TUXTLA GUTIÉRREZ. - Acusados de asesinar a dos personas, una de ellas un policía comunitario, los hermanos Antonio y Francisco Vázquez Silvano fueron golpeados y luego los quemaron en el ejido El Censo, municipio de Ocosingo.
En ese mismo lugar estaba Manuel Gómez Vázquez, un joven zapatista de la región, a quien también señalaron de participar en uno de esos crímenes, pero a él no le prendieron fuego.
Sin embargo, las autoridades ejidales y lugareños también los tundieron y lo obligaron a cargar a ambos jóvenes incinerados hasta el panteón de esa comunidad, donde tenía que enterrarlos, pero para cavar utilizó sus manos, como una forma de escarmiento.
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Al término de esa orden basada en “usos y costumbres”, lo entregaron a la Policía Especializada, pero no se supo nada de él hasta el 9 de diciembre en la Fiscalía de Justicia Indígena, para luego ponerlo a disposición del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ocosingo. Es decir, estuvo al menos tres días incomunicado.
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LA HOGUERA
El 4 de diciembre de 2020, una persona de nombre Gregorio Gómez Álvaro fue herida con arma blanca; moribundo, el hombre solicitó ayuda en la comunidad, pero no aguantó y murió. No obstante, alcanzó a reconocer a sus agresores: Antonio y Francisco, en ese tiempo de 20 y 14 años de edad.
La situación se complicó debido a que, durante el intento de detención de éstos en una vivienda del poblado, se escuchó un disparo con arma de fuego, el cual impactó en el cuerpo de un policía local llamado Eliseo Montejo García, quien quedó malherido y murió el 6 de diciembre. Indignados, los habitantes se reunieron para sacar de prisión a los hermanos y prenderles fuego.
Para Victórico Gálvez, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), el único “delito” de Manuel era pertenecer a las Bases de Apoyo Zapatistas, “aunque, en ese momento, eso lo salvó de que también lo quemaran”.
Como en muchos casos, advirtió que el proceso del joven zapatista estuvo viciado porque, además, no le pusieron un traductor, pues él sólo hablaba su lengua, el tseltal.
Entre otros detalles, no recibió una asesoría adecuada en el Juzgado, por lo que, en la primera audiencia, fue vinculado a proceso, pese a que debió tener la oportunidad para presentar sus pruebas.
Lo más lamentable, es que el proceso de Manuel, quien el día de las muertes de Gregorio y Eliseo estaba en casa de su madre, se ha postergado en reiteradas ocasiones, primero, con el pretexto de la pandemia por la covid-19, y luego por la falta de presencia de testigos. Incluso, la audiencia de juicio oral se programó hasta para el 14 de noviembre de este 2023.
De acuerdo con Victórico Gálvez, esta última fase se celebraría en septiembre pasado, pero se canceló, luego la cambiaron, pero también fue suspendida.
“Dan otra fecha para el 7 de marzo, pero nunca llegan los testigos, porque éstos son las autoridades de El Censo, pero como hay una carpeta de investigación en su contra por los hermanos quemados, tienen miedo de que los detengan” dijo el abogado.
Otra de las “irregularidades” es que nunca se efectuaron las necropsias a los cuatro muertos, es decir a los cuerpos de los hermanos, el policía y el de Gregorio. Además, afirma el abogado, Manuel no debió haber estado más de dos años en prisión preventiva, como lo establece la ley.
ZAPATISTAS EN LUCHA POR SU COMPAÑERO
En un documento, autoridades autónomas de la Junta de Buen Gobierno Zapatista “El Pensamiento Rebelde de los Pueblos Originarios” solicitaron a las autoridades la pronta liberación de Manuel quien, según ellos, fue encarcelado de forma injusta, desde hace más de dos años.
Aclararon que, al compañero, internado en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 16 de Ocosingo, lo intentan criminalizar y por ello le inventaron pruebas para tenerlo preso, sin embargo, dijeron que “para los malos gobiernos, el ser zapatista es un delito que se castiga con calumnias, persecución, cárcel y muerte”.
Como Junta de Buen Gobierno zapatista, dijeron que efectuaron una investigación profunda y verdadera de lo ocurrido, “las autoridades oficiales del ejido El Censo saben que es mentira lo que se le acusa al compañero, pero tienen miedo de decirlo porque están amenazados de muerte por los familiares de los asesinos que fueron quemados”.
Según ellos, el agente auxiliar del ejido, Nicolás Jiménez Álvaro y la madre del imputado se acercaron a los jóvenes que fueron acusados de la muerte del elemento policiaco, quienes le confirmaron la inocencia de Manuel.
“Entonces, los malos gobiernos ¿por qué están creyendo malos argumentos? ¿Por qué no lo comparan y por qué no lo investigaron si esa es su labor?”, se cuestionaron.
Según Antonio Vázquez, dijeron los inconformes, el agente Nicolás Jiménez Álvaro estaba a una distancia de seis metros de la casa de Ricardo Vázquez López donde murió el policía de la comunidad.
“Pero el papá del compañero Manuel ya se careó con el agente y éste no supo qué decir. Sólo dice que no estaba en ese momento (el joven zapatista) cuando sucedió el problema”.