya que las ventanas, de 40 por 20 centímetros, estaban bloqueadas.
Según el peritaje forense, la muerte de los 40 migrantes fue por asfixia por intoxicación de monóxido de carbono. Además, se determinó que el dormitorio de hombres no contaba con alarmas de incendio, ni tenía extintores. Y a pesar de que se trata de un espacio 100 por ciento libre de humo, se corroboró el consumo de tabaco en el baño y en la estancia, ya que se encontraron una cajetilla quemada y cinco colillas de cigarro.
EL TÍTULO 42
Ciudad Juárez lleva meses convertida en una olla a presión. En esa ciudad fronteriza convergen los migrantes que llegan del sur para cruzar a Estados Unidos —tanto mexicanos como latinoamericanos— con aquellos que el gobierno de Joe Biden expulsa bajo el polémico Título 42.
Recalan en la ciudad fronteriza pensando en marcharse, pero mientras tanto deben sobrevivir. Algunos consiguen trabajos legales mal pagados que dan un respiro a su situación migratoria, muchos aguantan gracias a los albergues y a la caridad.
De acuerdo con leyes migratorias mexicanas, las personas extranjeras pueden ser llevadas a las llamadas estaciones migratorias o estancias temporales “cuando no puedan acreditar su situación migratoria regular”, donde son retenidas en grandes celdas hasta que se defina su estatus migratorio.