En Chiapas ocurrió algo revelador. Durante varios días, un influencer consiguió que miles de personas discutieran si había cruzado o no una línea moral al dirigirse a adolescentes a los que llama "coyolitos tiernos". En tanto, más de 228 mil niñas, niños y adolescentes siguen trabajando, según el INEGI. Ambos hechos hablan de la infancia. Solo uno consiguió convertirse en tendencia.
No es una defensa de Alonso Paxtor. Si las investigaciones encuentran elementos para establecer alguna responsabilidad, corresponde a las autoridades determinarla. Para eso existen las instituciones y el debido proceso. El problema que merece nuestra atención es otro: ¿por qué una controversia protagonizada por una sola persona moviliza mucho más que una tragedia colectiva que lleva décadas frente a nosotros?
La polémica sobre el actuar de Paxtor escaló hasta que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas abrió, de oficio, un expediente de gestoría. Ese acuerdo no acredita la comisión de un delito ni anticipa una resolución. Significa que una institución consideró pertinente revisar los hechos. Esa diferencia suele desaparecer cuando la discusión se traslada a las redes sociales, donde el juicio casi siempre corre más rápido que la investigación.
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Pero el caso deja una pregunta todavía más incómoda. Mientras miles de personas debatían sobre un influencer, otra infancia permanecía prácticamente invisible. Es la de quienes abandonan la escuela para trabajar en el campo, cargan mercancías en los mercados, venden dulces bajo el sol, limpian parabrisas en los cruceros o pasan la noche en una banca, una terminal de autobuses o una banqueta. De muchos de esos niños ni siquiera existe un registro oficial que permita saber cuántos viven realmente en situación de calle. Lo que no se mide rara vez se convierte en prioridad pública.
Nos hemos acostumbrado a esa escena. El niño que ofrece chicles en un semáforo ya casi no despierta preguntas. La niña que carga a un hermano menor mientras pide unas monedas forma parte del paisaje urbano. Dejamos de mirar porque la repetición anestesia. Lo extraordinario nos sacude; lo cotidiano deja de conmovernos.
Ahí aparece la economía de la indignación. Las redes sociales no inventan nuestros enojos. Descubren cuáles generan más interacción y los multiplican. Un video polémico produce miles de comentarios. Un informe sobre trabajo infantil apenas circula. El algoritmo entiende de emociones, no de prioridades. Nosotros terminamos confundiendo lo viral con lo importante.
Sería un error atribuir toda la responsabilidad a la tecnología. Los algoritmos amplifican lo que consumimos. Somos nosotros quienes decidimos dedicar horas a una controversia y apenas unos minutos a hablar de una infancia atrapada por la pobreza, la explotación o la calle. La plataforma propone; la sociedad dispone.
Nada de esto significa que el caso de Alonso Paxtor deba minimizarse. Si existe una posible afectación a niñas, niños o adolescentes, la investigación debe realizarse con rigor y sin concesiones. La protección de la infancia exige instituciones eficaces, no linchamientos digitales. Criticar un contenido es legítimo; sustituir a las autoridades no lo es.
Quizá la mayor contradicción de nuestro tiempo sea esa. Nos indigna con rapidez aquello que aparece en la pantalla del teléfono, pero toleramos con demasiada facilidad aquello que encontramos todos los días al salir de casa. La explotación infantil dejó de sorprendernos. Los niños de la calle dejaron de escandalizarnos. Nos parece más urgente discutir un video que preguntarnos por qué un menor tiene que trabajar para comer.
Tal vez el problema no sea que internet haya fabricado una sociedad más cruel. Quizá solo puso frente al espejo una verdad incómoda: reaccionamos con mucha más facilidad ante el escándalo de una persona que frente al sufrimiento silencioso de miles de niñas y niños que siguen esperando algo más que nuestra fugaz indignación.