TUXTLA GUTIÉRREZ. - En 1948, Julia Gutiérrez Falconi adquirió, a través de un crédito hipotecario, una propiedad con su madre, Elvira Hernández; sin embargo, desde hace como dos décadas, se la intentan arrebatar por medio de un fraude en el que están inmersos varios personajes: desde un notario, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y una señora de nombre Adriana Barrera Estrada.
Julia, hoy de 90 años de edad, terminó de pagar esa vivienda marcada con el número 351 ?ubicada en la 4ª Norte, entre 2ª y 3ª Oriente de esta ciudad tuxtleca? en 15 años. Incluso, como es pensionada del ISSSTE, sacó el crédito por esa vía.
Pese a que ella recibió la carta finiquito, ésta nunca pasó por el mencionado Registro Público de la Propiedad, aunque sí por el Archivo de Notarías; no obstante, la venta se consumó el 21 de enero de 1958, ante el fedatario ya fallecido Rubén Rovelo Castellanos, cuya Notaría era la 91 en Tuxtla.
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En una entrevista, Jorge Roque Gutiérrez contó que, como hijo, él posee todos los pagos y documentos de los trámites que validan que su mamá Julia es la dueña. Inclusive, La Silla Rota tuvo acceso a un “abanico” de documentos oficiales que demuestran que Julia Gutiérrez Falconi es la legítima propietaria de la casa.
Para él, aceptó, fue bueno que esa carta finiquito no pasara por el Registro Público, debido a que es una propiedad gravada, la cual no puede ser vendida.
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Martha, la antagonista
El problema se gestó entre 1990 y 1993, pues la casa quedó deshabitada cerca de 15 años, y con ello se dejó de pagar el predial. “Pero el no pagar este impuesto, no quiere decir que la vamos a perder, y ahorita ya estamos al corriente, y el mismo ya está a nuestro nombre”.
Según su relato, Martha Córdova Estrada apareció de repente y cambió, a su nombre, el predial de esa propiedad, cuya medida de frente es de 17 metros por 15 metros de fondo, más un “pedacito de demasía”.
Además, esa señora, quien falleció hace como ocho meses, acudió en su momento ante un ministerio público a quien le presentó una escritura “por rebeldía” por parte de Julia Gutiérrez, y como supuestamente no había firma de esta última, la propiedad se la adjudicaba, “entonces ahí existe un notario metido que dio un folio y se hace una escritura falsa para querer robar la propiedad”.
Jorge Roque Gutiérrez intuye que, en este caso, hubo “dinero de por medio”, debido que ese fedatario se prestó a una acción ilegal, pues se trata de un folio único e irremplazable; de hecho, el denunciante advierte (y muestra con pruebas) tener el mismo, el cual está en el libro del Registro Público de la Propiedad de Tuxtla.
Se reavivó el problema
A pesar de la problemática, los años transcurrieron. Antes de que llegara la pandemia por la covid-19 a Chiapas, Jorge recuerda que regresó a Tuxtla luego de permanecer por un tiempo en el extranjero.
Al llegar, su madre le advirtió que en la casa “en discordia” había gente y que él tenía que verificarlo.
“Llegué, solo había una mochila con herramientas, por eso cambié chapas, y metí gente para que limpiara el terreno, pues la casita cayó por las lluvias”.
A los tres días de eso, un señor, esposo de Martha Estrada, llegó al lugar para insultarlo y amenazarlo de muerte si no se salía de la vivienda.
“Le dije que se calmara, y que si él se creía el dueño, que me demandara, y sí lo hizo”.
Sin embargo, quien resultó demandado por despojo, en una evidente “equivocación”, fue su abogado, Antonio Velasco, quien no tenía nada que ver en el asunto.
Por ello, Jorge rememora que, al acudir ante el MP en el 2021, éste los trató de forma “cruel”, e incluso le dijo que él era un ratero y que se tenía que salir de la casa.
“Me dijo que el expediente se iría al archivo, entonces le dije que se calmara, que era un servidor público y que no me podría tratar así; pero se veía claro que estaba de acuerdo con los defraudadores”.
A la muerte de la madre, entra la hija
Tras la muerte de Martha, su hija Adriana Barrera Estrada tomó el asunto en sus manos con toda la intención de no dejarlo y, de paso, apoderarse de un bien inmueble que no le pertenece.
En una pausa, Jorge Roque muestra al reportero de La Silla Rota que el documento que avala la compra-venta entre Francisco Vázquez y su bisabuela Elvira Hernández, y con ello los traslativos. Este proceso, refiere, se llevó a efecto el 24 de noviembre de 1946.
“Tengo también los traslativos de mi bisabuela a mi mamá Julia, y también los traslativos de las compras y ventas que se han hecho, y en ningún momento aparecen Martha Estrada o su hija Adriana Córdova Barrera”.
Incluso, insiste en el tema del folio que estas personas presentaron, pues está seguro de que alguien les “vendió” uno de otra propiedad para cometer el fraude, “pero te recuerdo que un folio real nunca cambia, solo cambia el nombre del dueño o dueña; yo tengo el verdadero desde 1946 a la fecha”.
Registro público, un cochinero
De acuerdo con su versión, al acudir al Registro Público de la Propiedad para solicitar su libertad de gravamen, se da cuenta de que esta instancia está coludida con los defraudadores.
“Me salen con una hoja escrita, ni siquiera impresa ni con el logo de la dependencia, y me dicen: ‘Su folio real es éste y tiene un 10 por 20 en Cintalapa”. No obstante, Jorge les enseñó la copia de la libertad de gravamen que lo ampara.
Tras detectar esta irregularidad, dice, acudió al Juzgado Federal para interponer un amparo; ante la presión, el mismo Registro Público contestó que hubo un error de sistema y que le otorgaría su libertad de gravamen cuando él deseara pasar.
Entonces, se cuestiona, “¿por qué Martha Córdova y su hija Adriana seguían o siguen diciendo que es su propiedad? ¡no! Pero me imagino que como vieron que el predial no se pagó como en 15 años, se les hizo fácil meterse y querer apoderarse”.
En Catastro, refiere, le cambiaron el nombre al presentar su escritura. “Pero, insisto, pagar un predial no te hace dueño de una propiedad como lo hizo esa señora Martha”.
Tras advertir que por mucho tiempo han recibido malos tratos e incluso la cerrazón de algunas dependencias, Jorge Gutiérrez asevera que, si bien la justicia no le da la razón a Adriana, ésta insiste en quedarse con la propiedad porque tiene gente en algunas dependencias, como el mismo Registro Público.
Para él, se trata de gente que se dedica a robar, e incluso cuenta con un “grupo de choque” que utiliza para intimidar, como le pasó hace poco tiempo, y hasta policías municipales.
“Esas personas le dijeron a mi velador que le iban a matar a su niña, ¡así de delicado todo!”
Lo más lamentable es que él, su madre Julia, su padre (finado) Bernardo Roque Palacios y de nueva cuenta su abogado, fueron demandados por el delito de despojo. Sin embargo, menciona que ese recurso legal no procede. “Pero tienen amistades en las altas esferas, por eso se atreven a hacerlo”.
El entrevistado se siente desanimado porque toda esta problemática le ha generado un desgaste físico, emocional y económico, sobre todo porque quienes acechan la propiedad de su mamá, son personas con un poder adquisitivo elevado.
“El hermano de esa tal Adriana me dijo que ellos seguirán porque tienen dinero para seguir pagando, hasta que consigan esa casa, una propiedad que no es suya”.
Más trabas y hostigamiento
Para Jorge, el enfrentarse al mismo sistema le ha costado sudor y sufrimiento: la última fiscal del MP que tuvo acceso a su caso, de apellido Chirino, “olvidó” su expediente por más de mes y medio, e incluso le recibía documentos a los defraudadores.
De hecho, a él le exigió presentar a testigos. “Me trataba con la punta del pie, y me decía que mi madre no era la dueña, pero, como siempre lo he hecho, lo demostré con documentos oficiales, y no como ellos lo intentan hacer: con una ‘escritura por rebeldía’”
Desde hace un par de semanas, el caso pasó a manos de un nuevo MP, de apellido Natarén, quien al parecer es más ecuánime. Sin embargo, a Jorge le urge que esto se judicialice y que sea un juez el que determine a quien le corresponde la propiedad.
El problema se ha exacerbado, al grado de que hace poco, un comandante de la Fiscalía Metropolitana, de apellido Domínguez, un abogado y otros dos policías llegaron a su domicilio para amedrentarlo. En respuesta, Jorge les advirtió que no se prestaran a acciones ilícitas.
“Por eso digo que esos personajes tienen poder porque contratan agentes y policías para hacer sus fechorías, pero ni así me van a amedrentar”.