XALAPA, VER.- La más reciente visita de Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), provocó malestar entre diputados locales de Veracruz, a quienes acusó de tolerar la permanencia de la empresa privada Grupo MAS, a la que calificó de ser la peor operadora de agua potable en el país.
Los diputados veracruzanos le exigieron dar los nombres de los legisladores a los que señaló de aliados de Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS), que impiden se revoque la concesión -entregada en el año 2016- para brindar el servicio de agua potable y saneamiento en los municipios de Veracruz y Medellín.
El funcionario, que visitó el puerto de Veracruz este jueves 20 de julio, declaró que ha pedido a los diputados de Veracruz revocar el título de concesión a Grupo MAS por las miles de quejas y abusos en los cobros del servicio de agua; sin embargo, su recomendación no ha sido atendida, pues tal parece que la empresa privada tiene amigos en el Congreso del Estado, que la protegen.
Te podría interesar
“Se defienden como gatos boca arriba los del sistema y pareciera que por ahí hay algunos diputadas y diputados locales que por algún motivo están enamorados del sistema de agua privado”, denunció ante los medios de comunicación.
Su comentario, llevó a diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Revolucionario Institucional (PRI), y Acción Nacional (PAN)) a reprocharse unos a otros el retraso en la cancelación de la concesión.
Te podría interesar
Recientemente se ordenó una auditoría al organismo que encabeza la empresa privada y el 26 de junio se dieron los resultados, dando elementos para revocar la concesión, por lo que los diputados de Morena: Juan Javier Gómez Cazarín, Fernando Arteaga Aponte (Veracruz), Magdaleno Rosales Torres (Medellín); del PAN, Enrique Cambranis Torres; y del PRI, Marlon Ramírez Marín, opinaron de lo dicho por el funcionario federal.
La actual Cámara es la tercera legislatura que ha intentado revertir la concesión. El tema ha sido promesa de campaña del PAN y ahora de Morena; sin embargo, corresponde a los alcaldes de Veracruz, Patricia Lobeira de Yunes (PAN) y de Medellín, Marcos Isleños (Morena-Verde), iniciar con el proceso de revocación.
Grupo MAS se constituyó como una empresa mixta integrada por las firmas ODEBRECHT AMBIENTAL, S.A. de C.V. e INTERAGBAR DE MÉXICO, S.A. de C.V., que se integraron como Grupo Ambiental Proveracruz, S.A.P.I. de C.V, firma que se creó el 10 de junio del 2015, un día después de que se dio a conocer al ganador de la licitación para operar el servicio de agua.
La polémica declaración del funcionario de AMLO
Francisco Ricardo Sheffield Padilla, de visita por Veracruz, declaró que los habitantes de los municipios de Veracruz y Medellín padecen el peor sistema de agua potable, desde que el servicio fue privatizado a Grupo MAS.
A pesar de que la concesionaria acumula miles de quejas por el pésimo servicio, no han logrado sancionarlos, incluso, dijo, Profeco promovió un juicio de acción colectiva ante órganos judiciales, “el procedimiento avanza de manera lenta”.
Ricardo Sheffield señaló que la Profeco recomendó al Congreso de Veracruz legislar para revocar la concesión al Grupo MAS, debido a los abusos que se cometen en contra de los usuarios por los cobros indebidos y la mala calidad del agua.
En cambio, reprochó, los legisladores veracruzanos no han hecho nada efectivo por revocar el título de concesión, parece que la empresa privada Grupo MAS tiene amigos en el Congreso del Estado que la protegen.
“Se defienden como gatos boca arriba los del sistema y pareciera que por ahí hay algunos diputados locales que por algún motivo están enamorados del sistema de agua privado”, dijo en entrevista.
Morenistas exigen respeto al Poder Legislativo
El presidente de la comisión de Agua y Saneamiento en el Congreso de Veracruz, Fernando Arteaga Aponte, quien es el principal impulsor de que se revierta la concesión, reclamó a Sheffield Padilla que vino a Veracruz “a soltarse el pelo y la lengua”, acusando a diputados sin pruebas.
El legislador valora desafortunado que se falte al respeto al Poder Legislativo, cuando los que deben revocar el título de concesión otorgado en 2015, por la mayoría priista -partido en el que militaba Arteaga Aponte- son los alcaldes de Veracruz y Medellín de Bravo.
“Yo como diputado estoy muy molesto por esa infortunada y desagradable expresión que hizo el empleado del presidente de la República, que vino a Veracruz. Primero, ofende lo que dijo del Congreso; lo convoco a que venga a decirlo de frente, para poderle contestar”, platica en entrevista con este medio.
La Profeco, dice, debe revisar las más de 10 mil denuncias que acumula el Grupo MAS, por lo que plantea que es el funcionario que está solapando a la empresa concesionaria, “y si tiene valor que señale quiénes son los diputados o amigos que están en el Congreso”.
El 26 de julio se presentó el resultado de la auditoría que ordenó el Congreso de Veracruz a grupo MAS en 2022. El acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) pedía al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) a la Secretaría de Salud de Veracruz (SSA) y a la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) realizar una revisión integral a la operación de grupo, revisar la infraestructura en operación, y ver la calidad del agua.
De los tres entes a los que se les pidió la intervención está pendiente el informe de la PMA, a cargo de Sergio Rodríguez Cortés, funcionario de Morena que ha sido acusado por cobro de moches para no clausurar instalaciones que contaminan.
“No hay influyentismo que yo sepa, ya lo habría señalado porque no tengo pelos en la lengua, Y voy a señalar a aquel servidor público que se esté prestando a intereses oscuros, queriendo proteger a Grupo MAS; por ahí hay un sospechoso al que le estoy siguiendo los pasos.
“Si es que se llega a dar, lo voy a denunciar, y el señor gobernador tendrá que ver al tipo que está recibiendo, supuestamente, un apoyo para no clausurar las plantas de tratamiento que están operando en el Puerto de Veracruz”, insiste en entrevista telefónica.
Cazarín pide la solicitud de Cabildo para revocar concesión
Por su parte el coordinador de la bancada de Morena, Juan Javier Gómez Cazarín, aseguró que su partido está interesado en cancelar la concesión; sin embargo, esa es responsabilidad de los Ayuntamientos.
“Nosotros no podemos cancelar una concesión otorgada por el Cabildo, tiene que venir una solicitud para que el Congreso pueda cancelar (la autorización del 2015). Yo como presidente de la Junta de Coordinación Política estoy dispuesto a votarlo en el pleno, que me presente la solicitud aprobada por el Cabildo y acá lo vamos a atender”.
Gómez Cazarín pidió al funcionario federal a que no sólo deje “ahí la bomba”, debe dar los nombres de los diputados aliados o “amigos” de Grupo MAS, pues su acusación es grave, “que diga si son los panistas, porque en Morena no está a favor de la concesión”.
Magdaleno Rosales responsabiliza a Cabildos
Por su parte, el diputado Magdaleno Rosales Torres, del distrito de Medellín, dijo en que la actual Legislatura local no hay aliados de Grupo MAS, hay un bloque de legisladores que está luchando en contra de los abusos, arbitrariedades e incumplimientos de la empresa.
"Fueron diputados y diputadas locales panistas y priistas a quienes, hace ocho años, no les importó el bienestar de la ciudadanía, pues votaron en función de sus intereses políticos y seguramente económicos. Nos heredaron uno de los peores y más abusivos operadores privados de sistemas de agua en México", responsabilizó.
El legislador comentó que el pueblo es víctima de las arbitrariedades y abusos de Grupo MAS, “empresa que cuenta con la complicidad de los cabildos de Veracruz y Medellín, así como de uno que otro legislador, pero esto acabará tarde que temprano a favor del pueblo", dijo en un comunicado.
PRI responsabiliza a Morena de solapar a grupo MAS
El priista, Marlon Ramírez Marín coincide con lo dicho por el delegado de Profeco, que lamentó que el servicio de agua de la zona Veracruz en Medellín es pésimo. Grupo MAS abusa y hace cobros excesivos, incluso, hay propiedades que no están habitadas, no hay consumo de agua, y tienen deudas millonarias con la concesionaria, dijo.
El legislador, que reside en el municipio de Veracruz, comenta que él presentó una iniciativa que busca regular el costo del servicio de agua potable en los municipios e inhibir que se acumulen deudas, donde no hay consumo del líquido; pero, debido a la parálisis legislativa, no se ha dictaminado.
En ese sentido, plantea, son los legisladores de Morena los que protegen a la empresa que se encarga de brindar el servicio en la zona Veracruz-Medellín, ante la negativa de regular el costo del servicio en los dos municipios y el resto del Estado.
“A mí me parece, que lo que es importante que quede claro, es que los diputados a los que se puede referir el titular de la Profeco me parece que son miembros del partido Morena, al que pertenece el propio procurador”.
PAN, también dice que Morena encubre a concesionarios
El coordinador de la fracción de Acción Nacional, Enrique Cambranis Torres plantea que lo dicho por el titular de la Profeco deja entrever que, quienes protegen a la empresa Grupo MAS, son diputados del partido mayoritario en el Congreso de Veracruz.
Comenta que si el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) ya dio los elementos para “quitar” la concesión, es necesario que se actúe conforme a derecho, “que se haga lo correcto. Y si hay un tema de protección, sólo que sean los de Morena, porque ellos tienen mayoría y el control del Congreso, entonces, entendería que ellos los están protegiendo”.
El legislador explica que el PAN está a favor de que se mejore el servicio de agua en la zona Veracruz y Medellín, que se cobren tarifas justas a los usuarios.
Cuestionado por el hecho que corresponde al Ayuntamiento de Veracruz y Medellín, gobernados por la panista Patricia Lobeira de Yunes y el abanderado de Morena-Verde, Marcos Isleño, considera que el tema no tiene que ver con los municipios, “no lo comentó así él”.
La historia de la concesión
El 6 de febrero de 2015, se publicó el Acuerdo por el que se autorizó a los Ayuntamientos de Medellín de Bravo y Veracruz, a realizar el procedimiento de licitación pública para la conformación de una empresa mixta de participación público-privada para concesionar el servicio de agua, que un año después tomó el control del agua.
En la Gaceta Oficial del Estado número 069, de fecha 18 de febrero de 2015, fue publicada la convocatoria 001/2015 relativa a la Convocatoria Pública Internacional LPI-SAS-DAF-001/15, para la selección de un socio inversionista-operador para formar parte en la conformación de una empresa mixta de participación público-privada.
Para el 9 de junio de 2015 el Órgano de Gobierno del SAS resolvió que la propuesta presentada por el consorcio integrado por Odebrecht Ambiental, S.A. e Interagbar de México, S.A. de C.V. resultó adjudicada, con la concesión de los servicios de agua y saneamiento de los Ayuntamientos de Medellín de Bravo y Veracruz.
Fue entonces que las firmas: Odebrecht Ambiental, S.A. e Interagbar de México, S.A. de C.V. constituyeron la empresa denominada Grupo Ambiental Proveracruz, que fue constituida el 10 de junio del 2015, un día después de que se aprobó la concesión.
El 09 de julio de 2015 el SAS, los Ayuntamientos de Medellín de Bravo y Veracruz y el Grupo Ambiental Proveracruz, S.A.P.I. de C.V., suscribieron el Contrato de Sociedad por el que se constituyó el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, S.A.P.I. de C.V.
El 10 de septiembre de 2015, el Congreso de Veracruz -La 63 Legislatura- autorizó a los Ayuntamientos de Medellín de Bravo y Veracruz, a otorgar la concesión del servicio de agua y saneamiento por un término de 30 años a la empresa mixta denominada Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento S.A.P.I. de C.V.
Fue hasta el 26 de diciembre del 2016, ya durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018) cuando se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el Título de Concesión que cobró vigencia.
De los integrantes de la 63 legislatura, que aprobaron por mayoría -en ese entonces del PRI- están en funciones el senador Julen Rementeria (PAN); el senador con licencia y alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued; la directora de la Policía Ministerial de la Fiscalía, Marcela Aguilera Landeta, ambos militaban en el tricolor y hoy coinciden con Morena.
Y el actual secretario general del Congreso de Veracruz, Domingo Bahena Corbalá que renunció a Acción Nacional en 2016, en rechazo a la candidatura a la gubernatura de Miguel Ángel Yunes, y se fue a Morena.
En 2015, Orfis observó irregularidades en la licitación internacional
En el análisis que hizo el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) en el año 2015, determinaron que la licitación no estaba respaldada con el Dictamen emitido por Tercero Especializado, no se demostró la viabilidad y rentabilidad de las empresas; dentro del otorgamiento de la concesión al consorcio establece una duración de veinte años y una prórroga automática de diez años, más.
El título de concesión no contenía la suscripción y se detectó la participación de una persona ajena al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, durante el procedimiento de Licitación Pública Internacional Número LPISAS-DAF-001/15.
Para el 2016, el ORFIS observó varias irregularidades ante la modificación del título de concesión. El tema que generó más polémica es que, aunque la empresa “renunciara” a seguir prestando el servicio tenía que ser indemnizado por los municipios.
“En caso de Renuncia de la Concesión, el Socio Inversionista Operador tendrá derecho a un Resarcimiento equivalente a: El valor de la inversión financiada realizada, y sus intereses a la fecha de la terminación, correspondientes al monto remanente del financiamiento de largo plazo y, de ser el caso, del financiamiento para el pago del Pasivo Laboral y Comercial, según demostraciones financieras de la Concesionaria, incrementando por la cantidad que resulte aplicable por las penalidades derivadas del contrato de financiamiento que haya celebrado la Concesionaria, en el entendido de que el importe del Resarcimiento a que se refiere este párrafo será para beneficio del pago de los financiamientos”, se publicó en la gaceta oficial el 26 de diciembre del 2016, cuando entró en vigencia el acuerdo.
Entre las observaciones del Orfis, se pidió investigar quién había hecho modificaciones al título de concesión, y se determinar responsabilidades y sanciones correspondientes.
Orfis aclara que corresponde a los municipios cancelar la concesión
Para septiembre del 2018, el entonces auditor del Órgano Superior de Fiscalización (Orfis), Antonio Portilla dijo que las nuevas administraciones, que habían entrado en funciones, podrían revisar si los anteriores alcaldes habían incurrido en alguna responsabilidad al no revocar el título de concesión a Grupo MAS.
Lo anterior, luego de que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), emitió una serie de recomendaciones, por el incumplimiento del contrato con las empresas.
Aclaró que era potestad de los Ayuntamientos el revisar el título de concesión y poder revertirlo, por lo que el tema ya no es competencia del Congreso, pese a que fue la Cámara la que validó la concesión del servicio público.
Nueva auditoría revela más irregularidades
En 2022, se ordenó una nueva auditoría, el 26 de junio de este año se presentaron los resultados y se informó que la Secretaría de Salud detectó que el agua, que suministran a los habitantes de Veracruz y Medellín, tenían coliformes fecales y coliformes totales, así también, se identificó la presencia de sustancias como cromo y aluminio en las aguas que supuestamente tratan y posteriormente desechan al mar.
También se detectó que las tarifas que se cobra a los usuarios no corresponden a la información de la página oficial, y la empresa, se declaró en “quiebra técnica”, además, de que incumplió con su obligación de invertir recursos para mejorar la red hidráulica en los dos municipios.
mb