TUXTLA GUTIÉRREZ.- Rosy, una estudiante de la licenciatura en Derecho, de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) fue detenida de manera injusta el pasado 24 de febrero en San Cristóbal de Las Casas; sin embargo, uno de los policías municipales que intervino, le cortó los mechones de su cabellera, mientras otro la amenazó con dispararle. De acuerdo con el relato de la agraviada, cuyo nombre verdadero se omite por petición de la misma debido a que siente temor, ese día, luego de acudir a su escuela, acudió con un amigo a un bar de esa ciudad.
Sin embargo, cuando caminaban hacia el establecimiento, a la altura de la calle 1 de Marzo, vieron cómo una joven, al parecer en estado de ebriedad, se había caído y golpeado la cabeza y otras partes del cuerpo, por lo que Rosy y su acompañante decidieron ayudarla. De ahí arribaron elementos policiacos municipales, y por ello se retiraron.
Una vez adentro del negocio, una persona, al parecer ebria, le reclamó a su amigo sobre la supuesta desaparición de la cartera de la joven a la que ayudaron cuando se cayó.
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A los pocos minutos, policías municipales ingresaron al lugar y aprehendieron a la estudiante Rosy; cuando salía, estaba la joven a la que ayudó y otro sujeto (quien amenazó a su amigo), mismos que gritaban y advertían que ella se robó una cartera.
Rosy, de origen afrodescendiente, expuso que les dijo a los elementos de la policía municipal que revisaran sus pertenencias, pero no le hallaron nada. Sin embargo, fue llevada a la Comandancia donde le advirtieron que continuaría la revisión.
Una vez esposada, Rosy fue subida a la patrulla, y durante el trayecto uno de los uniformados la amenazó con “pegarle un balazo entre ojo y ojo” si no se callaba, pues ella le reclamaba que se trataba de una acción arbitraria. Su amigo no fue arrestado, pero un policía le dobló la mano cuando abogaba por ella.
“Solo me llevaron a mí, pero no a los que nos acusaban”.
POLICÍA TOMÓ UNA TIJERAS Y LE CORTÓ EL PELO
Arrestada con el argumento de que hacía escándalo en la vía pública, la agraviada, integrante de la Red de Colectivas Feministas Universitarias de Chiapas (Recofuch), contó que la pesadilla continuó en la Comandancia, donde luego de mostrar todo lo que llevaba en su bolsa, uno de los policías le pidió que le diera una pulsera de ámbar.
Como ella se negaba a dársela, el uniformado consiguió unas tijeras y se la rompió. Como la joven le reclamó, el servidor público le comenzó a cortar los mechones de su cabello.
Durante el tiempo que estuvo detenida, no se le permitió comunicarse con algún conocido o familiar para que la auxiliaran; además, se negó a ser fotografiada o a brindar sus datos personales, “porque se cometía una arbitrariedad”.
LA TORTURA CONTINUÓ
La mujer, quien además padece de asma, contó que le “confiscaron” un inhalador que utiliza para cuando no puede respirar bien, “me puse a llorar, estaba muy asustada. Creo que fue un ataque racista, porque me trataron como una ratera solo porque soy una mujer negra”.
Ella obtendría su libertad si pagaba más de 3,700 pesos, pues de lo contrario se quedaría ahí hasta el domingo 26 de febrero por la noche; no obstante, Martha Figueroa Mier, abogada feminista, y Miguel de los Santos, director de la Facultad de Derecho de la Unach lograron liberarla el sábado alrededor del mediodía.
Para Figueroa, esta detención fue arbitraria, además se puso en riesgo la vida de la estudiante al quitarle el inhalador para controlar el asma; “lo que hicieron fue torturarla, pues no solo le cortaron el pelo, sino que la amenazaron con dispararle”.
Pese a que la agraviada aclaró que acudirá a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Carlos Faustino Natarén Nandayapa, rector de la Unach, exigió, a través de un comunicado, una investigación detallada.
“No se puede permanecer al margen de los señalamientos de una violación a los derechos humanos de las personas, de una mujer y de una estudiante de nuestra universidad”.
Refirió que además acompañarán a la alumna afectada en la interposición de las quejas respectivas ante la CEDH y el Consejo de Asuntos Internos de la policía municipal de San Cristóbal y, si así fuera el caso, ante el Ministerio Público.