TUXTLA GUTIÉRREZ. - En sus últimos tres años de vida, Juan Núñez López había permanecido en cama debido a la enfermedad que padeció, lo que le imposibilitaba caminar y hacer sus actividades normales. El hombre de 92 años de edad se dedicaba al campo y a su familia, hasta que el 29 de octubre del 2022 dejó de existir.
En la actualidad, su hijo Saúl Núñez, nietas, yerno y la esposa Andrea Hernández Díaz tienen una preocupación: la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) de su pariente fue utilizada para incluirla en una investigación de un asalto a mano armada ocurrido, supuestamente, el 9 de agosto del año pasado a la altura del tramo carretero Soyaló-Bochil, entre 9 y 9:30 de la noche.
“Pero, ¿cómo es posible esto?”, se cuestiona Saúl, su hijo, quien advierte que don Juan no podía ni caminar, pues sufrió de insuficiencia respiratoria y otros males.
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EL MEOLLO DEL ASUNTO
La Silla Rota publicó el pasado 6 de abril un reportaje sobre la fabricación de ese delito en contra del campesino Darío Díaz López, originario del paraje La Yerbabuena, municipio de Bochil, quien está recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5, con sede en San Cristóbal de Las Casas.
Darío fue detenido el pasado 3 de marzo, luego de que un juez de Control ordenara su orden de aprehensión; sin embargo, este funcionario dirigió la misma en contra de Darío López Díaz, quien al final de cuentas es otra persona.
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De hecho, este portal de noticias llegó este martes al ejido Llano Grande, del mismo municipio de Bochil, para constatar que en realidad la identificación de don Juan Núñez recibió un mal uso para inculpar a un hombre inocente de un asalto que no cometió.
Lo que no se sabe, dice Saúl, es quién o quiénes utilizarían “de mala fe” la credencial de su padre, aunque él y otros familiares suponen que, lo más seguro, es que algo tiene que ver la Presidencia municipal de ese poblado, pues ahí es donde tenían que entregar una copia del INE de Juan Núñez López para que éste recibiera su apoyo económico federal.
Para la familia de Darío, el imputado, esta prueba es clave para demostrar su inocencia.
“Porque según como se constató en un documento, don Juan aparece como testigo presencial el 22 de noviembre, pues supuestamente fue entrevistado por un policía de investigación en la comandancia regional ubicada en Bochil, ¿cómo es posible?”, se cuestionan.
Otro error cometido en ese documento, se evidencia en la carpeta de investigación 0Q41-013-0304-2022 (CI), es que ese policía puso como imputado a Darío López Díaz.
EN LLANO GRANDE HAY INCERTIDUMBRE
La Silla Rota intentó tomar fotografías de los familiares de don Juan Núñez, pero se negaron, debido a que temen que haya represalias por alzar la voz ante un tema que, coinciden, es delicado.
A pesar de ello, mostraron el acta de defunción y otro documento donde se constata que el doctor José Delfino Méndez Meneses certificó, el 30 de octubre del año pasado, el deceso del anciano; además, en el mismo papel se deja en claro que él fue sepultado en el panteón rural del ejido Sitetic, en el mismo Bochil, con la orden de inhumación 5323796.
No obstante, las familias de Darío Díaz y de don Juan Núñez se acercaron este mismo martes a los agentes municipales de Llano Grande, quienes escucharon las versiones y lamentaron que se haya hecho un mal uso de la identificación del anciano ya fallecido.
“Mi padre nunca tuvo problemas con nadie, en sus más de 90 años de vida fue un hombre tranquilo”, argumenta, de nueva cuenta, Saúl.
Una de sus nietas, quien prefiere no decir su nombre, reprueba que gente “sin escrúpulos” haga o quiera hacer maldad.
“No sabemos cómo pudieron conseguir su credencial”.
De acuerdo con la CI, don Juan supuestamente fue testigo de referencia, es decir según sabía dónde vivía Darío, cuánto tiempo llevaba de vivir allí, entre otros detalles, pero los familiares del primero evidenciaron que “nunca en la vida” se habían visto. El único que dijo conocerlo fue Antonio, uno de los yernos del finado.
Están indignados, dicen, porque este tipo de situaciones les pueden generar problemas legales; por ello, aseguran estar dispuestos a declarar la verdad ante las autoridades para limpiar la imagen o memoria del hombre de más de nueve décadas de vida.
En Llano Grande, donde no hay calles pavimentadas, ni drenaje, se respira un ambiente de zozobra. Por ello, los agentes municipales Juan López y Carlos Hernández se comprometen en apoyar en todo lo que sea conveniente a la familia de don Juan, “pues tomar una credencial con esos fines se trata de un grave delito y sólo quieren dañar a esa familia”.
En ese mismo ejido, Dolores Pérez Gómez, esposa de Darío Díaz López, asevera que la detención de su marido es injusta, “por eso fuimos al ejido Llano Grande, y la familia nos dijo que don Juan ya había muerto; ya se aclaró esa parte, están molestos por lo que ocurrió”.
Ante la injusticia de la que es víctima su cónyuge, llama al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, a voltear a ver su caso y que dejen en libertad a Darío, de 56 años de edad.
“Me siento sola, él no debe nada; como mujer campesina, como mujer indígena que soy, me duele que lo tengan detenido”. De acuerdo con ella, Darío y su familia se han dedicado a trabajar de forma honrada, “sufrimos para trabajar, no comemos por un robo; todo lo que hacemos es de forma honrada”.
Dolores revela que, en las visitas que le ha hecho a su esposo, éste le deja entrever la tristeza que siente por la injusticia que vive.
“Creo que a mi esposo lo vinculan con una queja por la contaminación de un basurero a cielo abierto, entonces lo tomaron a mal, y el mismo presidente municipal de Bochil, Sergio Meneses, advirtió que a Darío lo iba a meter a la cárcel; y lo cumplió, pero es injusto”.