VERACRUZ, VER.- El pasado viernes 28 de julio, el alcalde de Medellín de Bravo, Marcos Isleño Andrade, en compañía del cabildo y del diputado local presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, Fernando Arteaga Aponte, anunciaron que después de 7 años el municipio se deslindaría de los servicios de Grupo MAS.
Explicaron que entre los motivos principales por los que se tomó la decisión están las múltiples quejas por cobros excesivos, así como las denuncias por el suministro de agua de mala calidad a los usuarios.
La desincorporación también se da en medio dos hechos que ejercieron presión mediática y política sobre el alcalde morenista.
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El primero fue los reclamos de los extrabajadores del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), quienes llevan más de 60 días con un plantón afuera del palacio municipal de Medellín, exigiendo que se revoque la concesión como se comprometió en las campañas electorales del 2021.
Los agremiados al Sindicato Teniente José Azueta del extinto SAS, afirman que con la llegada de la empresa fueron despedidos injustificadamente más de mil 400 obreros, sin una liquidación justa, motivo por el que iniciaron un juicio laboral que sigue sin resolverse.
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El segundo hecho que antecedió la decisión del cabildo de Medellín fueron las declaraciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera del 24 de julio. En Palacio Nacional, el mandatario morenista dijo que se revisaría el contrato con la empresa privada e invitó a las autoridades locales a atender el reclamo de la población.
La desincorporación del ayuntamiento de Medellín de Bravo de la sociedad con el Grupo MAS, abrió la posibilidad para revocar la concesión que se le dio por 30 años en el 2016 en este y el municipio de Veracruz.
¿Cómo se financiará operación del agua?
Marcos Isleño reconoció que asumir el servicio de agua potable es una responsabilidad y un gran reto para el ayuntamiento, ya que la infraestructura hidráulica del municipio se encuentra en mal estado y se requiere de inversión para darle el mantenimiento.
El edil dijo que será necesario realizar un estudio socioeconómico entre la población para bajar el precio de la tarifa, sin que esto dañe las finanzas del ayuntamiento. Para la operación del agua, se pretende crear una Comisión Municipal que operará como entidad paramunicipal y será la encargada del servicio.
“Al principio se evaluó la posibilidad de que CAEV (Comisión del Agua del Estado de Veracruz) tomara las riendas, pero sabemos que tiene sus propios problemas a nivel estatal, buscamos la otra opción que sería una comisión municipal que sea responsable y sería más fácil para nosotros estar más al pendiente para que se cumpliera el objetivo y no se trata solo de salirse por salirse, sino de mejorar el servicio”, explicó el alcalde morenista.
Para solventar la inversión y gastos administrativos que conllevará la creación de una Comisión Municipal de Aguas, se incrementará la renta que la empresa y el ayuntamiento de Veracruz pagan al municipio por el uso de la planta potabilizadora de El Tejar, que se encuentra dentro de Medellín de Bravo. Esta planta abastece al 60 por ciento de la zona metropolitana.
Actualmente se pagan 160 mil pesos mensuales por el suministro del agua; no obstante, se planea que esta renta suba a 1.5 millones de pesos mensual y se prevé que la planta siga bajo la administración del Grupo MAS.
De acuerdo con lo declarado por el alcalde, la salida del ayuntamiento a su cargo de la sociedad con el Grupo MAS fue posible luego de obtener evidencias a través del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), lo que permite negociar la tarifa que consideran justa por la renta de la planta de “El Tejar”.
“Buscábamos salirnos de la concesión sin tener una penalización económica, por eso nos tardamos tantos meses. Para poder tener los factores que nos permitiera salirnos sin penalización y ahora podemos renegociar todo”, comentó.
Grupo MAS sigue brindando el servicio a la población de Medellín, hasta que no lleguen a un diálogo con el municipio de Veracruz, pero se prevé que para diciembre el ayuntamiento se encuentre a cargo del sistema de agua, aseguró.
Piden a ayuntamiento de Veracruz se desincorpore de Grupo MAS
Por su parte, el diputado presidente de la Comisión de Agua y Saneamiento en el Congreso del Estado, Fernando Arteaga Aponte, señaló que solo queda esperar que el cabildo mande la propuesta de crear la Comisión Municipal para que sea analizada en la legislatura.
Arteaga Aponte indicó que el paso que la administración de Medellín tomó los acerca más para que puedan cancelar la concesión, por lo que esperan que el municipio de Veracruz, a cargo de la alcaldesa panista, Patricia Lobeira Rodríguez, tome la misma decisión de desincorporase de la empresa.
“Si Medellín tuvo el valor de tomar esta decisión, como lo han hecho otros ayuntamientos, pues yo creo que Veracruz tienen todos los elementos suficientes, tanto recursos económicos como muchas cosas más para llevar a cabo esa negociación. Es el cabildo quien debe de tomar la decisión”, dijo el diputado.
La Silla Rota buscó entrevista de la alcaldesa y de los regidores del ayuntamiento de Veracruz para conocer la postura que tomarán ante la desincorporación de Medellín del Grupo MAS, sin embargo no hubo respuesta.
Historia de irregularidades y señalamientos
Cobros excesivos en la tarifa, mala calidad de agua y nula inversión en el sistema de alcantarillado son algunas quejas que se acumularon durante 7 años entre los usuarios jarochos y medellinenses en contra de la empresa privada Grupo MAS.
La historia de esta empresa comenzó en el 2015, cuando la sociedad entre las empresas privadas Interagbar México y Odebrecht Ambiental obtuvieron la concesión para la operación del servicio de agua potable a través de ProVeracruz SAPI de C.V., que asumió 80 por ciento de las acciones de Grupo MAS, empresa pública-privada que sustituyó a la paramunicipal Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano.
El 20 por ciento restante de dicha empresa quedó concentrado en partes iguales por los ayuntamientos de Veracruz y Medellín de Bravo.
Aunque las quejas por parte de los usuarios se vinieron acumulando desde el 2016, fueron las auditorias del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) que se dieron a conocer en junio de este año, las que dieron el sustento legal para que el cabildo de Medellín votara por desincorporarse de la empresa.
El órgano fiscalizador encontró pruebas suficientes para que se le revocara la concesión, por el incumplimiento en los servicios. Son 42 observaciones que el Orfis hizo; 6 financieras, 22 técnicas a la obra pública y 14 de legalidad y desempeño. Además de 7 recomendaciones por inconsistencias.
Una de las observaciones que detalla el documento es que la empresa no cumplió con las condiciones generales de la concesión, donde se comprometió a brindar un mejor servicio a los usuarios y a mantener en óptimas condiciones los bienes arrendados.
“El Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento S.A.P.I. de C.V. no cumplió con la condición 6. ‘Condiciones generales de la concesión’, debido a que no presentó instrumentos de control que den constancia de las acciones implementadas para garantizar el nivel óptimo de servicio que eviten el deterioro progresivo de los bienes arrendados”, señala el documento.
Del mismo modo, se señala que el aumento de las tarifas de agua fue excesivo y el Grupo MAS no pudo justificar, según el Orfis. Otra de las inconsistencias que destaca es que no hubo evidencia e información suficiente para constatar la calidad de agua que se brinda a los usuarios.
“Se identificó que en la propuesta económica ganadora se considera un incremento mensual correspondiente al 0.437%, sin embargo, en las tarifas publicadas en su página oficial, se aplica un incremento del 0.4983%, además, las tarifas se incrementan con un porcentaje relacionado con la indexación de la inflación, no obstante, se desconoce el cálculo efectuado”.
A estos se le suma las deficiencias que encontró la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) durante la revisión de las plantas de tratamiento de aguas residuales en noviembre del 2022, que llevó a la clausura de la que se ubica en la zona norte, por contravenir las leyes ambientales.
El diputado Fernando Arteaga mencionó que esperan otro estudio de la PMA que se publicará a más tardar en noviembre de este año.
Concesión con negro historial
La firma brasileña Odebrecht estuvo ligada a irregularidades, sobornos y lavado de dinero en diferentes países de Latinoamérica, en donde fue señalada de hacer negocios con empresarios y políticos, quienes les permitieron establecerse en sus zonas.
Pese a todo ese historial, el exgobernador priista de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, sentenciado por lavado de dinero y asociación delictuosa se asoció con la empresa en 2013 para un proyecto de generación de energía y de abasto de agua en Xalapa, como lo revela una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Lo anterior fue el primer contacto del exmandatario para que se convirtiera en el principal promotor de la filial Odebrecht Ambiental en el 2015, y se otorgara a esta la concesión del servicio de agua a través del Grupo MAS.
De acuerdo con la Gaceta Legislativa número 97 del Estado de Veracruz, las empresas InterAgbar de México y Odebrecht Ambiental ganaron la Licitación Pública Internacional (LPI) el 9 de junio de 2015, antes de eso se dio a conocer que Javier Duarte y Marcelo Odebrecht, presiente de la empresa, sostuvieron una reunión en el puerto de Veracruz.
En aquella época el municipio de Veracruz se encontraba administrado por el priista Ramón Poo Gil, (2014-2017), mientras que en Medellín de Bravo había sido nombrado como alcalde suplente el panista Luis Gerardo Pérez Pérez, esto luego de que Omar Cruz Reyes fue desaforado al ser acusado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de ser el actor intelectual del asesinato del periodista Moisés Sánchez.
No obstante, antes de que Pérez Pérez fuera nombrada como alcalde suplente la síndica Betsabé Solís Neri, ambos aparecen en la Gaceta Oficial con número 514 como los personajes políticos que otorgaron la concesión del agua en Medellín.
En aquel entonces el único municipio que no entró a la asociación fue Boca del Río, debido a que se encontraba gobernado por el panista Miguel Ángel Yunes Márquez, opositor político de Duarte de Ochoa.
Mientras que el director en turno del extinto SAS era el priista José Tello Allende, quien luego de la privatización fue destituido de su cargo. Desde entonces pasaron tres administraciones gubernamentales y municipales, tiempo en el que las quejas a la empresa se fueron sumando.
Los alcaldes y gobernador en turno alegaban que no podían disolver la asociación por las altas penalizaciones que esto les causaría, hasta que este viernes 28 de julio el municipio de Medellín formalizó el anunció de la desincorporación.
mb