TUXTLA GUTIÉRREZ. - Luego de que el pasado 29 de septiembre solicitaran una demanda de amparo en busca de la reparación integral del daño por el desplazamiento forzado sufrido en 1997 en el contexto de la matanza de Acteal, Chenalhó; familiares de víctimas de ese hecho de 12 comunidades advirtieron que el Estado mexicano podría hacer historia al reconocer que no se les ha hecho una reparación integral del daño.
Sandino Rivero, abogado de los 308 solicitantes de ese recurso legal, externó que el hecho de que el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Orales Federales en el estado admitiera la demanda, es de suma importancia por el número de años que han transcurrido.
Dejó en claro que nunca ha habido la garantía de un retorno con seguridad, “trajimos a dos peritas independientes que ofrecimos, para que brinden un dictamen socio-antropológico sobre las causas y efectos del desplazamiento forzado en contra de esas localidades indígenas, lo que ayudará a probar, en este juicio, todos los efectos que han tenido las personas que firmaron el amparo y también en la colectividad”.
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EMPEZARON CON EL “PIE DERECHO”
Sandino Rivero está consciente de que no habrá una respuesta pronta, aceptó que, al final de cuentas, iniciaron con “el pie derecho”, porque el amparo fue admitido sin trabas y el beneficio no sólo sería para quienes integran la organización civil “Las Abejas" de Acteal, sino para más familias de Chenalhó.
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Para él, agregó, se sentarán precedentes importantes porque el Poder Judicial de la Federación nunca lo ha hecho en el país, “y no es porque no haya en México desplazamientos forzados internos, sino que no existe la costumbre de judicializar este tipo de temas”.
Además de los derechos que no han obtenido los desplazados durante muchos años, comentó que hay un tema de discriminación múltiple, debido a que este tipo de desplazamiento se da en contra de comunidades indígenas, marginadas y en contra de mujeres y niñas.
Entonces, reiteró, el Poder Judicial federal se podrá pronunciar por estos tópicos, “en comunidades con este tipo de vulneraciones históricas, el Estado, mediante el amparo, podría pronunciarse, y dictar medidas a favor, no necesariamente a favor de las comunidades que se ampararon, sino por los efectos que tendría una demanda de esta naturaleza”.
De acuerdo con él, añadió, sólo faltaría la voluntad de los juzgadores para que ese amparo rinda los frutos esperados en favor de las víctimas de desplazamiento. “Queremos aclarar que la reparación del daño no sólo tiene que ver con lo económico, sino con la restitución de derechos violados como vivienda, salud, educación, entre otros; y también pasa por un tema de garantías de no repetición”.
CONTEXTO: LA TRAGEDIA DEL 97
El 22 de diciembre de 1997, decenas de sujetos encapuchados y armados ingresaron a Acteal y agredieron a integrantes de “Las Abejas” que, en ese momento (alrededor de las 11 de la mañana) oraban en una ermita del lugar.
El ataque se prolongó durante varias horas; en ese lapso, los hombres, vestidos de negro, dispararon en contra de las personas indígenas tsotsiles; el saldo fue de 26 lesionados de gravedad y 45 muertos, entre estos últimos había 18 mujeres (4 de ellas embarazadas); 16 niñas, 4 niños y 16 hombres.
Entre otros detalles, algunas víctimas perecieron producto de golpes y ataques con objetos punzocortantes. Esto provocó que los sobrevivientes escaparan de Acteal y buscaran refugio en otros lados; pero en 2001, algunas familias retornaron a sus hogares, pero sin medidas de seguridad.
Patrocinio Hernández, vocero del Consejo de “Las Abejas” y también quejoso en la actual demanda de amparo, recordó que en ese año se dio un retorno sin justicia.
“El gobierno nunca generó condiciones de seguridad, no realizó el desarme de los grupos paramilitares que operaron u operan en la zona de Chenalhó, y nosotros, en esa época, decidimos regresar bajo ese riesgo”.
Incluso, subrayó que en ese entonces formaron tres campamentos de paz: el más grande ubicado en San Juan Diego X’oyep, cuyos afectados serían hostigados por militares el 3 de enero de 1998.
Desde el genocidio y desplazamiento en 1997, dijo que aún hay familias que no han podido retornar a sus lugares de origen, como lo que sucede con compañeros de La Esperanza que viven en Acteal.
Por ello, urgió la necesidad de que se generen políticas públicas para que no se den nuevos desplazamientos, “es increíble que en Chenalhó siga habiendo desplazados, a pesar de lo que sucedió en ese año, y la violencia sigue en aumento”.