México es el corredor migratorio por donde más personas transitan en el mundo. A pesar de la diversidad de orígenes nacionales que caminan el país buscando llegar a Estados Unidos, principalmente por la frontera más concurrida del mundo, Tijuana, 98% de esas personas migrantes proceden de Haití, Honduras, Cuba y Venezuela. Le siguen en menor número, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Ecuador. Esto indica que la inmensa mayoría de quienes cruzan, pero también quienes se quedan en México son latinoamericanos, lo que implica que México podría tener mejores acuerdos que facilitaran enormemente la situación de las personas, tales como reconocimiento de la identidad jurídica de esta población, en su mayoría muy pobres. Menciono esto porque muchas veces el tema migratorio se concentra, por obvias razones, en los momentos más difíciles de casos como los que la tragedia de Ciudad Juárez develó; actos de corrupción, violación a los derechos humanos y crimen de lesa humanidad que derivaron en la muerte de 40 personas encerradas en una cárcel migratoria de la que tantos no pudieron escapar al incendiarse el lugar. Sin embargo, es importante que se sepa que, gran parte de la tragedia por la que atraviesan la personas migrantes en México es un tipo de violencia de más bajo perfil que está jurídicamente encubierta en una cantidad de trámites, solicitudes de documentos imposibles de obtener de sus propios países y procedimientos prolongados hasta la humillación de una espera, que explica que sean ciudades como Tapachula, Tijuana, Ciudad Juárez, principalmente, donde la concentración de los migrantes es más visible respecto a otras entidades del país, en donde el registro de su presencia es mínimo y casi imperceptible para la población local, insisto, salvo cuando pasa algo tan descomunal que es imposible ignorar el peso de la migración en México.
Para mostrar ese otro lado de la moneda de lo migratorio, a partir de lo que reveló la tragedia de Ciudad Juárez, hay cientos de situaciones que representan un tipo de crisis acotada porque se ubican en localidades o barrios donde la concentración de un número importante de migrantes los vuelve no sólo visibles, sino cohabitantes del espacio público con los oriundos del lugar. Esto es lo que ha pasado, por citar un ejemplo reciente, en la colonia Juárez en la Ciudad de México, donde un número creciente de personas se ha instalado en la espera de obtener un tipo de visado, permiso o documento oficial que les permita estar en México sin infringir la ley. Se trata por tanto de gente respetuosa de la normatividad, pero dado el tiempo que tarda realizar casi cualquier tipo de trámite migratorio, se ven obligados a instalarse, donde sea, que en este caso fue en una placita de ese rumbo citadino por demás céntrico. Para los vecinos del rumbo la presencia cada vez más numerosa, lo mismo que la falta de condiciones para instalar decenas de casas de campaña a la espera de sus trámites, obligó a que la autoridad de la Ciudad de México encargada del tema migratorio habilitara un albergue temporal en un rumbo lejano a las oficinas de la COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) donde se suelen realizar este tipo de procedimientos administrativos pero que, por esta ocasión y dada la presión de los vecinos, se les prometió a las personas que podrían realizar dicho papeleo en el albergue de Tláhuac a donde se habilitó un espacio de espera digno.
En ningún caso la respuesta es fácil, sea en lo que antecedió a lo que terminaría en una tragedia, como la ocurrida en Ciudad Juárez, o la espera en la Colonia Juárez, ya que es el mecanismo burocrático lo que acaba colocando a las personas en un limbo que genera no sólo la alta concentración de migrantes en espacios que no tienen condiciones para una espera que por sí misma es contraria al objetivo de migrar. Ante esta encrucijada, el prolongar burocráticamente el procedimiento y alargar la espera no resuelve la situación de las personas en lo particular, pero tampoco le ayuda a los estados, sea a nivel local o federal, en la necesidad de generar condiciones para que la migración sea realmente segura, ordenada y regular como lo dicta el Pacto mundial de las migraciones del cual el Gobierno de México es firmante principal y promotor entusiasta.
Insisto, no es un tema de fácil solución porque ante una situación tan dramática como es la decisión de transitar un continente, los migrantes más pobres se encuentran con el cierre de sus posibilidades para cruzar a Estados Unidos y ahí es donde México, irremediablemente se ha vuelto el limbo de espera para miles de personas. Aún con eso, y sin negar la complicación que este escenario de geopolítica que nos rebasa, tanto a las autoridades como a la propia sociedad mexicana, esto no quita en lo más mínimo la necesidad de que las personas migrantes sean tratadas con absoluto respeto a sus derechos humanos de manera irrestricta.
*Leticia Calderón Chelius es Doctora en Ciencias Sociales por FLACSO-México. Es Profesora e investigadora del Instituto Mora especializada en el estudio de los procesos migratorios y de las relaciones México-Estados Unidos. Presidenta del Patronato de la asociación Sin Fronteras I.A.P.