¿En disputa el CNI?
Versiones que recorren al equipo de la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum aseguran que existe jaloneo sobre quién debe hacerse cargo de los servicios de inteligencia del país, al menos por lo que toca al ámbito civil -se conoce que las secretarías de la Defensa como la de Marina disponen de sus propios sistemas en la materia. Se trata del manejo del ahora denominado Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
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Con sus propios argumentos, la próxima secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, nos aseguran, ha pugnado porque esa entidad sea concentrada en lo que será su despacho, responsable de la política interna. Hasta ahora la definición a la vista es que su sucesor como secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, sea el que conserve bajo su control esa entidad, entre otras atribuciones que le serán añadidas al cargo en busca de una estrategia más eficaz en el combate a la inseguridad y al crimen organizado, desde el ámbito civil.
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Todo indica, sin embargo, que la sangre no llegará al río, y que Gobernación tendrá acceso a algunos niveles de los reportes que genere el CNI.
La demolición de los autónomos
La propuesta del presidente López Obrador para sepultar a diversos órganos con autonomía constitucional, en campos que velan el mejor interés ciudadano, avanzó ayer en San Lázaro como cámara de origen, con un prime dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Plantea desaparecer entidades como el INAI (acceso a la información pública), la Cofece (combate a monopolios), la Instituto Federal de Telecomunicaciones (regulación en el campo de las telecomunicaciones), y tres más ligadas a garantizar una cancha pareja para los inversionistas en energía.
Se pretende que sus actividades se subordinen a secretarías supuestamente afines. En el caso del INAI, por ejemplo, que hoy preside Adrián Alcalá, sería albergado en Función Pública, donde en realidad se tiende a colocar velos de opacidad sobre el manejo del erario (como ocurre hoy con Segalmex), justo la misión contraria a la transparencia. Cada caso resultará en un debate nacional, porque representarán una regresión de 30 años en el poder de la gente para vigilar a todo tipo de poder.
El sapo más difícil de tragar será el de Cofece, orientado a controlar monopolios y otras formas de abusos del poder económico, pero también del público. Una entidad independiente de esta naturaleza está prevista en virtualmente todos los tratados comerciales internacionales. Habrá que ver si los próximos secretarios de Economía, Marcelo Ebrard, y de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, tienen en el aplomo para alertar de ello al Congreso y a los presidentes saliente, López Obrador, y Sheinbaum, entrante.
Pemex: el indispensable Romero Oropeza
La más importante empresa paraestatal del país ha sido dirigida -un verbo generoso, hay que decirlo- por Octavio Romero Oropeza, paisano del presidente López Obrador y que de petróleo no sabía hasta hace pocos años más que su color. Don Octavio fue acusado durante este sexenio de dar contratos multi-multi multimillonarios (en dólares o euros) a amigos y cercanos a Palacio y a empresas creadas al vapor.
También se destacaba por llegar en sandalias, recién bañado, a reuniones de mediodía o vespertinas del Consejo de Administración en las que se debatía qué hacer con esta petrolera, una de las más ineficientes del mundo, o con los gigantescos adeudos a proveedores y al propio gobierno.
Nunca tuvo nada que ver con la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, tarea que le fue confiada exclusivamente a la entonces secretaria de Energía, Rocío Nahle. Pero el Presidente ha endurecido la pierna para convencer a su sucesora Claudia Sheinbaum de que lo ratifique en el cargo, lo que en los hechos puede hacer correr el riesgo de que el ajuste previsto del presupuesto 2025 sea inviable.
Nos dicen que ella se ha resistido, apoyada en el ratificado secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, hasta ahora con éxito.
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