TUXTLA GUTIÉRREZ.- Cinco indígenas fueron víctimas del Estado. Autoridades de Chiapas, convertida ahora en una fábrica de culpables, los torturaron con diversas técnicas reprobables hasta que firmaron declaraciones de culpabilidad.
Ahora que lograron recuperar su libertad tras demostrar la injusticia han encontrado su vida en ruinas mientras buscan que se les cumpla con la reparación del daño.
Estos hombres fueron detenidos en diferentes años y lugares y durante el viejo sistema penal, pero se han encontrado con una realidad similar, pues sus vidas, tras salir de prisión, ya no son las mismas, no tienen dinero, ni propiedades, e incluso algunos perdieron hasta sus familias.
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Se trata de los hermanos Germán y Abraham López Montejo, Juan de la Cruz, Adrián Gómez Jiménez y Marcelino Ruiz Gómez quienes, durante su encierro, encabezaron una huelga de hambre que duró 135 días.
Juan, el primero que vio la luz
Juan de la Cruz estaba en su casa, en febrero de 2007, cuando elementos policiacos, sin una orden de aprehensión, ingresaron y no solo lo golpearon a él, sino a su esposa que estaba embarazada y que, en ese momento, cargaba a otra hija de dos años.
Durante tres días, él fue torturado, lo que incluyó que no le dieran de comer ni beber; de hecho, recibió una sentencia de 30 años por dos delitos que no cometió: homicidio calificado y extorsión.
Sin embargo, su proceso, desde un inicio, estuvo lleno de inconsistencias, pues la primera sentencia que recibió fue por 11 años, pero como apeló, le fabricaron otro delito, por eso la condena aumentó. Además, careció de traductor y abogado, por lo que prácticamente quedó a merced de quienes lo acusaban.
En 2016, Juan tenía que ser liberado, debido a que se comprobó que él no incurrió en los ilícitos de los que lo acusaban, pero fue hasta marzo del 2019 que logró dejar el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5, con sede en San Cristóbal de Las Casas.
Pero esto no hubiera sido posible si él y sus compañeros Marcelino, Adrián y los Hermanos Germán y Abraham no hubieran emprendido un ayuno durante casi cuatro meses. A los pocos meses de haber quedado libre, Juan se fue de México.
“Perdí mi juventud”: Adrián
Si de algo está convencido Adrián Gómez Jiménez es que, los 17 años que estuvo en prisión representaron para él la pérdida de su juventud, pues cuando lo detuvieron y torturaron, en 2004 por un supuesto secuestro de dos personas, el originario de la comunidad Romerillo, en San Juan Chamula era muy joven (tenía como 23 años).
De acuerdo con su relato, unos compañeros de trabajo viajaban hacia otra localidad llamada Saclamantón, de ese municipio indígena, para buscar a un curandero porque la mamá de uno de ellos estaba enferma, pero nunca se imaginó que serían detenidos por cuatro hombres que viajaban en un auto compacto.
En ese entonces, Adrián, quien era peón de albañil, fue llevado a la cárcel municipal, donde lo amenazaron con quemarlo vivo, y le exigían que revelara dónde estaba una persona de nombre Gerónimo, uno de los supuestos plagiados.
Pero la pesadilla para él no acababa: en Tuxtla Gutiérrez, a donde fue llevado, ahora le achacaba la desaparición de dos ciudadanos: Roberto Liévano Nájera y Alejandro de Jesús Utrilla.
Con un español atrabancado, Adrián trató de explicar todo, pero no le funcionó. El infierno continuó: le vendaron los ojos, le aplicaron descargas eléctricas, lo golpearon, le metieron chile con agua mineral en la nariz y, para rematar, le hicieron firmar un documento donde aceptaba las acusaciones.
Una vez encerrado en el penal de “El Amate”, en Cintalapa, Adrián retomó fuerzas y emprendió una lucha, con otros 17 reos (entre ellos los hermanos Jiménez Montejo), con una organización llamada “La Voz del Amate”; a su traslado al CERRS 5 conoce a Juan y a Marcelino y ahí sigue con la lucha por la libertad, a través de la organización “La Voz de Indígenas en Resistencia”.
Su insistencia rindió frutos: el 7 septiembre de 2021, a dos años de cumplir dos décadas de encierro (pues no le habían dictado sentencia), logró la libertad absolutoria a través de un amparo. Sin embargo, al salir de la cárcel, su casa estaba a punto de derrumbarse y sus hermanas en el desamparo, por lo que tuvo que buscar trabajo en otro estado.
Sentencias irrisorias
Abraham y Germán López Montejo fueron detenidos el 17 de enero de 2011, cuando paseaban por el centro de su municipio, Pueblo Nuevo Solistahuacán. A ellos, como a Juan y Adrián, tampoco les mostraron una orden, ni les proporcionaron un traductor y un abogado.
Según el relato, ambos fueron acusados por homicidio calificado; y se les abrieron dos carpetas de investigación, por ello les aplicaron una sentencia, a cada uno, de 75 años. Este proceso legal, de acuerdo con la investigación realizada, también estuvo viciado de origen.
Pero para llegar a ello, ambos fueron sometidos a tortura: incluso, Germán tiene una secuela visible, pues le enterraron una aguja en uno de sus ojos, el cual aún le lagrimea. Pero su culpabilidad fue aceptada, tras 48 horas de permanecer en una casa de seguridad en Chiapa de Corzo, donde no les quedó de otra que firmar su culpabilidad, pues estaban muy golpeados; de hecho, su “recuperación” les llevó cerca de un mes.
Pero el daño está ahí, pues a pesar de que el 16 de mayo del año pasado obtuvieron su libertad, de igual forma, tras no habérseles comprobado el delito, ellos se quedaron sin familia, ni tierras. “Mi esposa se casó con otra persona”, lamentó Abraham.
Por ello, buscan mejor suerte en otro lado, donde trabajan arduamente para recuperar un poco sus vidas, ésas que perdieron por casi 11 años.
Se repite la historia
Para Marcelino Ruiz hoy la vida es distinta. El 5 de febrero de 2002, fue arrestado en la colonia La Hormiga, en San Cristóbal de Las Casas, pues lo señalaban de haber cometido un homicidio calificado, lo que lo llevó a cumplir un encierro de poco más de 20 años en el CERSS 10 de Comitán de Domínguez.
Él también sufrió tortura, pues le vendaron los ojos y lo mantuvieron sentado y amarrado en una silla durante tres días; en ese lapso, los judiciales lo golpearon y, como a sus otros compañeros, también lo hicieron firmar su culpabilidad.
Aunque su sentencia era de 33 años, de los cuales 25 fueron por homicidio calificado y otros ocho por evasión de presos y lesiones, al indígena tsotsil se le demostró su inocencia y, en mayo pasado, logró su libertad con sentencia suspendida.
Opinión de la ONU que el Estado tiene que cumplir
De hecho, el Estado mexicano deberá de atender, lo antes posible, la reparación del daño a los cinco indígenas torturados y encarcelados injustamente durante el viejo sistema de justicia, así como lo solicitó el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la opinión número 43/2021.
Pedro Faro, exdirector y abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), recordó la huelga de hambre que ellos emprendieron para lograr su libertad, “gracias a esa lucha, hoy están libres, pero hay cuentas pendientes de reparación”.
Detalló que ellos no solo son ejemplo de dignidad, sino también son “el ejemplo de las grandes injusticias del sistema judicial mexicano que, sin duda, mantiene en la cárcel a muchas personas, hombres y mujeres”.
Susana de la Cruz, hermana de Juan de la Cruz y parte del Colectivo de Familiares de los expresos, advirtió que el sistema de justicia solo le sirve a los más poderosos, pero pisotea y encierra a los inocentes, sobre todo de las poblaciones indígenas.
Ante las vejaciones e injusticias que sufrió su hermano, recordó que la opinión 43/2021 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU considera que las detenciones fueron arbitrarias, por incumplir con un juicio justo e imparcial, y que se tienen que adoptar las medidas necesarias contra los responsables de la violación de sus derechos, así como que el Estado les otorgue una indemnización y otro tipo de reparación.
Autoridad no procura justicia
Por su parte, Juan Pablo Nava, representante del Grupo de Trabajo “No Estamos Todxs”, lamentó que el Estado en ningún momento procure justicia y, por el contrario, se tenga que buscar la lucha política como llave para obtener esa libertad.
El sistema de justicia local, externó, siempre muestra su lado más racista y clasista, “pero ahora estamos en un momento diferente, pues nuestros compañeros y sus familias exigen al Estado una reparación integral del daño”.
De hecho, argumentó que, quizás el dinero no reponga el tiempo perdido, pero sí les ayudará a comenzar de nuevo, pues por muchos años dejaron de ver a sus familias, no vieron crecer a sus hijos, entre otras vicisitudes como el daño físico y psicológico al que fueron sometidos durante su aprehensión; “estamos a cuatro años de rabia y lágrimas, a cuatro años de su duro caminar…”
Pedro Faro advirtió que, sin duda, las cárceles aún son los centros de exterminio, donde no hay una verdadera readaptación social, mientras el Estado mexicano continúa con su fábrica de culpables.
Según Mario Ortega, abogado del Frayba, sin duda la reparación del daño es un tema alejado de la realidad, pues aseveró que ni el 1 por ciento de los casos personas sentenciadas injustamente y, asimismo, liberadas, han obtenido ese beneficio de forma integral, y solo se los dan de manera parcial o “a cuentagotas”.
Además, advirtió que no solo se trata de un patrón de víctimas de la “fábrica de culpables”, sino que hay cientos de miles de víctimas; “porque muchos creen que una vez que salen, recuperan sus vidas y listo, cuando no es así, porque hablamos de un daño de un proyecto de vida y en su dignidad”.