La guerra en Medio Oriente continúa sin un horizonte claro. Tras los ataques de Estados Unidos e Israel, Irán respondió con ofensivas contra países aliados de Washington.
La lógica iraní es simple. Si países como Qatar, Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí sienten el riesgo en su propio territorio, sus gobiernos y élites económicas buscarán contener la guerra. Esa es la lógica de lo que Robert A. Pape denomina “escalada horizontal”. Y los incentivos existen. En cuestión de días, la región ha visto una disrupción severa del tráfico aéreo, con impactos inmediatos en el turismo y la conectividad global.
Pero más allá de la expansión geográfica, la pregunta central sigue siendo la misma: ¿qué tan controlado está el riesgo nuclear que, presuntamente, justificó la acción militar? Hasta ahora, no hay confirmación pública concluyente sobre el uranio enriquecido ni sobre su localización.
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De ahí que circulen, al menos, tres escenarios.
El primero: una operación en tierra de Estados Unidos para asegurar instalaciones y material estratégico. Sería la ruta más directa para eliminar el riesgo alegado, pero también la más costosa: recursos, vidas, desgaste político interno y un conflicto con ecos inevitables de Irak o Afganistán.
El segundo: una campaña de ataques sostenidos para forzar una concesión. En teoría, una presión extrema podría llevar al régimen iraní a aceptar términos para detener la guerra. En la práctica, es improbable que entregue voluntariamente su principal activo disuasorio sin garantías de supervivencia política.
El tercero: decisiones sobre infraestructura energética crítica. La isla de Kharg —principal terminal de exportación petrolera de Irán y pieza clave de su flujo de crudo— es un punto neurálgico. Su destrucción sería un salto de alto riesgo por el impacto inmediato en los precios globales de los energéticos, además de la reacción en el Estrecho de Ormuz. Asegurarla, por otro lado, también requeriría una fuerza en tierra muy superior a la presencia militar estadounidense habitual en la región.
Vistos estos escenarios, la administración Trump se mueve en una caja estrecha. O busca cerrar rápido, asumiendo los costos de una operación que no resuelve del todo el objetivo, o prolonga el conflicto para asegurar resultados, con consecuencias internas y externas.
Para México, el principal riesgo no está a miles de kilómetros: está en cómo Estados Unidos traduzca su ansiedad de seguridad en exigencias hacia sus socios. Si Washington eleva sus alertas por terrorismo, buscará cerrar rutas, endurecer filtros y proyectar responsabilidades hacia terceros. Y nuestro país tiene una vulnerabilidad obvia: una frontera extensa que en el pasado ya ha sido utilizada —con razón o con exageración— como argumento político para presionar a México en materia de control y cooperación.
En este punto, la historia reciente enseña algo incómodo: ni siquiera se necesita un ataque consumado para que existan costos. Basta una presunción “creíble”, un caso aislado o un episodio mediático para abrir una nueva ronda de reclamos. Si eso ocurre mientras se cocina la renegociación comercial, el componente de seguridad podría convertirse —otra vez— en moneda de cambio del TMEC y de la agenda bilateral.
La presidenta Sheinbaum ha mostrado habilidad política para navegar aguas turbulentas. Pero un conflicto prolongado en Irán, que eleve las alertas y reactive la política de presión desde Washington, puede complicar su margen de maniobra. En ese contexto, anticiparse importa más que reaccionar: fortalecer inteligencia y cooperación fronteriza, sin perder soberanía ni caer en histerias. Porque si el tablero internacional se endurece, a los países cercanos a Estados Unidos no se les pregunta: se les exige.