TUXTLA GUTIÉRREZ.- Pese a que las denuncias públicas por el delito de extorsión en Chiapas van al alza, las cifras oficiales se mantienen “cautelosas” o “inmaculadas”. El Observatorio Ciudadano de Chiapas (Occh) subraya que, de manera semanal, en un lapso de enero a junio de este año, hay cero denuncias o carpetas de investigación por ese delito.
Pero la realidad, al menos para Hortensia Méndez Jiménez, es diferente. Desde un año, la mujer asegura que grupos de la delincuencia organizada han acelerado las extorsiones en su tierra natal, La Trinitaria, ubicada en una región que, en los últimos tres años, ha sido disputada por los cárteles de la droga.
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(Foto: Especial)
“Nosotros somos campesinos, vivimos en una comunidad marginada, estamos al día, por eso pedimos que nos voltee a ver el gobierno; sentimos mucho miedo, hay terror en esas colonias donde antes era tranquilidad, y hoy no se vive en paz, porque a cada rato se escucha la ‘tricazón’ (sonido de disparos con armas de fuego)”, dice.
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Para sentirse un poco protegida, la madre de familia se integró a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) pues, afirma, la supuesta organización social llamada “Maíz”, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), le ha exigido “cobro de piso” y de no hacerlo le matarán a sus hijos.
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Para ella, dijo, no le quedó de otra que perder el miedo y “alzar la voz” porque no estaba dispuesta a pagar para estar viva o “tranquila”, lo que no ocurre con muchos de sus conocidos, quienes prefieren pedir prestado dinero para pagar la extorsión.
“Tenemos que defendernos, porque tenemos hijos, nietos, y no sabemos qué será de ellos en un futuro; ahorita lo vivimos, es un terror, entonces para ellos será un infierno y no queremos eso”.
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¿Y las denuncias?
De acuerdo con Carmen Villa, directora del Occh, de forma histórica, la extorsión ha sido uno de los delitos con muy pocas denuncias en Chiapas y “este primer semestre (del año) no ha sido la excepción”.
“Es un ilícito multifacético y mucha gente aún no tiene la cultura de la denuncia, ni los mecanismos de denuncia, no saben qué hacer cuando son extorsionados, como en una extorsión vía telefónica, y no se termina de asimilar”, señala.
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Carlos Méndez, experto en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en Chiapas, considera que la falta de denuncia se da porque no hay investigación ni justicia por parte de las instancias correspondientes, además de que la gente se siente “doblemente extorsionada” al momento de presentarse ante las autoridades.
Asimismo, argumentó que existe miedo por las represalias, pues las extorsiones van desde llamadas telefónicas hasta visitas a los domicilios o negocios de las posibles víctimas.
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“Otra cuestión es que, al migrarse de llamadas telefónicas a redes sociales como Facebook e Instagram, también se sienten más vulnerados”, comenta el especialista, quien asevera que, por desgracia, en Chiapas se carece de una protección al denunciante.
Lo peor de todo, advierte, es que luego esas denuncias que sí se presentaron muchas veces no prosperan, lo que provoca desánimo entre las víctimas, “porque si no hay castigo, no hay justicia”.
Al respecto, Carmen Villa, del Occh, coincide en que las personas no le tienen confianza a la autoridad y tienen poca credibilidad de que sucederá algo distinto o se resolverá como algo favorable para ellos.
De la extorsión a la tortura y feminicidio
Berni Flor Mejía Velázquez se dedicó, por casi 20 años, a dar clases a alumnos de preparatoria. En los últimos 15, ella fue asignada al plantel 216 del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), ubicado en el ejido Río Guerrero, municipio de Amatenango de la Frontera, donde todo transcurría en calma pues era muy querida no sólo por sus estudiantes y compañeros de trabajo, sino por la población.
Pero Berni no sólo se dedicaba a la docencia; junto con su esposo Arsenio Xun Velázquez lograron, producto de su esfuerzo, comprar varias “unidades” de transporte y de esa forma obtener un poco más de recursos.
Sin embargo, familiares de la profesora cuentan que ambos comenzaron a recibir amenazas de muerte debido a que una agrupación llamada “Maíz”, vinculada a un cártel de la droga, le exigía el pago o “cobro de piso”. Como se negaron, integrantes del crimen organizado cumplieron una de las primeras amenazas: les quemaron tres vehículos.
Pero el momento más brutal se registró el 7 de septiembre pasado, cuando la madre de 3 hijos menores de edad ofrecía su clase, como de costumbre, y sujetos armados y encapuchados ingresaron y las sacaron a la fuerza del salón de clases y de la escuela. Días después (12 de septiembre) circuló la foto de Berni muerta: presentaba un disparo con arma de fuego en la cabeza.
De acuerdo con reportes de inteligencia, la situación en la región Sierra-Fronteriza de Chiapas se ha complicado en los últimos tres años, pero sobre todo en los últimos meses, pues integrantes de dos cárteles que se disputan esa zona (el Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa, comenzaron a quemar vehículos y camiones de transporte como medida para presionar a los propietarios y choferes a pagar “derecho de piso” o hacerles "otros favores", como participar en bloqueos carreteros.
A nivel nacional, sí es de los más cometidos y denunciados
Con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2023, los delitos más frecuentes cometidos durante el año pasado a nivel nacional fueron el fraude, robo o asalto en calle o transporte público y la extorsión.
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Revela que, en 2022, ocurrieron en todo el país 26.8 millones de delitos, de los cuales el 92.4 por ciento no se denunció o la autoridad no inició una carpeta de investigación (cifra negra).
Comparado con 2021, la Envipe dio a conocer que en 2022 la tasa de prevalencia disminuyó en siete entidades federativas, aumentó también en siete y no tuvo cambios en 18.
El año pasado, agrega, las tasas más altas se registraron en Ciudad de México, con 31,876; Estado de México, con 31,182 y Tlaxcala, con 27,115, mientras que las cifras más bajas se presentaron en Chiapas, con 12,536; Veracruz, con 13,597 y Oaxaca, con 15,214.
El acecho del crimen organizado
José Trinidad López Calvo, dirigente estatal del Movimiento Campesino Regional Independiente, Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (Mocri-CNPA-MN), manifiesta que el tema de la inseguridad en Chiapas es grave.
“Muchos de nuestros compañeros ya no quieren salir de sus pueblos para vender sus cosechas por temor a ser extorsionados por los grupos delincuenciales, más en la región fronteriza”.
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Además, comenta que los campesinos o integrantes no sólo de su agrupación sino de otras organizaciones, ya han sido amenazados por diferentes actores o de supuestas agrupaciones sociales. “Hablamos de comerciantes, transportistas, artesanos, que son hostigados, extorsionados”.
CAO